Aprueban cambios a la justicia criminal de Nueva York

Luego de 15 meses de análisis e intensas revisiones al sistema penal de la ciudad, promovidos por la presidenta del Concejo, Melissa Mark-Viverito, Nueva York le dio vía libre a la Reforma de Justicia Criminal.

Así lo dio a conocer la líder política, quien explicó que aquellas personas que incurran en delitos menores como orinar en público, portar envases de bebidas alcohólicas abiertos, votar basura y violar regulaciones de parques, ahora podrán tener un respiro a nivel penal, pero seguirán enfrentando multas civiles, dependiendo del juicio que tomen los agentes del orden.

“Lo que queremos es que no se penalice ni se afecte el récord criminal de manera permanente a quienes cometan una falta no violenta, y que esos casos mejor se breguen con multas en la corte civil”, aseguró Mark-Viverito, quien dejó claro que las faltas seguirán siendo consideradas faltas y que el cambio radica en que ahora la policía tendrá la discresión de decidir si en esos casos impone sanciones penales o civiles.

“La idea es que las cifras de sanciones penales disminuyan y que sean más proporcionales con las ofensas”, comentó la presidenta del Concejo, quien explicó que habrá un entrenamiento intensivo con la policía para que se ajuste a la nueva normativa.

Una vez la ley sea firmada, entrará en vigor en un promedio de tiempo de un año, en el que se espera trabajar con la policía para que asuma la nueva visión de la reforma. En el caso de las violaciones a las reglas de los parques, comenzará a implementarse 30 días después de ser sancionada.

La concejal Vanessa Gibson aplaudió la nueva legislación y dijo que impactará especialmente a las comunidades de bajos ingresos donde suelen generarse muchas sanciones penales por delitos menores.

“No estamos diciendo que ahora los delitos menores no sean delitos. Lo que ayer era ilegal, hoy es ilegal y mañana será ilegal, pero las sanciones civiles van más acorde”, agregó.

Angelo Pinto, administrador del proyecto de Justicia juvenil de la organización Correctional Association, aseguró que aunque la legislación tiene puntos positivos, se convertirá en una afrenta económica para quienes incurran en delitos menores, pues no da opciones diferentes al pago de multas.

“Esta normativa probablemente reducirá el número de personas que tendrán historial criminal permanente. El problema es que muchas personas no tendrán antecedentes penales, pero serán agobiados de manera financiera”, comentó el experto.

“El enfoque más eficaz sería la de dar a estos individuos alternativas no solo no de prisión, sino alternativas a las sanciones económicas. Esto podría venir en forma de proyectos de servicio comunitario local, que mejore las condiciones de las comunidades donde hay un volumen alto de delitos menores. La otra opción es la de darle a la gente advertencias y dejarlos ir”.

Pinto también aseguró que la normativa falló al no incluir como una obligación el que los agentes del orden cumplan con el Acta de Derecho a Saber, en la que se le debe informar bien a los detenidos las razones por las que están siendo requeridos.

“Con la historia de abuso y señalamiento hecha por la policía en la ciudad, es necesario que haya mecanismos que permitan cierto grado de responsabilidad por parte de la policía en el momento de la detención”,agregó Pinto. “Lo que no está siendo tratado adecuadamente es la necesidad de revisar la forma en que funciona el sistema de justicia penal de principio a fin con respecto a las labores policiales sobre las multas y el impacto en la comunidad. La ciudad está en extrema necesidad de una reforma sobre la actuación policial”.

El senador José Peralta comentó que la normativa aliviará el sistema penal que según el concejo el año pasado recibió más de 158,000 casos que bajo la nueva ley pasarían a las cortes civiles, dando un alivio.

“No es lógico encarcelar a gente simplemente por el hecho de beber una cerveza en un parque o arrojar una lata de soda a la calle”, dijo. “Este sistema no solo deja una huella, un antecedente criminal en las personas que cometen estos actos que pueden arruinarle la vida, sino que también tapona innecesariamente el sistema judicial”.

El alcalde Bill de Blasio recibió con beneplácito la legislación y aseguró que va por el mismo camino de su visión de la ciudad.

“La Ley de Reforma de la Justicia Penal jugará un papel crucial en la construcción de un sistema de justicia penal más equitativo para todos los neoyorquinos . Nos comprometimos a reducir las detenciones innecesarias mientras protegemos la calidad de vida de todos nuestros residentes, y esta legislación es un paso importante hacia este objetivo”.

Por su parte, a través de un comunicado, la NYPD dejó ver que reciben con buenos ojos la normativa y están comprometidos a trabajar conjuntamente con el Concejo y el alcalde en su implementación .

“La nueva legislación permite que la policía de Nueva York utilice toda la gama de herramientas para aplicar la ley que tenemos actualmente para hacer frente a estos delitos, al tiempo que nos proporciona la opción adicional para emitir una multas civiles en lugar de una citación criminal o arresto en circunstancias apropiadas. Esta legislación avanza en muchos de los pasos que la policía de Nueva York ha adoptado para implementar las actividades de la policía con precisión en todas las comunidades de la ciudad “.

El teniente Ángel Fermín, presidente de la Asociación de Policías Dominicanos, dijo que la ley también beneficiará a los uniformados, pues podrán enfocarse más en otros asuntos importantes para mantener el orden, y advirtió que la gente no debe creer que se trata de una manera para violar las normas de orden público.

“El mensaje no es que quienes cometan esas faltas no tienen de qué preocuparse, el mensaje es que tienen que preocuparse menos a nivel penal, pero seguirán enfrentando multas civiles”, agregó.

LOS DATOS

• El año pasado 158,054 personas se vieron envueltos en casos penales por delitos menores.
• Se estima que si se hubiese aplicado la nueva reforma, 135,445 hubieran ido a la corte civil.
• Se espera que con la nueva ley unas 10,000 personas anualmente no manchen su historial criminal por este tipo de delitos menores.
• La ley entrará en vigor un año después de ser firmada.
• Las ofensas de regulaciones a parques entrarán en vigor 30 días después.
• Con el cambio de ley las cortes civiles tendrán más casos, por lo que se necesita aumentar sus recursos.
• El entrenamiento de la policía sobre la nueva normativa y la creación de una base de datos costar unos 5,250 millones.