Corte Suprema considerará libertad bajo fianza de detenidos por inmigración

Un abogado del sur de California argumentará la semana que viene ante la Corte Suprema de la nación que los migrantes detenidos tienen al menos los mismos derechos a una audiencia de fianzas que un delincuente convicto, mientras que la administración del presidente Barack Obama sigue peleando por detención indefinida en casos de deportación pendientes. 

Ahilan Arulanantham, sub-director legal de la Union de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California, viajará a Washington después de las fiestas de Acción de Gracias para presentar su argumento legal ante los magistrados del tribunal supremo en Washington en el caso  Jennings vs Rodriguez.

El año pasado, el tribunal de apelaciones del Noveno Circuito -que está en el oeste del país- dictaminó que si el gobierno quiere prolongar la detención civil de un inmigrante por más de seis meses, debe permitir al detenido una audiencia judicial para determinar si califica o no para salir bajo fianza.

Michael Tan, abogado con el Proyecto de Derechos de los Inmigrante de ACLU, dijo que el caso es importante “porque decidirá el destino de miles de personas que hoy en día se pudren en la carcel durante meses o años, mientras pelean por su caso migratorio”.

La demanda “representa a miles de detenidos por las autoridades de inmigración, incluyendo a muchos residentes legales con delitos menores en su haber,  a solicitantes de asilo que superaron la primera prueba para pelear sus casos y a muchos otros que no son un peligro para la comunidad ni presentan riesgo de fuga”, señalan los documentos del caso presentados ante el tribunal.

El gobierno de Estados Unidos, por su parte, interpreta que las leyes existentes requieren la detención mandatoria de diversos grupos de migrantes en proceso de deportación y que no ordenan la celebración de audiencias judiciales para fianza, tal y como ocurre con muchos delincuentes regulares en el sistema penal o criminal.

“Esta es una verdadera anomalía que tiene el sistema migratorio en nuestro país”, agrega Tan. “En casos civiles de inmigración, el sistema está hecho para que los detenidos no tengan opciones de ser liberados bajo fianza, cosa que no ocurre en el sistema penal”.

Agregó el letrado que lo que argumenta este caso, y que el Tribunal de Apelaciones confirmó el pasado año, es que hay un argumento constitucional a favor de estos detenidos.  “Si vas a quitarle la libertad a una persona por un tiempo prolongado, entonces tiene que haber una audiencia para considerar el asunto”, apunta.

“No estamos diciendo que liberen a todos y menos a las personas peligrosas.”, dijo Tan. “Solo que haya un debido proceso, que la constitución garantiza a todos, ciudadanos y no ciudadanos”.

El caso lleva el nombre de Alejandro Rodríguez, un residente permanente que llegó al país siendo un niño y que trabajaba como asistente en una oficina dental cuando las autoridades lo detuvieron para deportarlo. Rodríguez había sido convicto de posesión de drogas y “joyriding” (uso de un vehículo robado).

Pero Rodríguez se defendió legalmente, y estuvo detenido durante más de tres años mientras lo hacía. Fue liberado y siguió peleando su deportación durante cuatro años más hasta que finalmente ganó su caso y retuvo su residencia.

“El gobierno considera que Rodríguez debió estar detenido durante todo el tiempo que duró su pelea legal, siete años“, argumenta el caso. “Pero su situación no es única, muchas personas como el siguen detenidos mientras luchan por su deportación, como es el caso de otro residente legal que llegó también cuando era niño y que estuvo preso durante 15 meses en un centro de detención de inmigración, luego de cumplir una condena penal de 8 días en la cárcel por el delito”.

Hay dos tipos de casos afectados por esta demanda: residentes legales con largos años en el país que se vuelven deportables tras comentar cierto tipo de delitos -que según la ley migratoria puede ir de los más graves a algunos que son relativamente poco severos como “hurto” y “posesión de marihuana”.

El segundo grupo incluye a solicitantes de asilo que aprueban sus entrevistas de “miedo creíble” y es la razón por la cual muchas mujeres con niños pequeños provenientes de centroamérica pasan largos meses y años detenidas mientras el gobierno considera sus solicitudes.

El gobierno de Barack Obama apeló el caso a la Corte Suprema luego de perderlo en el Noveno Circuito, con el argumento de que la ley ordena la detención mandatoria de estos tipos de migrantes deportables.

La audiencia ante la Corte Suprema es el próximo miércoles 30 a las diez de la mañana en Washington D.C. La decisión podría tomar meses, dijo Tan y también es posible que la Corte Suprema considere aguantar algunos casos como este mientras se confirma o nombra a un nuevo juez del tribunal, que ahora cuenta sólo con ocho jueces en vez de los nueve usuales.