De Blasio y Mark-Viverito se enfrentan por fondos para inmigrantes
Mientras el Alcalde no quiere que los convictos por delitos serios reciban ayuda legal de la Ciudad, la presidenta del Concejo Municipal considera que los abogados gratuitos deben ser para todos
El alcalde Bill de Blasio y la presidenta del Concejo Municipal Melissa Mark-Viverito han estado en el mismo bando para defender y proteger a los indocumentados que viven en Nueva York, pero faltando menos de ocho semanas para que se apruebe el presupuesto final de la Ciudad para el próximo año fiscal, ambos líderes políticos están enfrentados por unos fondos que se usarían para dar ayuda legal gratuita a los inmigrantes.
Dentro de los $84,860 millones que manejará la Alcaldía, De Blasio incluyó una partida presupuestal adicional de $16.4 millones para defender a indocumentados que estén en procesos de deportación y otros problemas migratorios, aunque especificó que aquellos que hayan sido condenados por alguno de los 170 delitos que la Ciudad considera serios, no podrán beneficiarse. Sin embargo, Mark-Viverito no está de acuerdo con esas limitaciones al considerar que los abogados gratuitos deben ser para todos.
El vocero de la Alcaldía Seth Stein defendió la postura de la administración al indicar que “no creemos que el público deba financiar abogados de inmigración para aquellos que han sido condenados por crímenes graves que amenazan la seguridad publica”. El funcionario agregó: “La inmensa mayoría de los inmigrantes no han sido condenados por crímenes graves y serían elegibles para los servicios“.
Pero la líder del Concejo no ve con buenos ojos esa postura y comentó que desde hace tres años, cuando inició el programa de ayuda legal a los inmigrantes (NYIFUP), la idea era dar asistencia a todas las personas que necesitaban asesoría sin excluir a nadie.
“No estoy de acuerdo con el Alcalde”, recalcó Mark-Viverito. “Completamente los fondos son para las personas necesitadas y ha estado funcionando bien. No estoy interesada en cambiar cualquiera de los parámetros del programa, ni la forma en que se está ejecutando ahora en términos de servicio, que es lo que me gustaría seguir viendo pasar”.
Entre los 170 delitos que la Ciudad considera serios y que serían causales de deportación se encuentran la agresión de pandilla, agresión a un policía, bombero o miembro del servicio de emergencia, asalto a un juez, amenazas, asalto y agresión a un menor, homicidio por negligencia, homicidio vehicular, asesinato, los delitos sexuales como violación y abuso sexual, además de incendio premeditado, robo, obstrucción de la justicia, manipulación de un testigo, intimidación, posesión y venta criminal de una sustancia controlada, y reporte falso de un incidente, entre otros.
Preocupación entre activistas
Se estima que anualmente se beneficiarán unos 15,000 indocumentados con los aportes de la Ciudad en materia de asesoría legal, pero a los defensores de los inmigrantes les prepocupa que justo en medio del discurso anti-inmigrante del gobierno federal, el Alcalde ponga un freno.
Javier H. Valdés, codirector de la organización Make the Road New York, criticó al mandatario neoyorquino y recordó que es momento de seguir siendo ejemplo para el resto del país sin ceder ante los intentos de Donald Trump y Jeff Sessions de dividir a las comunidades y criminalizar a los inmigrantes.
“Todos los neoyorquinos inmigrantes merecen el debido proceso. Punto”, comentó el activista, destacando su respaldo a Mark-Viverito. “Apoyamos a la presidenta del Concejo en insistir que los servicios legales de inmigración deben estar disponibles para todos los neoyorquinos inmigrantes. Frente a los ataques sin precedentes contra nuestra comunidad por parte de la Administración Trump, es fundamental que la Ciudad continúe y amplíe el programa de Familia inmigrante unida para representar a todos los neoyorquinos detenidos”.
El concejal Rafael Espinal, de Brooklyn, donde residen muchos inmigrantes hispanos que se beneficiarían con los nuevos recursos, aseguró que Nueva York debe seguir apoyando legalmente a los indocumentados, incluso a quienes han cometido ciertos delitos.
“Nuestra prioridad es proteger a tantos inmigrantes como sea posible. El Concejo creó de manera independiente este programa para otorgar ayuda legal a los inmigrantes que enfrentan deportación y como el Alcalde ha reconocido, este programa debe seguir con más fondos”, advirtió Espinal.
Y aunque la presidenta del Concejo se muestra firme en que no va a cambiar su postura durante estas semanas finales de discusión sobre el presupuesto municipal, que deberá estar aprobado para el próximo 1 de julio, la administración De Blasio se mostró confiada en que se llegará a un acuerdo.
“Vamos a trabajar con el Concejo mientras el proceso del presupuesto avanza”, comentó el vocero de la Alcaldía.