Hijo de Muhammad Ali condena ante el Congreso veda a inmigrantes musulmanes

WASHINGTON.- Muhammad Ali Jr., hijo del fallecido legendario boxeador del mismo nombre, denunció este jueves ante el Congreso la veda de la Administración Trump a los inmigrantes de países mayoritariamente musulmanes, al describir su “humillante experiencia” el mes pasado en un aeropuerto de Florida.

Ali, de 44 años, y su madre, Khalilah Camacho-Ali, fueron detenidos e interrogados el pasado 7 de febrero en el aeropuerto internacional de Ft.Lauderdale (Florida), cuando regresaban de unas vacaciones en Jamaica. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) les preguntaron a qué religión pertenecían y los detuvieron por casi dos horas cuando contestaron que eran musulmanes.

Durante un foro organizado por los legisladores demócratas, Zoe Lofgren, de California, y John Conyers, de Michigan, ambos insistieron en que, le llame como le llame la Administración Trump, la nueva orden ejecutiva que suspende por 90 días la entrada de inmigrantes de seis países de mayoría musulmana -Siria, Irán, Libya, Somalia, Yemen y Sudán-  y por 120 días la de todo refugiado, sigue siendo una veda y una prácticamente discriminatoria.

La nueva medida entrará en vigor el próximo 16 de marzo para evitar caos e interrupciones en los aeropuertos, como ocurrió con la primera orden ejecutiva, según explicó la Casa Blanca recientemente.

Ali, un ciudadano estadounidense, describió el interrogatorio como una experiencia humillante y un abuso a sus derechos humanos mientras que, a su derecha, su madre, dijo a los legisladores que jamás se había sentido “tan incómoda en mi propio país”.

Ambos pidieron la aprobación de una medida de Conyers presentada en la pasada sesión legislativa para prohibir la discriminación racial por parte de la policía, llamada “Acta para Frenar la Discriminación Racial” (ERPA, en inglés).

Camacho-Ali, también de fe musulmana, en particular aseguró sentirse ofendida por la idea de equiparar a los musulmanes con criminales, como si la religión fuese un indicador de peligrosidad.

“No les llamé cristianos (a quienes) nos sometieron a la esclavitud… los terroristas simplemente son criminales, por favor no les llamen musulmanes”, urgió la segunda esposa del fallecido boxeador, Muhammed Ali.

Camacho Ali ha lanzado la campaña “Step into the Ring”, que en las redes sociales lleva la etiqueta “#AlivsTrump” para combatir las medidas migratorias de Trump. La campaña tiene el apoyo de varias leyendas del cuadrilátero, incluyendo Evander Holyfield and Sugar Ray Leonard, dijo Camacho Ali.

En el foro, dos abogados de inmigración indicaron que la versión modificada de la veda a los musulmanes que divulgó Trump el pasado 27 de enero y que fue suspendida en las cortes, es una práctica ilegal y discriminatoria.

“Ninguna persona, ni decir un ciudadano estadounidense debería ser sometido a un interrogatorio ilegal, discriminatorio e humillante por parte de las autoridades policiales”, dijo David Leopold, un abogado de Ohio que representa a numerosos inmigrantes indocumentados ante los tribunales.

A una pregunta del congresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, sobre el alcance de la orden ejecutiva respecto a otros refugiados del mundo, Leopold advirtió de que la medida afectará incluso a centroamericanos que buscan refugio en EEUU, y que no hay garantías de que la Administración Trump restablezca el programa de reasentamiento de refugiados en el futuro.

Gutiérrez condenó la práctica de prohibir la entrada de refugiados centroamericanos porque, así como no hay un servicio de emergencia “9-11”en la ciudad siria de Alepo, tampoco existe para niños en El Salvador.

“Estos niños morirán si no se les acepta en este país”, se quejó Gutiérrez.

Mientras, Conyers lamentó que el gobierno de Trump esté debilitando el derecho al debido proceso y esté desviando a EEUU de su “papel histórico como lugar de refugio y símbolo de tolerancia”, y destinándolo a la vía de la “paranoia”.

Por su parte, Hugh Handeyside, un abogado y experto en seguridad nacional de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) argumentó que en numerosas ocasiones los agentes de la CBP han violado la Cuarta Enmienda de la Constitución, que prohíbe las pesquisas y confiscaciones arbitrarias.