Artículo 19: Funcionarios, la mayor amenaza para prensa mexicana

México – Los funcionarios mexicanos, responsables del 53% de las agresiones a periodistas en 2016, son “la mayor amenaza a la libertad de expresión” en México, lo que explica el elevado índice de impunidad en estos crímenes, denunció hoy la organización Artículo 19.

En la presentación del informe anual “Libertades en resistencia”, la directora de Artículo 19 en México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas, dijo a Efe que “es necesario que el Estado reconozca cuál es el problema” que se vive en el país respecto a la violencia contra los periodistas.

Contrariamente a lo asegurado por el presidente Enrique Peña Nieto en foros internacionales, quienes más ponen en riesgo la libertad de expresión no son los miembros del crimen organizado, sino “los funcionarios públicos, los agentes del Estado”, subrayó.

Artículo 19 registró durante el pasado año 426 agresiones a periodistas, entre ellas 11 asesinatos; unas “cifras inéditas” que hacen que 2016 sea “el año más letal para la prensa”.

Además, la impunidad “impera en 99.75 % de los casos de agresiones contra la libertad de expresión”, remarca el reporte.

De acuerdo con Ruelas, el nivel de impunidad es tan alto porque más de la mitad de las agresiones vienen de funcionarios (un 37 % más que en 2015): “El Estado no se quiere investigar a sí mismo y no quiere conocer el nivel del problema”.

Durante 2016, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició 118 averiguaciones previas y carpetas de investigación.

Desde su creación en 2010, la Feadle ha atraído 48 casos sobre homicidios de periodistas, de los cuales solo se han logrado tres sentencias.

Ruelas aclaró que estas sentencias únicamente van en contra de los autores materiales.

“El nivel de impunidad sigue al 100 %, porque no se está sancionando o procesando a la persona que ordenó la agresión al periodista, y esto es algo muy grave”, aseveró.

Las formas más comunes de agresiones son los ataques físicos y materiales (19 %), así como las amenazas (19 %), en la tónica habitual de ediciones anteriores del reporte.

Sin embargo, Artículo 19 alerta sobre un “cambio de patrones y tendencias” en las formas de violencia contra la prensa, como ocurre con la intimidación -que aumentó 155 % respecto al año anterior- o la violencia institucional, es decir, la que ejercen organismos del Estado contra el patrimonio o el tiempo de los comunicadores, que aumentó en un 125 %.

La organización destaca el impacto que tiene la publicidad oficial en los medios, la cual ejerce como una “censura sutil” que afecta el trabajo diario periodístico y la información que recibe la población.

Ruelas recuerda que la regulación de este tipo de publicidad, que movió a nivel federal 9.025 millones de pesos (480,5 millones de dólares) en 2016, según datos preliminares, es uno de los compromisos que asumió Peña Nieto al inicio de su mandato, pero “no se ha vuelto a decir nada desde 2013”.

“Es algo muy preocupante, porque ahí inicia la violencia contra la prensa”, valora la directora.

Ciudad de México fue la región en la que se registró un mayor número de agresiones (71), seguida por Oaxaca (60), Veracruz (58), Puebla (28) y Guerrero (26).

La organización destaca que de estos estados, tres tuvieron un proceso electoral en 2016 (Oaxaca, Veracruz y Puebla).

El reporte pone especial atención al estado de Oaxaca, en el sur del país, donde hubo un 71.4 % más de agresiones y se dieron 4 de los 11 homicidios de periodistas.

También resalta Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, donde las agresiones se multiplicaron al pasar de 2 a 19.

En la presentación del informe, la ex relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Catalina Botero dijo que “no hay la menor duda de que México es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en toda la región”.

Pidió que la Feadle ejerza su capacidad de asumir los casos contra la libertad de expresión y apartar a las fiscalías locales de las investigaciones, al considerar que “manipulan las pruebas”.