Informe pide cautela en contratación de agentes para vigilancia fronteriza
Preocupa a activistas el escrutinio del nuevo personal para evitar malas prácticas
WASHINGTON.- A menos que la Administración de Donald Trump adopte reformas y salvaguardas, el Congreso no debe dar luz verde a la contratación de 15,000 nuevos agentes fronterizos, porque eso repetiría la turbulenta trayectoria de corrupción y abusos de las agencias de Inmigración, advirtió este martes un informe del “American Immigration Council”.
En once páginas, el informe de “American Immigration Council” sonó las alarmas sobre las consecuencias de apresurar el proceso de contratación , debido a los problemas relacionados con el escrutinio, supervisión, y conducta indebida de los agentes.
“Si no hay mejores prácticas de contratación y salvaguardas… el Congreso no debe permitir este rápido aumento en las agencias de inmigración. No hace a EEUU más seguro, sino que posiblemente lo haga menos seguro”, advirtió el informe.
El análisis destacó que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) tiene más incidentes de ataques y abuso sexual de detenidos que ninguna otra agencia policial, y entre enero de 2009 y enero de 2012, por ejemplo, el AIC recibió 809 quejas de presuntos abusos por parte de la Patrulla Fronteriza.
Para combatir la inmigración ilegal, el presidente Donald Trump ha ordenado la contratación de 10,000 agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y de 5,000 de la CBP, que incluye a la Patrulla Fronteriza, en lo que supone el mayor reforzamiento de personal desde los atentados del 9/11.
El rápido incremento en el personal de CBP entre 2003 y 2009, sin tener lista una mejor revisión de los solicitantes de empleo, contribuyó a que florecieran acusaciones contra la agencia por corrupción, conducta indebida, y uso excesivo de la fuerza.
Un informe del Centro para Periodismo de Investigación detalló 153 casos de agentes involucrados en casos de corrupción entre 2000 y 2013, incluyendo narcotráfico, contrabando de armas y personas, y sobornos. Del total, 52 llevaban entre uno y cinco años en la CBP, y la mayoría de los agentes fueron condenados.
Otros grupos, como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), también han documentado casos de actos ilegales y abuso de los inmigrantes por parte de la Patrulla Fronteriza.
La CBP ha sido objeto de críticas de grupos cívicos porque, para cumplir con las órdenes ejecutivas de Trump, ha pedido flexibilizar las normas para la contratación de agentes, que incluyen desde 2010 el uso de polígrafos, o detectores de mentiras.
Aún sin las contrataciones, la CBP cuenta con 43,000 agentes y oficiales, y es la mayor fuerza policial del país. En el año fiscal 2016, la Patrulla Fronteriza tuvo un total de 19,828 agentes.
El costo para los contribuyentes
La Administración Trump ha pedido para el año fiscal 2018, que comienza en octubre próximo, $314 millones para contratar a 500 agentes de la Patrulla Fronteriza, y 1,000 agentes de ICE y personal administrativo, lo que se traduce a un costo a los contribuyentes de $209,333 por cada agente.
Tomando en cuenta que el costo a largo plazo por la masiva contratación y capacitación del personal superaría los $3,140 millones en una década, el dinero para reforzar la seguridad fronteriza tendría mejor uso en otras áreas, dijo el informe, que cuestionó la necesidad de expandir el personal en la frontera cuando los cruces ilegales han bajado drásticamente.
En un encuentro con periodistas, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), David Lapan, evadió comentar sobre el informe porque no lo ha leído pero dijo que, aunque siempre “habrá gente que viole las normas”, la agencia ha adoptado rigurosas medidas de capacitación y supervisión para evitar abusos.
“Los requisitos que deben cumplir nuestros profesionales del orden… son normas muy rigurosas”, afirmó.
Lapan afirmó que tanto el muro como la contratación de agentes fronterizos se justifican porque, aunque ha bajado la inmigración ilegal, el DHS no ha logrado un completo “control operacional” de la frontera.
Posibles alternativas
El informe argumenta que el gobierno debería añadir recursos a la frontera sólo si responden a la realidad sobre el terreno, y destinarlos a incrementar el personal para procesar el creciente número de casos de asilo por parte de inmigrantes no mexicanos.
La Administración Trump debería también canalizar más recursos para las investigaciones internas de la CBP y de ICE, y para la aplicación de reformas exhaustivas en ambas.
Además, la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR, por su sigla en inglés), necesita más fondos ante la montaña de casos rezagados en los tribunales de Inmigración y la escasez de jueces para atenderlos.
Y si la Administración destinara fondos para más inspectores en los puertos de entrada, eso agilizaría el procesamiento del flujo legítimo de bienes y personas, y aportaría enormes beneficios y ahorros a la economía, enfatizó.
