Activistas indican que Obama se irá con mancha por deportaciones

WASHINGTON.- Pese a sus buenas intenciones, el presidente Barack Obama dejará la Casa Blanca con la tarea inconclusa de una reforma migratoria integral, un número récord de deportaciones, 750,000 “Dreamers” en zozobra,  y alivios migratorios en la mira de la entrante Administración Trump.

Su promesa electoral en 2008 de presentar al Congreso una reforma migratoria en los primeros 100 días de su gobierno generó expectativas en la comunidad hispana, que contribuyó a su triunfo en las urnas.

A siete semanas de entregar la presidencia al republicano Donald Trump, Obama no cumplió la promesa, por múltiples razones pero, como paño tibio, emitió el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 y los alivios migratorios de 2014, que siguen trabados en las cortes.

Obama ha dicho que su mayor frustración ha sido no lograr la escurridiza reforma, y ha reiterado la urgencia de que el Congreso apruebe una solución permanente.

“Quedará como el que prometió y no cumplió, que deportó a más gente que ningún presidente… cuando tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso, sí la economía estaba mala y había que pelear por la reforma de salud, pero no usó su poder para la urgente reforma migratoria“, resumió Angélica Salas, directora de la agrupación angelina, CHIRLA, de visita en Washington.

“Ahora que Trump está llenando su gabinete con gente anti-inmigrante, nuestra única opción es movilizarnos, salir a las calles, hacer paros económicos, y frenar medidas que perjudiquen a nuestra comunidad”, subrayó.

Desencanto entre los inmigrantes

Su legado en el campo migratorio será “mixto”: el hombre que se ganó el mote de “deportador en jefe”, expulsó a más de 2,5 millones de inmigrantes indocumentados desde 2009.

En el año fiscal 2015, año del que se tienen las cifras más recientes, tan solo la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), deportó a 235,413 inmigrantes clandestinos, tanto en la frontera como al interior del país.

Aunque la mayoría fueron inmigrantes con antecedentes criminales o que presuntamente eran un peligro para la seguridad pública o nacional,  eso es magro consuelo para la población indocumentada, que vive y trabaja en la sombra, y con el eterno riesgo de la deportación.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), destacó el “obstruccionismo” en el Congreso y las deportaciones, y que ahora el reto de grupos como el suyo es usar “toda estrategia posible para mejorar las vidas de los inmigrantes” y luchar en todos los niveles del gobierno.

“Queda en manos de la nueva Administración si revertirá los logros sociales y económicos de DACA y perjudicar a millones de familias… seguiremos defendiendo los derechos de todos bajo la Constitución, a través de litigios”, y luchando por “la inclusión y las oportunidades”, explicó.

Parches temporales

Tras presiones del movimiento de los “Dreamers”, Obama implementó en agosto de 2012 el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, que ha dado cobijo a poco más de 750,000 jóvenes indocumentados.

Ante la negativa del Congreso de siquiera debatir una reforma –sepultó la que aprobó el Senado en 2013-, Obama emitió en noviembre de 2014 nuevas prioridades para las deportaciones, además de sendos alivios migratorios para hasta cinco millones de indocumentados.

Sin embargo, tanto la extensión del “DACA”, conocido como “DACA+”, como uno similar para adultos con hijos ciudadanos o residentes legales, DAPA, se encuentran atorados en los tribunales a raíz de una demanda de 26 estados liderada por Texas. El Tribunal Supremo, en un empate técnico de 4-4, devolvió los alivios migratorios a las cortes de menor instancia.

Cecilia Muñoz evalúa legado

Cecilia Muñoz, la principal asesora de Obama para asuntos de política interna no estuvo disponible para una entrevista, pero la semana pasada, durante un “podcast” con el Centro de Estudios Migratorios (CMS) en Nueva York, sugirió que los activistas no debieron abandonar la presión sobre el Congreso.

Aunque había una “ventana” para que el Congreso actuara sobre la reforma migratoria, los activistas se volcaron “a esta noción de que el presidente debía lo que pudiera ahora mismo porque necesitábamos proteger a la gente ahora”, explicó Muñoz.

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“Desafortunadamente, estamos en una situación en la que la gente quitó la presión del Congreso, el Congreso no hizo su labor. Nadie puede contestar la pregunta de si hubiésemos llegado (a la meta) si hubiéramos mantenido la presión en la Cámara de Representantes”, argumentó Muñoz, exactivista del Concejo Nacional de La Raza (NCLR).

Pero, al unísono, la mayoría de los grupos pro-inmigrantes replican que su estrategia se movió por varios carriles, incluyendo protestas y peticiones ante el Congreso.

Florecen cárceles privadas

Las autoridades han visto un aumento en la inmigración ilegal desde Centroamérica y, con la idea de evitar una crisis humanitaria como la de 2014, no cesan los arrestos y deportaciones.

Al no dar abasto en sus propios centros de detención, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha recurrido cada vez más al uso de cárceles privadas, concentradas en manos de las empresas Corrections Corporation of America y GEO, que se embolsan unos $3,300 millones al año, según el Instituto de Política para la Justicia (JPI).

La semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, recibió un borrador de sus asesores en seguridad nacional recomendando que ICE mantenga el uso de las cárceles privadas, aunque 17 miembros del subcomité que preparó el documento dejaron de manifiesto sus reservas sobre la práctica.

“Hoja de ruta” para 2017

Reunidos en un hotel en Washington, activistas del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM, por su sigla en inglés), analizaron hoy su “hoja de ruta” con las próximas acciones para “resistir, organizar, y empoderar” a la comunidad inmigrante y defenderla de posibles atropellos.

“Hubo muchas oportunidades perdidas. El DACA fue un rayo de luz, (Obama) modificó las prioridades de deportación, algo que debió hacer desde el principio“, dijo Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland.

En medio de la incertidumbre, los activistas celebran que la opinión pública está de su lado y prefiere una reforma migratoria.