Activistas: medidas republicanas alientan “limpieza” de inmigrantes indocumentados

WASHINGTON.- Los republicanos del Congreso trabajan “mano a mano” con la Administración Trump en medidas migratorias que, en su conjunto, son un manjar de ensueño para quienes buscan “limpiar” a EEUU de inmigrantes indocumentados, pero éstas violan la Constitución y posiblemente desatarán una batalla en las cortes.

El conjunto de medidas, que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes someterá a voto a partir del próximo martes, pone la diana en los once millones de inmigrantes indocumentados porque, según los republicanos, EEUU tiene obligación de proteger a los ciudadanos estadounidenses y no a los “ilegales”.

“El Congreso republicano está trabajando mano a mano con la Administración Trump para asegurar que se cumplen y mejoran nuestras leyes, y para fortalecer la seguridad pública”, dijeron el presidente del Comité, Bob Goodlatte, y el autor de una de las medidas, el legislador Raúl Labrador, en una columna de opinión de Fox News.

De las cinco medidas ante el Comité ayer, los legisladores aprobaron dos relacionadas con el tráfico de humanos, y dejaron para la próxima semana las tres más controversiales. Todas deben ser votadas en el pleno de ambas cámaras del Congreso, y no está claro que sobrevivan en su texto original.

De las tres medidas migratorias, dos robustecen los recursos y operaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y una autoriza fondos para la de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

Según el legislador demócrata por Florida, Ted Deutch, en resumen, se trata del “Acta de Deportaciones de Trump”, con el objetivo de “limpiar a EEUU de inmigrantes indocumentados”, sin resolver la lista de problemas del sistema migratorio.

Alistan  deportación masiva

En su conjunto, las medidas cumplen los deseos de conservadores que han hecho de los inmigrantes indocumentados un sinónimo de “criminales”, acusándolos de ser una “carga pública” y un peligro para la seguridad ciudadana.

Una de ellas H.R. 2431,  bautizada como el “Acta Davis-Oliver”, por dos policías presuntamente asesinados por un inmigrante indocumentado en California, convierte en crimen la presencia ilegal en EEUU, obliga a las policías locales y estatales a realizar tareas de Inmigración, y permite que los estados adopten sus propias leyes migratorias.

En sus 200 páginas, también permite revocar visas no-inmigrantes sin revisión judicial; elimina fondos para “ciudades santuario”  y para la implementación de las “medidas unilaterales” migratorias adoptadas por la Administración Obama, y restringe más la emisión de visas para estudiantes, entre otros elementos.

La segunda medida, la H.R. 2406, robustece los recursos y el personal de ICE, y permite que los agentes puedan portar rifles “M-4” y otras armas de calibre militar.  Además de autorizar fondos para la contratación de 10,000 agentes para tareas de deportación, la medida les da acceso a toda información de los “Dreamers” y sus familias, de manera que puedan ser blanco de arrestos.

La tercera medida, la H.R. 2407, autoriza fondos para USCIS y extiende de forma permanente el programa federal “E-verify”, mediante el cual las empresas pueden verificar el estatus migratorio de solicitantes de empleo.

¿Hacia dónde van las medidas?

Varios expertos y activistas consultados hoy por este diario coincidieron en que el Congreso debe rechazar estas medidas porque violan la Constitución, no representan los valores fundacionales de EEUU,  y no mejoran la seguridad ciudadana.

David Leopold, un abogado de inmigración en Ohio, destacó que las tareas de inmigración recaen en el gobierno federal y, aunque en el pasado hubo medidas “abiertamente racistas”, como el “Acta para la Exclusión de Chinos”, la H.R. 2431 tiene “el efecto innegable de dirigirse contra los latinos”.

“Este enfoque policial sale del libreto de los extremistas anti-inmigrantes, algunos de los cuales están metidos en altos cargos en la Administración Trump. Su meta es vaciar a EEUU de los latinos y demás inmigrantes minoritarios”,  dijo Leopold.

“Esto es producto de una brutal xenofobia y racismo… todos los estadounidenses de buena conciencia deben oponerse a estas injustas medidas y políticas de la Administración”, enfatizó.

Según Maribel Hastings, asesora de “America´s Voice”, estas medidas “le dan garras a la Fuerza de Deportación” de Trump, aún cuando la Administración ya está deteniendo y deportando a 400 inmigrantes indocumentados a diario, incluyendo no criminales.

“Estas medidas son sólo otra muestra de que los republicanos sólo ven a los inmigrantes como criminales sin ofrecer una solución sensata, como la que apoya la mayor parte de los estadounidenses: una reforma migratoria que regularice a los indocumentados sin historial delictivo y que son parte importante de nuestras comunidades y de nuestra economía”, afirmó Hastings.

Según Ronald Newman, un abogado de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), en vez de dar oxígeno a la agenda “anti-inmigrante” de Trump, el Congreso debería elaborar políticas que sean “incluyentes” y defiendan los valores y normas constitucionales del país.

El argumento en contra de estas medidas es compartido por una amplia coalición de grupos cívicos y religiosos, y jefes de policía en todo el país.

En un mordaz análisis, David Bier, analista del Instituto Cato, un centro de estudios de carácter conservador y “libertario”,  advirtió de las graves repercusiones legales y constitucionales que éstas tendrían en el país.

A su juicio, la inmigración ilegal sería una rareza si funcionara el sistema de inmigración legal.

Sin embargo, para grupos conservadores que favorecen restricciones incluso en la inmigración legal, como el Centro para Estudios de Inmigración (CIS), ni éstas ni otras medidas que elaboran varios senadores republicanos –que también dan palo a la población indocumentada y a la ciudades “santuario”-, son suficientes.