Policías, los protagonistas del nuevo Sistema de Justicia en México

MÉXICO

Ninguno de los 300 chicos que se encuentran esta mañana en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría (IFP) General de Justicia de la Ciudad de México tiene estudios menores al bachillerato. Todos son estudiantes de una licenciatura en la primera universidad del país especializada en formación de policías investigadores.

Hace tiempo que la policía mexicana debió dar este paso, pero no había una ley que los obligara a exigir al personal estudios superiores a la preparatoria como lo decreta el nuevo Sistema de Justicia Penal que entró en vigor este 18 de junio .

“Mucha de la poca o nula confianza que los ciudadanos tienen actualmente en la policía parte de la baja escolaridad y todavía se pueden encontrar algunos con nivel de primaria”, reconoce Jesús Rodríguez Almeida, actual secretario de Seguridad Pública de Puebla y exsecretario en la capital para el estudio La Policía en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio que deja atrás a los juicios de papel para dar a los juicios orales un papel protagónico con apoyo de los policías.

En la mayoría de los estados del país, los investigadores de crímenes aún se las apañan con conocimientos medios que resuelven con cursos, talleres de capacitación y mucha maña para operar (la misma CDMX lo hizo así) pero no lo podrán hacer a largo plazo, cuando se les exija un nivel más alto de escolaridad.

Porque el reto que viene  no es un juego y así lo explica Albino Domínguez, maestro de la licenciatura del IFP, que prepara a las nuevas generaciones para nuevas obligaciones.

“En adelante la policía mexicana tendrán más y más atribuciones”, dice frente a uno de los grupos de estudio que se encuentra en una de las “casas tácticas” ubicadas dentro de un edificio de cinco pisos que hace las veces de internado y universidad.

En las casas tácticas simulan delitos con los que se enfrentarán los estudiantes a futuro. Justo ahora se trata de un homicidio sobre el que los alumnos se tienen que recopilar pruebas con un cuerpo inerte de plástico que representa a una víctima de asesinato.

A partir de a entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal (el 18 de junio) el policía está obligado a ser el “primer respondiente”. Esto quiere decir que será la primera autoridad en atender un delito y deberá preservar adecuadamente el lugar de la intervención, recopilar pruebas y evitar que los indicios se contaminen o que el lugar de los hechos se altere.

María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, describe este nuevo trabajo de la policía mexicana como “el primer eslabón del procedimiento penal para una justicia efectiva”.

De ahí la apuesta por una policía joven, preparada y con mayor presencia femenina: (en el IFP es del 50%). Abigail Velasco, alumna de segundo semestre de la licenciatura en Investigación Policial cree que su papel es fundamental par aun cambio.

“Yo tengo vocación: la investigación es lo mío”, afirma a este diario mientras coloca en bolsas de plástico las evidencias de simulación que un día serán reales y tanto éstas como la policía se volverán protagonistas.

NUEVAS FUNCIONES

En la vida real, la nueva función del policía al llegar a un lugar de los hechos será preservar adecuadamente el lugar para evitar que los indicios puedan ser alterados, sustraídos, contaminados y borrados. Tendrá que acordonar la zona si es un lugar abierto o clausurar si es uno cerrado, trazar rutas de acceso y salida y recabar los indicios que entregará al ministerio público.

Podrá hacer detenciones en flagrancia, en caso de una urgencia o por órdenes de la policía investigadora o el MP.

Al final, todo este trabajo será examinada por un juez de control en la primera etapa del sistema de justicia y, si el caso llega a un juicio oral, el agente será llamado como testigo para aportar datos necesarios sobre su intervención y recopilación de pruebas.

La capacitación de policías para este papel ha tenido hasta ahora un costo de alrededor de 25 millones de dólares, según reconoce en un estudio preliminar el Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal.

Los desafíos pendientes a partir de ahora son cuatro, observa Jesús Rodríguez Almeida en un informe para el consejo:

Evitar la excesiva rotación de cuerpos policiales que cada sexenio, cuatrienio; capacitar a los cuerpos para enfrentar delitos cada vez más complejos con el uso de tecnología como espionaje, infiltración, armamento y terrorismo; el desvío de recursos de seguridad para otros asuntos en los municipios y, desde luego, la corrupción.