Editorial: No al regreso de la discriminación

Cada año el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) destina más de 3,000 millones de dólares en subsidios para los gobiernos locales y estatales, con el fin de eliminar la discriminación en la vivienda. La administración Obama estableció recientemente una nueva regulación para cumplir mejor con esta misión,  que hoy enfrenta la oposición de un puñado de senadores republicanos que la quieren eliminar.

Hace más de 40 años se promulgó la Ley para la Vivienda Asequible de 1968 que impuso a HUD el deber de reducir las barreras para acceder al techo propio y prohibiendo la discriminación por raza y sexo, entre otros. También le dio la labor de promover la vivienda accesible y la igualdad de oportunidades mediante subsidios atados a estas obligaciones.

El balance ha sido mixto. En 2010 la Oficina de Contraloría Gubernamental (GAO) señaló en un reporte la falta de claridad, estándares y transparencia para las comunidades de la información proveniente de HUD. Este es el origen de la nueva norma que establece un sistema integral compuesto por exigencia claras, la entrega de información federal -como de la Oficina del Censo- para ayudar en la toma decisiones locales y alentar la colaboración y la voz comunitaria.

La importancia de esta función de HUD, y de su necesidad, fue confirmada en un fallo de la Suprema Corte de Justicia del año pasado en contra de la segregación de minorías en barrios pobres y, por ejemplo, con malas escuelas, en vez de hacerlo en vecindarios llamados de “ altas oportunidades”. En este caso legal, a Dallas se le acusó de usar los créditos impositivos solo en áreas de minorías -y ninguna en áreas de residentes anglos.

Ahora en el Senado se quiere eliminar estas normas quitándole estos fondos HUD porque, según el senador republicano Mike Lee, es una intromisión regulatoria federal. En realidad ellos quieren que los gobiernos locales reciban los fondos sin ninguna condición. El problema que tanto en la década de los sesentas como hace un año en Dallas, la discriminación continúa en muchas localidades.

El fallo del Alto Tribunal confirma que la labor del gobierno federal sigue siendo necesaria en la protección de los derechos de las minorías. La enmienda de Lee en el Senado es un retroceso inaceptable a las épocas del racismo y la discriminación.