Ley de Texas enfrenta al estado con toda su población latina

Al firmar la ley SB4, que sus patrocinadores llaman “ley contra ciudades santuario”, el gobernador de Texas Greg Abbot asegura que su objetivo es la seguridad de sus ciudadanos y la deportación criminales extranjeros.

Sus críticos, sin embargo, alegan que la medida facilita la persecución de toda la población latina de Texas, violenta la ley federal y la constitución, y va en detrimento de la seguridad pública y la economía del estado

Organizaciones legales como ACLU y MALDEF ya han dicho que están dispuestos a presentar todas las demandas que sea necesario para detener su implementación, antes o después que entre en vigencia el próximo 1 de Septiembre.

“Habrá demandas, probablemente muchas y contra cada jurisdicción que la aplique”, dijo el presidente de MALDEF Tom Saenz, en una entrevista este lunes, quien anticipó que será una de las leyes más costosas en la historia del país, porque compromete al estado de Texas a defender a todas las entidades que enfrenten acciones legales por cumplir la ley.

Este lunes, el procurador de Texas Ken Paxton dio el inusitado paso de presentar una demanda pidiendo al tribunal federal que afirme la constitucionalidad de la ley, cuando normalmente los que demandan son quienes se oponen a ella.

“Es nuestro derecho presentar demanda para evitar múltiples acciones legales por diversos tribunales”, dijo Paxton.  MALDEF calificó la acción como un “ataque preventivo” y frívolo y dijo que eso no cambiará su intención de detener la ley.

Como funcionará la SB4

Al aprobar la ley SB 4, el estado de Texas da a sus policías estatales y locales el rol y la libertad de conducirse como agentes migratorios, pidiendo papeles y preguntando estatus migratorio en el curso de cualquier interacción con el público.

Expertos legales y activistas alegan que, en el pasado, leyes similares han contribuido a actitudes discriminatorias de parte de las agencias de la ley y la persecución de los residentes del estado de acuerdo a su raza o color de piel.

“En 2006 la ciudad de Irving, Texas, entró en un contrato con ICE y, según estudios posteriores, los arrestos tras paradas de tráfico de conductores latinos aumentaron en 223%. El arresto de latinos por delitos menores se incrementó en 250%”, dijo José Garza, director ejecutivo del Workers Defense Project.

En el caso de Texas, un estado fronterizo que tiene la segunda población indocumentada más grande del país , pero donde también el 40% de la población es latina, el efecto de esta medida se sentirá a todo lo largo y ancho de la sociedad, afirman.

Activistas y expertos legales anticiparon que SB 4 se convertirá en un arma de persecución contra los casi 11 millones de latinos en Texas, indocumentados o no.  

Cuatro de cada diez residentes del estado fronterizo de Texas son latinos y el estado tiene un millón y medio de indocumentados, que viven en familias mixtas con ciudadanos y residentes.

“Cuando los políticos dicen que esta ley es para perseguir a los indocumentados…esto no es verdad. ¿Cómo puedes aterrorizar solamente a la mitad de una familia”, dijo Carla Perez, líder juvenil y joven con DACA, quien además es estudiante de leyes en la Universidad de Houston.

Más allá que la ley de Arizona

Además, SB 4 va mucho más allá que anteriores leyes estatales anti inmigrantes, explicaron líderes.

“Esta ley es más extrema que la famosa ley de Arizona”, dijo el presidente de MALDEF Tom Saenz, en una entrevista. “Hay cláusulas de esta medida que nos revierten a décadas pasadas, en las que se perseguía a funcionarios por sus posturas sobre un tema de seguridad pública“.

Según Saenz, la SB 4 da licencia a policías y agentes de la ley para que “se conviertan en vigilantes y decidan por sí mismos cómo aplicar la ley”.  

Abbot firmó el domingo la ley estatal aprobada unos días antes por las dos cámaras de la legislatura estatal tras emotivas audiencias, convirtiendo así a Texas en la nueva frontera anti inmigrante del país y reviviendo ecos de la Ley de Arizona de 2010, y otras que siguieron.

Por primera vez en la historia reciente del país, una ley local pretende castigar con multas y hasta destitución a funcionarios públicos, jefes de policía y líderes locales que decidan “no colaborar” con las autoridades federales en aplicar leyes migratorias.

Inusualmente, la medida menciona expresamente a los policías que operan dentro de los campus universitarios, haciendo posible que estos interroguen a estudiantes.  Durante la discusión de la medida hubo intentos demócratas de limitar esta autoridad en refugios contra violencia doméstica, pero esto tampoco se logró.

Terri Burke, director ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles de Texas, dijo que este tipo de leyes “aumentan el uso de perfil racial y disminuyen la seguridad pública”.

“Anticipamos que habrá más actividad discriminatoria contra residentes del estado por parte de la policía”, dijo Burke. “De hecho, ya se está viendo en Tucson, por ejemplo, que hay conductores detenidos por horas mientras se revisa su estatus”.

Silvia Martinez, una activista pro inmigrante en Texas y una ex inmigrante indocumentada, dijo que la ley afectará a muchos latinos ciudadanos y residentes legales.

“Les van a pedir papeles, porque las autoridades no podrán distinguir entre alguien como yo, que ahora es ciudadana y otros latinos en la comunidad”, dijo Martínez. “Esto los afectará a todos”.