Los 10 mandamientos contra la corrupción de los gobernadores, carecen de sanciones: analistas

MÉXICO.-   Después de exhibirse como uno de los grupos con mayor tolerancia a la corrupción,  la Comisión Nacional de Gobernadores -que incluye a los 32 mandatarios de los mismos estados del país- busca lavar su imagen con la creación de un decálogo, 10 mandamientos de conducta que hasta ahora no es bien visto por expertos.

“Carecen de consecuencias; es decir, no pasará nada si no cumplen, no hay sanciones y no hay ningún punto que diga que impulsarán en los respectivos congresos locales que  el decálogo pase de un manual de buenas intenciones a leyes (cuya violación podría implicar cárcel)”, alertó Nicolás Loza, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

“Ignoraron completamente incluir un órgano de vigilancia ciudadana que podría hacer contrapeso a las malas prácticas que hasta ahora hemos visto”, agrego Kala Valverde, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Tampoco hablan de profesionalizar el servicio público con una escuela especializada incluso que evitaría el compadrazgo y la deficiencia en los servicios”

Loza y Valverde analizaron punto por punto cada uno la importancia del decálogo y su viabilidad.

LOS 10 MANDAMIENTOS

1. Garantizar que los contenidos del Sistema Nacional Anticorrupción se integren a la legislación local antes del 18 de julio de 2017.

Me parece que poner fechas es importante porque los gobernantes mexicanos se caracterizan por no cumplir con los plazos, pero volvemos nuevamente a lo mismo: si por alguna razón no lo logran no pasará nada, dijo Loza.

2. Hacer públicas en sus páginas web las  observaciones realizadas por las auditorías oficiales

Esto no es novedoso. Esto es un derecho de la sociedad. Los gobernantes piensan que están haciendo un favor pero este tipo de acciones deberían ser un hecho desde hace tiempo, comentó Valverde.

3 y 4. Transparentar todos los procesos de compra pública a través de la digitalización en la web

El problema ha sido que hasta ahora unos estados lo hacen y otros no, dijo el analista de Flacso. Y algunos lo hacen pero no para todas las compras. “Es una buena intención, esperemos que se logre”.

5. Reducir al mínimo los pagos en efectivo.

Considerada como una de las peores prácticas en el sistema burocrático nacional, estudios realizados por el Instituto Mexicano para la competitividad, considera que el uso de efectivo para pagos e ingresos ha sido la puerta grande al lavado de dinero y desvío de recursos. Evitarlo sería uno de los mejores logros. “Aquí, como en todos los demás puntos del decálogo, la vigilancia y la exigencia de la sociedad civil es crucial”, subrayó Valverde

6. Planear las obras de infraestructura para que no bajen de calidad y suban de costo.

El mejor ejemplo de esta falta se dio a conocer con el apodo de “La Suavicrema”, una sátira que hacía recordar que  la construcción del principal monumento en honor de la Independencia de México (cuyo nombre oficial era Estela de Luz), tenía forma de galleta en lugar de ser la maravilla que prometió el gobierno de Felipe Calderón y cuyo costó se multiplicó  por centenares al precio planeado inicial. “Esto pasó hace unos años pero sigue pasando, ¿se frenará? Sólo en los casos que haya un compromiso moral”, advirtó Loza.

7. Hacer pública las obras inconclusas y las deudas que no se reportan

El politólogo de Flacso afirma que hasta ahora algunos gobernadores para promover su imagen realizan obras con facturas sin pagar y posteriormente la heredan a sus sucesores o hacen compras a proveedores que no se registran oficialmente como cuentas sin pagar.

8. Impulsar un marco jurídico unificado que incorpore las mejores prácticas del servicio público nacionales e internacionales

Valverde dice puntual: “consolidar este punto sería una de las acciones con mayor sentido”.

9. Publicar las declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y de cumplimiento fiscal

Esto es lo mismo que promovió la primer iniciativa de ley ciudadana que tuvo México (la Ley 3 de 3), detalla Loza,  pero de poco sirve si las declaraciones no son obligatorias: siempre habrá quien no las presente y ya.

10. Instalar en cada estado comités de ética y prevención de conflictos de interés

“Aquí el problema es que no queda claro quién va a nombrar a los integrantes de los comités. Si lo hacen los mismos gobernadores serían jueces y parte”, sentencia Loza.