Una promesa fuera de control

La crisis financiera de Puerto Rico ha iluminado lo peor de la relación colonial que domina la isla frente a una arrogancia federal que parece no tener fin.

Después de meses de espera el portavoz de la cámara, Paul Ryan, anunció un acuerdo caracterizado como necesario aun imperfecto por la Casa Blanca. En realidad el proyecto de ley titulado PROMESA es una imposición de control omnipotente en los asuntos del gobierno boricua.

Claro está que la necesidad de detener los pleitos y las demandas en las cortes para cobrar parte de la deuda de más de $70,000 millones de dólares es el único dulce en esta amarga prescripción.

La reestructuración de la forma de pagar la deuda es la clave en esta crisis. Puerto Rico no vino pidiendo limosnas. Lo que demandaba era un proceso ordenado para pagar lo que puede. Todos los intereses financieros de Wall Street iban mintiendo en el capitolio que lo que lo Puerto Rico quería era una otorgación enorme de fondos públicos. Eran mentiras para exigir más austeridad – algo que Puerto Rico hizo y sin éxito.

Pero al esperar tantos meses, sabiendo del conflicto de pagar acreedores o pagar necesidades básicas estaba en el tapete, ahora el Congreso dice esto es lo que hay. La administración nos dice que hoy más nada. Y todo el mundo tiene que aceptar el resulto desagradable.

Al contrario el Congreso tiene que seguir trabajando porque esta es una solución antidemocrática. Para permitir la reestructuración, los Republicanos demandan control por medio de una junta novedosa de siete miembros – y todos, menos uno, no tienen que vivir o trabajar en la isla.

La junta tiene el control exclusivo de aprobar presupuestos y otras leyes adoptadas por el gobierno puertorriqueño. No hay garantías de proteger las pensiones de los maestros o de la Policía de la isla. No hay protecciones para trabajadores. Al contrario, exigen cortes en el salario mínimo de trabajadores jóvenes.

Después de tantos años de recortes a los servicios básicos, de cerrar escuelas, de limitar hospitales, de no poder pagar sus cuentas, el Congreso exige más austeridad e implanta una junta de extranjeros para asegurarlo. Austeridad a estas alturas es contraproducente.

Y después de siglos de colonialismo siete personas seleccionadas por el Gobierno federal – y solo uno de ellos de la isla – tendrán el control de cada ley, regulación, presupuesto o esfuerzo identificado por el pueblo. Puerto Rico no tiene voto en el Congreso. Puerto Rico no vota para el presidente estadounidense. Y ahora no tendrá voto o voz en la nueva junta colonial.

Con esta maniobra la ley PROMESA deber de ser renombrada. Es sencillamente control. Control colonial.

-Juan Cartagena es el presidente de LatinoJustice.