Tribunal mantiene congelado veto migratorio contra musulmanes

WASHINGTON.- En otro duro revés para el gobierno del presidente Donald Trump, el Cuarto Circuito de Apelaciones emitió un dictamen este jueves que mantiene en el congelador el veto de ingreso a EEUU de inmigrantes de seis países musulmanes, allanando el camino a una posible batalla legal en el Tribunal Supremo.

La Corte, con sede en Richmond (Virginia), emitió un dictamen de 10-3,  tras una reciente audiencia oral en la que examinó la legalidad de la segunda orden ejecutiva que emitió el presidente Trump, en marzo pasado, para imponer una moratoria de 90 días al ingreso de inmigrantes de Siria, Libia, Irán, Somalia, Sudán y el Yemen, y una de 120 días a refugiados de todo el mundo.

“El Congreso dio al presidente amplio poder para negar la entrada a extranjeros, pero ese poder no es absoluto. No puede quedar sin revisión cuando, como en este caso, el presidente lo utiliza a través de una orden ejecutiva que puede causar daño irreparable a individuos en toda esta nación”, explicó el juez Roger Gregory, en un dictamen que además reflejó las propias declaraciones públicas anti-musulmanas de Trump.

El tribunal de apelaciones dio la razón a los demandantes de que la veda a musulmanes viola una cláusula de la Primera Enmienda de la Constitución, que prohíbe que el gobierno favorezca o desapruebe de una religión en particular.

Los tribunales ya habían frenado la primera orden ejecutiva de Trump del pasado 27 de enero,  por lo que la Administración Trump emitió una segunda, modificada, que omitió referencias específicas a la religión, ante protestas de grupos cívicos de que ésta discriminaba a los musulmanes.

La Casa Blanca ha defendido la orden ejecutiva como una herramienta más para proteger al país de posibles actos terroristas, mientras evalúa mayores controles en la revisión de quienes solicitan visas de ingreso a Estados Unidos.

Trump se encuentra en una gira internacional, y la Casa Blanca aún no ha reaccionado al dictamen, pero en el pasado ha dejado claro que luchará hasta el final por la implementación de la medida.

Para una vasta coalición de grupos cívicos y religiosos, sin embargo, la medida ejecutiva no es otra cosa que un elemento más en la “agenda xenófoba” de Trump.

Elizabeth Goitein, codirectora del programa de seguridad nacional del Centro Brennan para la Justicia, de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York, dijo que el dictamen no debe dejar dudas del “abrumador consenso judicial” de que la orden ejecutiva contra musulmanes “no solo es cruel e innecesaria sino también anticonstitucional”.

Trump “debe anular esta veda de una vez, para que podamos superar este capítulo verdaderamente vergonzoso en la breve historia de esta Administración”, aconsejó Goitein.

Victoria para defensores de inmigrantes

Aunque falta que el Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco (California)  se pronuncie sobre el asunto, el dictamen de hoy fue aplaudido por diversos grupos cívicos, que desde enero pasado han cuestionado la constitucionalidad de la orden ejecutiva y la han tachado como una política discriminatoria disfrazada de seguridad nacional.

Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional USA, señaló que el dictamen deja en claro que tanto los tribunales como la opinión pública “rechazan rotundamente este descarado intento de codificar la intolerancia en las leyes” del país.

“En vez de esperar a que otro tribunal emita otro dictamen en contra, el Congreso puede y debe tomar acción para poner fin a esta política discriminatoria y peligrosa de una vez por todas”, enfatizó Huang.

Por su parte, Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes, de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), reiteró lo que dijo en la audiencia reciente ante el Cuarto Circuito: “la veda a musulmanes viola la Constitución, como lo reafirma enérgicamente esta decisión”.

“La Constitución prohíbe acciones que desaprueben o condenen cualquier religión, y eso es una protección fundamental para todos nosotros, y todos podemos alegrarnos de que el tribunal haya rechazado hoy la solicitud del gobierno de dejar de lado ese principio”, dijo Jadwat.

La ACLU presentó la demanda contra la orden ejecutiva junto al Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC, en inglés), a nombre de individuos y grupos musulmanes afectados por la medida.

Karen Tumlin, directora legal de NILC, afirmó que, pese a la justificación de la medida por parte de la Administración Trump, “los tribunales siguen llamándola como lo que es: intolerancia religiosa, antipatía racial, y discriminación”.

Las instituciones judiciales hacen lo correcto al proteger el “principio fundamental” de prohibir un trato discriminatorio contra las religiones,  dijo Tumlin, al condenar la “agenda xenófoba” de la Administración.

Aunque ahora los musulmanes son los que están en la mira,  NILC continuará luchando para que todo residente en EEUU, sin importar su fé, origen o rango salarial, “pueda vivir libremente y tenga un trato justo en este país”, puntualizó Tumlin.