Quieren que Sessions exonere o asegure perdón presidencial para Sheriff Joe Arpaio en caso federal
Grupos ligados a la ultraderecha de Steve Bannon y Jeff Sessions alegan que Obama le hizo una "persecución política" y lo acusó por "aplicar la ley". Pero un juez federal falló que Arpaio no sólo violó la constitución, sino que posteriormente desacató las órdenes judiciales de reformar sus prácticas
Grupos de alt-right o extrema derecha vinculados al asesor presidencial Steve Bannon y al ala ultra ant inmigrante del procurador Jeff Sessions han iniciado una campaña para “presionar” a este a que abandone la “persecución política” contra el ex Sheriff de Arizona, Joe Arpaio.
Si es necesario, exigen, Sessions debe recomendar al presidente Donald Trump que conmute cualquier pena que reciba Arpaio por un caso de desacato contra tribunales que está pendiente a nivel federal.
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La campaña está tomando diversas formas, por ejemplo, artículos de “noticias” en medios vinculados a Bannon (Breitbart News) y comunicados de un grupo llamado Americans for Limited Government, que piden a Sessions que “revise” los cargos que el gobierno federal presentó contra el sheriff el pasado año.
“Es inexcusable que cualquier agente de la ley sea perseguido por aplicar la ley. El Sheriff Arpaio fue acusado con cargos de desacato a la corte por el departamento de justicia de Obama por aplicar la ley migratoria”, dice un comunicado de la organización Americans for Limited Government.
El grupo, que es una organización financiada por Howard Rich, un rico constructor de Nueva York con lazos políticos a la extrema derecha republicana, “urgió” al procurador Sessions a revisar el caso “y tomar cualquier acción necesaria para terminar con esta persecución política o, si es necesario, hacer que el presidente le otorgue un perdón”.
Pero Tom Saenz, presidente del Fondo Méxicoamericano para la Defensa Legal y Educación MALDEF, la campaña es una muestra del “irrespeto permanente que ciertos grupos han mostrado hacia los jueces y tribunales de Estados Unidos, porque el caso contra Arpaio fue lo contrario de un caso político, fue un caso asentado en las leyes y en pruebas sólidas, que se llevó a juicio y cuyo fallo el puede apelar si quiere hasta la Corte Suprema”.
Arpaio fue derrotado y defenestrado de su cargo como Sheriff de Maricopa en noviembre y la pasada semana el actual sheriff Paul Penzone, clausuró para siempre la “cárcel de las carpas”, pero Arpaio sigue en problemas legales debido a un caso de perfil racial en su contra.
Luego de perder el caso en tribunales federales, tras un juicio que comprobó que el Sheriff usaba a sus agentes para perseguir a latinos con la excusa de ir tras inmigrantes indocumentados, el juez federal Murray Snow le prohibió seguir con sus arrestos.
Posteriormente Arpaio también fue acusado de desacatar la orden judicial de parar esas actividades y el Departamento Federal de Justicia le presentó cargos federales por desacato a la corte. Esto fue bajo el gobierno de Barack Obama, que también lo demandó en 2012 por violaciones a los derechos civiles.
Hasta ahora, Arpaio le sigue costando millones de dólares en gastos legales a los contribuyentes del condado de Maricopa por el costo de las demandas en su contra.
Según reportó el periódico Arizona Republic recientemente, la cuenta supera los 56 millones de dólares y hace apenas dos semanas, el condado de Maricopa aprobó otros 400,000 para cubrir los gastos legales de la ACLU, MALDEF y una firma privada que llevaron la demanda contra el sheriff en el caso Melendres contra Arpaio.
La Opinión contactó al Departamento federal de Justicia para preguntar si estaban reconsiderando el caso de Arpaio, pero aún no hubo respuesta a la solicitud.
La organización de Rich no está sola en romper lanzas en favor de Arpaio, quien respaldó a Trump durante su campaña.
En Breitbart, el medio ultra derechista que Bannon, el asesor de Trump en la Casa Blanca ayudó a fundar, un artículo describe la “persecución” contra Arpaio, acusando a abogados del “estado profundo” del Departamento de Justicia (DOJ) de Obama y a un “juez desacreditado”.
