Gobierno ha revocado visas de hasta 100,000 personas que intentaban entrar legalmente al país

Una semana después de que el gobierno de Estados Unidos instituyera una suspensión temporal de los programas de refugiados y la prohibición de entrada al país de personas de siete países de mayoría musulmana,  continúa el caos en los aeropuertos, la incertidumbre de millones de personas sobre su estatus y la confusión sobre cuántas visas han sido o no suspendidas.

Dos reportes diferentes provenientes de fuentes gubernamentales revelan que el gobierno de este país ha cancelado las visas de entre 60,000 a 100,000 personas desde que la orden ejecutiva del presidente comenzó a implementarse.

Supuestamente todas las visas suspendidas son de personas de los siete países afectados, pero la falta de transparencia del proceso hace difícil verificar esto, dijeron abogados.  Los siete países son Iraq, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudan and Yemen. 

Una cifra provino de fuentes del departamento de estado y la otra de las declaraciones de un fiscal del gobierno en un caso que se debate en tribunales sobre dos hermanos de Yemen a los que se revocó su visa de inmigrante al llegar a Dulles Airport.

Los abogados de diversas organizaciones de interés público y derechos civiles dicen que a pesar de sus esfuerzos en obtener más información sobre las personas a las que se ha impedido entrar al país y revocado sus visas, no han podido lograrlo. Además,  el gobierno “da señales de estar violentando las órdenes judiciales” que se han emitido.

Por ejemplo, una de estas órdenes mandaba al gobierno a publicar una lista de las personas que están detenidas o que han sido afectadas por la prohibición al tratar de entrar al país.  Uno de los abogados del caso presentado por varios grupos pro inmigrantes contra la prohibición, Nicholas Espíritu, del National Immigration Law Center, indicó que de nuevo esta semana en una audiencia ante el juez, no se presentó tal lista.

“Es imposible saber lo que está pasando en esos aeropuertos, detrás de esas puertas de seguridad en las llegadas de vuelos”, dijo Espíritu. “Esto dificulta mucho analizar la situación y saber si realmente los agentes de CBP están cumpliendo con la ley”.

Según varios abogados declararon esta semana en LAX, la agencia fronteriza CBP no da a los abogados acceso a los detenidos alegando que como no han sido aceptados en el país, no tienen derechos, incluso el derecho a un abogado.

Tania Inlander, de la organización de abogados pro-bono Public Counsel, dijo que desde la pasada semana cuando comenzaron los reportes de personas detenidas al querer entrar al país con sus visas, diversos abogados trataron de obtener acceso y se les negó repetidamente.

“A mí personalmente me dijeron que tenía que “aprender la nueva ley” y que estas personas “no tenían derecho a representación”, dijo Inlander.

En todo caso, está claro que el gobierno sigue aplicando la prohibición de entrada a personas de estos siete países y aunque inicialmente también se incluyó a personas con tarjetas de residencia de esos siete lugares, esto supuestamente se corrigió y se les está permitiendo pasar, pero son sujetos a profundos interrogatorios.

En cuanto a personas que ya tenían una visa de refugiado para venir al país y que no son de esos siete países, al parecer el gobierno está permitiendo su entrada pero “caso por caso”, dijo Melanie Nezer, vice presidenta de HIAS, una organización no lucrativa que se dedica al reasentamiento de refugiados.

Muchos de los refugiados admitidos a estados unidos cada año son de países como Afganistán, Bután, Eritrea y Congo, y según indicó Nezer, las organizaciones deben coordinar con las agencias estadounidenses antes de los viajes para garantizar que estas personas no serán rechazadas.

El programa de refugiados de Estados Unidos ha sido suspendido en general, supuestamente por 120 días, y también se redujo la cuota total para el año que había sido aprobada por la administración Obama (100,000) a la mitad (50,000).

Las autoridades migratorias ha permitido el regreso al país con “excepciones” legales a algunos extranjeros de esos países cuyas visas de residencia ya habían sido aprobadas, especialmente cuando un juez ha ordenado específicamente el retorno de dicho viajero, como fue el caso del iraní Ali Vayeghan, quien aterrizó ayer en el Aeropuerto de Los Angeles.

Vayeghan tenía 12 años esperando su green card, patrocinado por su hijo quien es ciudadano estaounidense y aquí ya viven su esposa, hermano y otros familiares.

No obstante Hector Villagrán de la Unión de Libertades Civiles Americanas ACLU en Los Angeles, alertó que aún había miles de personas en situaciones similares que estaban en el limbo, sin saber lo que ocurrirá con ellos. 

Jamal Abdi, director de política del National Iranian American Council Action (NIAC), dijo que los más afectados de estos siete países son personas de Irán, ya que son al menos la mitad de las visas que otorga cada año Estados Unidos a personas de esas nacionalidades.