Indígenas de Guerrero llevan a las mineras ante la Suprema Corte
Los Me’ phaas llevaron a juicio a Hochschild (de capital inglés) y a la mexicana Zalamera (que hace exploración para compañías como la canadiense Gold Corp)
México – Cada vez que un habitante de la montaña de Guerrero quiere derribar un encino o un pino para reparar su casa o llevar un poco de leña a casa tiene que pedir permiso a una asamblea integrada por autoridades locales que eligen cada año y exigen a cambio trabajo comunitario.
“Aquí no se puede atacar contra la tierra nada más porque sí”, explica Agapito Cantú, dirigente en San Miguel del Progreso, una de una de las 270 comunidades indígenas ubicadas en poco más de 168,000 hectáreas que desde los años precortesianos protegen su naturaleza con tanto empeño como el que pusieron recientemente contra dos empresas mineras.
“Son los bosques que cuidaron nuestros antepasados y ahora nosotros tenemos la obligación de hacerlo”, observa Amelia Flores Cantú, integrante de la etnia Me’phaa.
Los Me’ phaas llevaron a juicio a las mineras Hochschild (de capital inglés) y a la mexicana Zalamera (que hace exploración para compañías como la canadiense Gold Corp) y después de que un juez les dio la razón en 2014, la Secretaría de Economía pidió un recurso de revisión.
Los comuneros, por su parte, interpusieron un amparo ante lo que consideraron una violación a sus garantías y pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso con una petición que podría poner fin a la eterna lucha de los pueblos indígenas contra los proyectos mineros: declarar inconstitucional la Ley Minera.
LARGA HISTORIA
Hace años que las compañías trasnacionales han puesto los ojos en México para extraer metales preciosos –principalmente oro- que se encuentran en zonas remotas donde los oriundos regularmente se oponen a ver destruidas sus tierras y amenazada su seguridad.
Tan solo en Guerrero, el gobierno ha otorgado 816 títulos de concesión para 1, 200,000 hectáreas (que representan una cuarta parte del territorio del estado) aunque por ahora sólo están en operación tres: Media Luna, Cocula y Campo Morado; el resto, todavía se encuentra en exploración o detenidas por opositores.
“Por ahora logramos que se desistieran de la concesión de los proyectos en San Miguel del Progreso–que llevaban por nombre Corazón de Tinieblas- pero no es una nulidad absoluta porque el gobierno decretó la libertad de lotes y en cualquier momento otra empresa puede adquirir la concesión”, dijo en conferencia de prensa Maribel González, abogada de Tlachinollan, centro de Derechos Humanos de la Montaña.
La solicitud de inconstitucionalidad de la Ley Minera ante la SCJN quiere evitar esos problemas futuros ya que busca eliminar los artículos que limitan a los pueblos pelear por su territorio.
“La minería trae consigo a la delincuencia organizada como lo vimos en Carrizalillo”, advierte Taurino Carrasco, coordinador de los comuneros.
El problema con las mineras en la montaña guerrerense no existiría si el gobierno mexicano hubiera respetado la decisión que tomaron en consulta los pueblos oriundos, dice Agapito Cantú.
No era cualquier consulta sino una asamblea a la que asistieron todos los representantes electos de los 17 municipios involucrados convocados uno a uno desde donde nace el río hasta San Miguel del Progreso (Jubá Wajiín, según la lengua local) y la mayoría dijo que no.
El “no” tiene una razón poderosa: ellos “son gente del campo” donde se da el maíz, frijol, calabaza, plátano, café durazno, manzana, tejocote, chayote, toronja, café, piña y caña. “Esa es la fuente de nuestro ingreso”. No es la minería.
