Editorial: La persecución de los indocumentados
El Senado pondrá votación en estos días medidas que quitarían fondos federales a más de 200 ciudades santuarios de todo el país
04/18/16/ LOS ANGELES/Inmigrante Maria Amaya, con su hijo Albert Diaz, durante una conferencia frente al edificio Edward R. Roybal, donde líderes sindicales, inmigrantes y activistas pidieron a los jueces de la Corte Suprema desbloquear las acciones ejecutivas que prometen sacar parcialmente de las sombras a millones de indocumentados que han echado raíces en este país. (Foto Aurelia Ventura/ La Opinion) Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion
La historia de Luis Laguna de Staten Island, Nueva York, quien rescató a 20 personas en medio del huracán Sandy no es muy conocida. Lo mismo ocurre con Antonio Chacón de Albuquerque, Nuevo Mexico, quien arriesgó su vida para evitar el secuestro de un niño. Ningún político los subió al escenario en sus mítines como un ejemplo del valor de los indocumentados, aunque si se sube a los familiares de muertos, ya sean atropellados o asesinados por delincuentes sin papeles.
Sin embargo, el nombre y la imagen de Juan Francisco López- Sánchez es muy conocida. Hace un año este indocumentado convicto de siete delitos serios y con cinco deportaciones, supuestamente mató a Kate Steinle en San Francisco. El delincuente había sido puesto en libertad por el sheriff de esa ciudad en nombre de la no colaboración entre las autoridades locales y de inmigración, siguiendo una interpretación propia de lo que debe ser una ciudad santuario
La culpa de que López- Sánchez estuviera libre recae en una mala decisión del ex sheriff Ross Mirkarimi que fue sacado por los votantes, en parte por este caso. Diez meses más tarde la Junta de Supervisores confirmó la política de santuario con un nuevo sheriff que piensa muy distinto a Mirkarimi. El problema fue una interpretación de una norma y no la norma en si mismo.
Este caso fue tomado por senadores como Ted Cruz, que convirtió la persecución de indocumentados como pilar de su fracasada campaña presidencial. El Senado, aprovechando la oportunidad de explotar electoralmente el resentimiento a los indocumentados, pondrá votación en estos días medidas que van desde quitar fondos federales a más de 200 ciudades santuarios de todo el país, a imponer cinco años de prisión por el reingreso ilegal al país.
¿Cuántos padres y madres irán a prisión por regresar para estar con sus familias?
De nada sirve que las organizaciones policiales se opongan a estas medidas porque los indocumentados tendrán temor a ser deportados si denuncian un delito. En este caso los políticos dicen saber más que la policía en cuanto seguridad pública.
La mayoría de los indocumentados se parecen más a Laguna y Chacón que a López-Sánchez. Pero esta realidad no se adapta al odioso discurso político que crea confrontación satanizando a los inmigrantes. Para estos senadores las vidas salvadas no tienen ninguna importancia, porque no tienen cabida en su narrativa.
