Trump firma orden ejecutiva para priorizar a trabajadores de EEUU
“EEUU va de primero, es mejor que lo crean. Ya es hora”, dijo Trump al firmar la orden ejecutiva que combatirá el fraude y restringirá las visas “H-1B”
WASHINGTON.- Al recorrer una planta manufacturera en Wisconsin, el presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva que “pone a EEUU de primero”, al combatir el fraude y los abusos al sistema de visas “H-1B”, para dar prioridad a los productos y trabajadores del país.
“EEUU va de primero, es mejor que lo crean. Ya es hora”, dijo Trump, al visitar la fábrica de herramientas Snap-on Tools, en Kenosha, Wisconsin, en un discurso que evocó la retórica de su campaña electoral el año pasado.
Así, al presentarse como defensor de los trabajadores y empresas de EEUU, Trump explicó que la orden ejecutiva –firmada en el estado que contribuyó a su victoria en las urnas- busca promover “agresivamente” el uso de bienes hechos en EEUU y la contratación de estadounidenses.
Como parte de la reforma que prevé Trump del sistema de visas “H-1B”, éstas se otorgarían no como la lotería actual sino a los solicitantes “más calificados y mejores pagados” y jamás se usarían para reemplazar a estadounidenses, explicó.
A falta de logros legislativos significativos, la orden ejecutiva es una de varias que ha firmado Trump desde enero pasado para cambiar el sistema regulatorio en Estados Unidos en aras del crecimiento económico.
Objetivos de la orden ejecutiva
La medida en sí no cambia el límite anual en las 85,000 visas que EEUU concede cada año a extranjeros con altas destrezas laborales en las áreas de tecnología, ciencias, ingeniería y matemáticas. De ese total, 20,000 están destinadas a extranjeros que han obtenido posgrados en universidades estadounidenses.
Pero el documento, con el lema populista “Buy American, Hire American”, pretende dar prioridad a productos y trabajadores estadounidenses, a través de medidas administrativas o de las leyes comerciales y de licitación federal.
Varias leyes ya exigen que las agencias del gobierno privilegien a los productos hechos en EEUU en la concesión de contratos para proyectos federales pero, según la Administración, con “demasiada frecuencia” recurren a exenciones y resquicios legales que perjudican a la economía nacional.
Muchos contratos federales van a parar a empresas que, para ahorrar gastos, utilizan productos extranjeros altamente subsidiados y que ponen en desventaja a los productos nacionales.
Las áreas metropolitanas de Nueva York, Texas, California, Illinois, Michigan, Washington y Massachusetts encabezaron la lista de sitios con al menos 5,000 visas “H-1B” en 2013, según la Institución Brookings.
Así, la medida tratará de “impedir que las empresas extranjeras que hacen trampa usen los fondos de los contribuyentes para robar nuestros empleos, cerrar nuestras acereras” y llevarse ese dinero al exterior, explicó ayer un funcionario durante una conferencia telefónica con periodistas.
El temor de grupos pro-inmigrantes es que esta orden ejecutiva abra la puerta a más restricciones al resto de visas que benefician a los latinos. Después de todo, Trump apoya que el sistema de visas se apoye en “méritos” de los solicitantes.
La AFL-CIO responde
El presidente de la mayor federación sindical de EEUU, AFL-CIO, Richard Trumka, dijo que la orden ejecutiva es “un buen primer paso” para desalentar las exenciones en el sector privado, pero se requiere más para que la economía fomente la creación de empleos y mejoras salariales.
El movimiento sindical siempre ha abogado por la reforma, y no la expansión, de los programas de “trabajadores huéspedes” que dejan a los empleados, tanto de EEUU como extranjeros, “más vulnerables a la discriminación, desplazamiento y explotación”, explicó.
Por ello, es urgente que la Administración tome en cuenta las experiencias de los trabajadores para combatir el fraude y abuso en el programa de visas, y la AFL-CIO seguirá luchando por reformas a las leyes de inmigración, comercio, y licitación, y por los derechos de los trabajadores, afirmó Trumka.
Abusos y fraude
La orden ejecutiva pide que los departamentos de Estado, Justicia, Trabajo y Seguridad Nacional adopten “acciones rápidas” para combatir el “fraude y abuso” en el sistema de visas “H-1B”, porque muchas empresas las usan para llenar plazas de menor rango –y con menor sueldos- en el sector de la tecnología de información, en vez de contratar a empleados con altas destrezas laborales.
La Administración Trump calcula que cerca del 80% de los trabajadores con visas “H-1B” recibe menos que el salario medio en sus respectivas campos. Sólo entre el 5% y el 6% de estos trabajadores, dependiendo del año, se ubica en la máxima de las cuatro escalas salariales de este tipo de visas.
Tareas para las agencias
Las agencias deberán revisar sus políticas y exenciones en torno a la licitación de contratos, y el secretario de Comercio, Wilbur Ross, deberá entregar un informe con recomendaciones para iniciar una reforma del sistema.
Ross también deberá evaluar los tratados comerciales y recomendar medidas correctivas para las prácticas de comercio que perjudiquen a EEUU.
Las agencias que no cumplan con la orden ejecutiva tendrán que rendir cuentas, pero la Administración no ha precisado cuáles serían las consecuencias.
En declaraciones a este diario, Daniel Costa, analista del Instituto de Política Económica (EPI, en inglés), dijo que el sistema de visas tiene grandes “defectos” y requiere reformas pero, a su juicio, los empleadores no tienen culpa porque, hasta ahora, la ley les ha permitido “reemplazar a trabajadores estadounidenses” por extranjeros con menos salario.
Es el caso en empresas como Disney y Southern California Edison, “y también es legal pagar menos a través de las visas H-1B, en comparación con otros trabajadores estadounidenses debido a los reglamentos de salarios”, explicó el experto.
“A través de las agencias federales se puede mejorar el programa, pero la verdadera solución tendrá que salir del Congreso”, agregó.
Trumka coincidió con Costa en que, para lograr amplios cambios y una economía “más inclusiva y más justa” para los trabajadores, se requiere la intervención del Congreso.
En la actualidad, una medida bipartidista de los senadores Richard Durbin, demócrata por Illinois, y Chuck Grassley, republicano por Iowa, exige que las empresas den prioridad a estadounidenses altamente calificados y les paguen el salario promedio local para su rango, además de que establece una lista de prioridades para distribuir las visas –en vez de la controvertida lotería-, y amplía la autoridad del Departamento del Trabajo para combatir los abusos al programa.
