La dura batalla para destituir a un gobernador en México

La chef Elvira Santillán Guerra y su marido tomaron camino rumbo al trabajo en Cuernavaca, la capital del estado de Morelos, donde tenían una escuela de gastronomía cuando que el pasado 11 de julio la interceptaron dos sujetos en motocicleta para asesinarlos.

Dos policías murieron en condiciones similares en el municipio aledaño de Zacatepec por esos días y tres semanas antes aparecieron tres cuerpos desmembrados para recordar el horror de más de un centenar de cadáveres anónimos que en mayo se localizaron en los municipios de Tetelcingo y Zacatepec.

Ninguno de los casos es ajeno a la realidad de violencia que vive el país y hasta pasarían desapercibidos de no ser porque la inseguridad y la violación de derechos humanos en el estado de Morelos es causa suficiente para que un centenar de organizaciones sociales exija la destitución del gobernador Graco Ramírez.

“Fuera Graco”, gritaron en una multitudinaria marcha que sumó alrededor de 30,000 personas en Cuernavaca el pasado 16 de agosto y luego se desbordó en una caravana a la capital mexicana encabezada por el activista Javier Sicilia, cuyo hijo murió asfixiado por criminales  que operan localmente.

La Procuraduría General de la República tiene ubicados a tres grandes cárteles en el Estado de Morelos: La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y los hermanos Beltrán Leyva fraccionada en células.

“El hallazgo de las fosas clandestinas y el ocultamiento de los cuerpos por parte de la policía estatal son una muestra de que el gobierno de Morelos colabora con el crimen organizado”, acusó Sicilia durante la marcha multitudinaria contra el gobernador.

Graco Ramírez, de 67 años, llegó al poder en 2006 como una opción de gobierno de izquierda, con la promesa bajo el brazo de combatir al crimen organizado y con un discurso democrático de someterse a revocación de mandato cada dos años, una figura que contemplaba la constitución de Morelos.

Cuatro años después, las muertes con armas de fuego de alto calibre están a la orden de una por día (449 asesinatos en 2015), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que hay otro nuevo Cártel (Los Laredo) y el congreso local elimminó de su Carta Magna la figura de revocación de mandato.

“Graco quiere impedir que sometamos a consulta si se va o se queda pero no lo vamos a permitir ya metimos un recurso de inconstitucionalidad y mientras tanto vamos a convocar a un plebiscito (votación popular para que haya revocación de mandato) porque esto no puede terminar así”, dice Aledandro Vera, rector de la Universidad Autónoma de Morelos.

Los universitarios le dieron la espalda a Ramírez desde la muerte violenta en 2014 de dos profesores de la universidad, de 71 y 75, años muy queridos por la comunidad. Los estudiantes salieron a marchar y exigieron resultados al convulsionado gobierno.

Tras la aparición de las fosas clandestinas en Tetelcingo  y Jojutla, las  inconformidades se radicalizaron, las organizaciones sociales tomaron el centro de Cuernavaca y no los quitaron de ahí sino hasta hace dos días a punta de antimotines.

Analistas políticos como Khemvirg Puente de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirman que la destitución de un gobernador en México es “prácticamente imposible”.

Hasta ahora debe pasar por un juicio político en el que se comprueba que hay violaciones graves, usurpación de funciones o ataques a la libertad. “Estos requisitos  no son necesariamente negativos porque se busca dar estabilidad a un régimen y evitar que los gobernantes sean rehenes de sus adversarios políticos”.

Por otro lado, la figura de revocación de mandato aún está en el aire en Morelos hasta que se organice el plebiscito.

Mientras tanto Ramírez acusó a la Iglesia Católica de una “campaña de desprestigio” por sus políticas progresistas a favor del matrimonio gay y otras medidas y a dos años de acabar su mandato adelantó que buscará ser presidente de México.