La justicia de equidad

La justicia de equidad
El riesgo de tener una defensa pública con graves déficits financieros no solo afecta a los acusados. Por cada condena errónea o acusado inocente que firma un acuerdo declaratorio, un culpable permanece libre./ARCHIVO

Más de medio siglo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara en el caso de Gideon vs. Wainwright  que los estados tenían que proveer representación legal a los acusados que no pudieran permitírsela, algunos estados todavía no cumplen con el espíritu de este caso histórico, y Nueva York no es ninguna excepción. Los distritos han demostrado que carecen de la capacidad fiscal y, a veces, el deseo de financiar una defensa pública adecuada.

Por lo tanto, los defensores públicos de Nueva York abarcan demasiado, con el peso de un gran número de casos, sin poder dedicarle el tiempo necesario para preparar una defensa eficaz. Las primeras comparecencias se ven comprometidas y no se realiza la investigación necesaria. Esto equivale a: la incapacidad de desafiar la excesiva y descarada mala conducta de actores estatales como la policía, los fiscales y las agencias de servicios sociales; la incapacidad de descubrir las deficiencias de las pruebas forenses, y la incapacidad de contextualizar y explicar comportamientos que parecen sospechosos a jurados desinformados.

No es sorprendente que de 90 a 95% de todos los casos judiciales estadounidenses se resuelvan con un acuerdo declaratorio en lugar de ir a juicio.

Nueva York puede empezar a abordar este asunto corrigiendo un error que cometió hace 50 años al delegar la responsabilidad de los defensores públicos a los condados y a la municipalidad. En junio, el cuerpo legislativo aprobó una ley que espero que el gobernador Cuomo firme: la Public Defense Reform Act [la Ley de Reformas en la Defensa Pública] (A. 10706/S. 8114). Esta ley requiere que el estado reembolse a cada uno de los distritos el costo de proveer una representación legal obligatoria, con un periodo de introducción gradual de siete años.

También es importante reconocer que esto es un asunto de inmigración. Pasar un día en los tribunales para los clientes inmigrantes puede resultar en toda una vida de dificultades por culpa de una defensa pública deficiente. Además de que la falta de fondos para una defensa pública afecta especialmente a las minorías, que están desproporcionadamente representados entre las clases pobres, los clientes inmigrantes se arriesgan a graves consecuencias, incluida la deportación. Las familias son destrozadas y se siembra en las comunidades la desconfianza en el sistema jurídico.

A pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos ha reconocido que los abogados deben informar a sus clientes sobre el riesgo de ser deportados, sin un conocimiento profundo sobre las leyes de inmigración en relación a los casos de los clientes que reciben sus servicios de defensa pública, estos abogados no pueden proporcionar consejos sensatos ni ayudar a crear resoluciones que tengan en cuenta las consecuencias migratorias. En una era de actitudes de rechazo hacia los inmigrantes, los servicios de defensa pública equipados para desafiar estos prejuicios y discriminación implícitos podrían ser todo lo que se interponga entre sus clientes y las alegaciones falsas contra ellos basadas en su nacionalidad.

Los jóvenes que van a los tribunales por hacer simplemente lo que muchos jóvenes hacen (las ciencias y la experiencia nos dicen que los cerebros jóvenes no se han desarrollado plenamente en las áreas que controlan el juicio y los impulsos) necesitan de abogados que utilicen esa información para defenderlos. De otra forma, los adolescentes traídos a los Estados Unidos cuando eran bebés, sin conocer otra patria, podrían ser deportados innecesariamente porque su defensor público no abogó por ellos eficazmente.

El riesgo de tener una defensa pública con graves déficits financieros no solo afecta a los acusados. Las víctimas también corren peligro. Por cada condena errónea o acusado inocente que firma un acuerdo declaratorio, un culpable permanece libre.

Las víctimas de violencia doméstica posiblemente no busquen ayuda por miedo a que el defensor público, en lugar de crear un plan para reunir de forma segura a la familia, use una táctica fallida, como culpar a la víctima y separar permanentemente de sus vidas a un ser querido.

Hasta que financiemos adecuadamente la defensoría pública, la representación legal proporcionada por Nueva York a los que viven en la pobreza solo será una formalidad. Exhorto al gobernador Cuomo a que apruebe el proyecto de Ley A. 10706/S. 8114.

-Luis Sepúlveda es asambleísta del estado de Nueva York.