Joven activista de Chicago Ireri Unzueta presenta demanda contra USCIS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos le negó la renovación del programa DACA por "desobediencia civil" y por ser "una amenaza a la seguridad pública"
Joven activista de Chicago Ireri Unzueta presenta demanda contra USCIS
Ireri Unzueta Carrasco (centro) en una conferencia en Chicago anunciando su demanda en contra del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Foto: Marcela Cartagena / La Raza

Acompañada por docenas de simpatizantes, amigos, colegas, familiares y activistas, la joven Ireri Unzueta Carrasco se presentó este miércoles 25 de mayo frente a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago para anunciar una demanda a nivel federal en contra del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) por su reciente rechazo a renovarle el DACA.

Sin dar una explicación detallada, USCIS rechazó la renovación de DACA para Unzueta en agosto del año pasado. Luego, en marzo de este año, tras hacer una petición para una revisión del caso, USCIS dio su razón por la negación: Unzueta es “una amenaza a la seguridad pública”.

Unzueta, de 29 años de edad, ha sido arrestada cuatro veces en protestas por derechos migratorios por “desobediencia civil”: en 2010 en Washington DC, en 2011 en Chicago, en 2012 en Carolina del Norte y en 2013 en Chicago.

Su último arresto ocurrió durante una visita del presidente Barack Obama a Chicago, cuando la joven activista participó en una manifestación que bloqueó la Avenida Michigan.

Según Mony Ruiz Velasco, directora de PASO (West Suburban Action Project) y una de dos abogados de Unzueta, la joven no recibió cargos en ninguno de los cuatro casos.

“La explicación que ellos dieron de que ella es una amenaza a la seguridad pública es errónea. Bajo la ley hay una definición muy específica de lo que califica como amenaza pública, como por ejemplo actos de terrorismo o de violencia que causen daños a personas. Ella definitivamente no califica bajo esa definición, de ninguna forma”, dijo Ruiz, añadiendo que las acciones de Unzueta durante las protestas fueron hechas en forma pacífica.

Rodeada de simpatizantes con coloridas pancartas y fotografías de ella en funciones como activista, Unzueta declaró en la conferencia: “Estoy presentando esta demanda porque como yo hay cientos de estudiantes indocumentados que han participado en un acto de desobediencia civil para proteger sus comunidades y no quiero que sean el blanco por sus actos de expresión política”, dijo la joven, titulada de la Universidad de Illinois en Chicago y tutora de jardinería en dos escuelas primarias.

“En los ocho meses que se demoró USCIS en responder a mi petición de renovación perdí dos oportunidades de trabajo, y en los siete meses que demoraron en darme una razón por la negación perdí a mi abuela y mi abuelo en México”, dijo Unzueta. “Mi caso es un ejemplo en la lucha más amplia por los derechos de las personas para que puedan trabajar y vivir con dignidad y respecto sin importar su estatus migratorio”.

“Para mí participar en estos actos de desobediencia civil es un acto de supervivencia y un acto de amor”, añadió.

Tanto la abogada Ruiz como el abogado Charles Roth, director de litigación para el Centro Nacional de Justicia Migratoria, expresaron su desacuerdo con USCIS indicando que el trato que ha dado a Unzueta es “discriminatorio” y va en “contra los derechos de la libertad de expresión”.

Unzueta ha contado con el apoyo de 120 organizaciones por los derechos civiles y pro inmigrantes en el país y también de profesores de la Universidad de Illinois en Chicago, quienes han reunido firmas y enviado cartas al secretario del Departamento de Seguridad Nacional Jeh Johnson y al director de USCIS León Rodríguez.

Chris Boyer, presidente del Departamento de Historia de la Universidad de Illinois en Chicago, estuvo entre los simpatizantes que acompañaron a Unzueta a la conferencia.

“Estoy aquí porque Ireri fue una de mis estudiantes, y pude ver el tipo de dedicación que ella tiene no solo con sus proyectos políticos sino también como una buena estudiante. Ella es tal como queremos que nuestros estudiantes sean, atenta, energética y demandante hasta de los profesores. Ella es una de las estrellas de nuestra universidad y lo que le sucede ahora lo consideramos una tragedia”, dijo Boyer.

“Siento que esto es un intento de suprimir la libertad de expresión y una protesta pacífica, no puedo encontrar ninguna otra forma de interpretar la decisión de USCIS”, finalizó Boyer.

La Raza se contactó con la oficina de USCIS, que respondió que “no responde a casos individuales ni los que están en un proceso de litigación pendiente.”

USCIS tiene 60 días para responder a la demanda, la cual se cree que podría ser la única de este tipo en todo el país, según Ruiz.