Departamento de Justicia dejará de usar cárceles privadas

El anuncio de hoy valida los argumentos de grupos que durante años han dicho que las prisiones privadas tienen peores condiciones y resultados que las públicas. Pero, por el momento, la decisión no beneficia a migrantes detenidos bajo contratos del Departamento de Seguridad Nacional, más del 60% de los migrantes detenidos.

Departamento de Justicia dejará de usar cárceles privadas
El Departamento de Justicia dejará de usar cárceles privadas, pero aún no hay información sobre si el Departamento de Seguridad Nacional, que detiene a inmigrantes, hará lo mismo.
Foto: EFE

Grupos activistas que por años han señalado que las cárceles privadas son más caras, menos seguras y tienden a apoyar el crecimiento de la población carcelaria reaccionaron positivamente al anuncio de que el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense dejará de usar estas compañías y comenzará a cancelar contratos.

La decisión gubernamental trascendió este jueves por medio de un memorando de la subprocuradora de justicia federal Sally Yates dirigido al Departamento Federal de Prisiones.

No obstante, esto no aplicaría aún a las prisiones privadas que encarcelan a indocumentados, a menos que el Departamento de Seguridad Nacional tome una decisión similar a la del DOJ.

Aquí está el memorando en su totalidad.

En el documento oficial, Yates señala que tras una década en la que el gobierno federal contrató con compañías privadas por el rápido crecimiento de la población carcelaria, se ha comprobado que las cárceles privadas “se comparan muy mal con las públicas”.

“Las prisiones privadas no proveen el mismo servicio, programas o recursos, no ahorran costos y como lo reportó recientemente el Inspector General, no mantienen el mismo nivel de seguridad que las públicas”, apuntó la subprocuradora en el documento.

Agregó que los servicios de rehabilitación que el Buró de Prisiones tiene, tales como programas educativos y entrenamiento laboral “no han podido replicarse al contratar” con prisiones privadas.

Un estudio reciente –entre muchos otros que han sido críticos de las prisiones privadas en los últimos años- reveló que los niveles de reincidencia criminal son mayores en los prisioneros que sirven sus condenas en cárceles privadas.

La organización Detention Watch Network, que por años ha argumentado en contra de las cárceles privadas, dijo que “ya era hora” que el Departamento de Justicia “pusiera fin a su relación tóxica con la industria de prisiones privadas”.

Parte de la razón por la cual estas prisiones tienen peores resultados que las públicas, argumenta Silky Shah, co director de DTN, es porque “ven las vidas de las personas como parte de sus ganancias”.

Por su parte, el senador de Vermont y ex precandidato presidencial Bernie Sanders, quien desde el principio de su campaña abogó contra el encarcelamiento masivo y las prisiones privadas, dijo en un comunicado que este era “un paso en la dirección correcta”.

“Es una vergüenza mundial que Estados Unidos tenga a más personas tras las rejas que ningún otro país del mundo, y esto se debe en gran medida a las prisiones privadas ya que han ganado muchísimo dinero con ello”, dijo Sanders. “Debemos terminar con este fraude y asegurarnos que hay rehabilitación, trabajos y educación”.

Por años, muchos estudios han revelado que estas compañías hacen lo posible para mantener sus prisiones llenas y dificultar la rehabilitación de los prisioneros en diversas formas, todas destinadas a maximizar sus ganancias.

Y lo han logrado. Aprovechando las leyes cada vez más punitivas que comenzaron en los años 80 y las recesiones de los 90s y 2008, las compañías Correction Corporations of America CCA y GEO Group aprovecharon un mercado cada vez más grande para incrementar sus ganancias.

Tan sólo el año pasado, ambas empresas ganaron 361 millones de dólares.

Cuando el número de prisioneros comenzó a bajar hace unos años, debido a mejores prácticas policiales y cambios en las leyes, estas empresas cabildearon con fuerza para atraer el negocio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y encarcelar a inmigrantes.

Aunque sólo un 15% de los presos penales del Buró de Prisiones están en centros privados, más del 50% de los migrantes detenidos están en centros privados, incluyendo mujeres y niños, desde bebés a adolescentes, que piden refugio en este país.

Los migrantes están bajo la jurisdicción del DHS, por lo que la decisión del DOJ no los afecta directamente. La Opinión preguntó al DHS si tomaría una decisión similar al DOJ pero hasta ahora no hemos recibido respuesta.

Ante la noticia, las dos empresas que se negocian públicamente en la bolsa de valores, perdieron casi la mitad de su valor.