Periodistas condenan y reaccionan ante presunto espionaje del gobierno mexicano

La administración de Peña Nieto rechaza la publicación del NYT sobre espionaje a comunicadores y defensores de los derechos humanos
Periodistas condenan y reaccionan ante presunto espionaje del gobierno mexicano
Exigen explicaciones al Estado mexicano

MÉXICO – Defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción y periodistas condenaron el espionaje del que supuestamente fueron víctimas por parte del Gobierno de México, el cual a su vez expresó respeto a la privacidad y condenó “cualquier intento” de vulnerarla.

“Esto es una operación del Estado mexicano. Los agentes del Estado mexicano, lejos de hacer lo que deben hacer legalmente, han utilizado nuestros recursos para cometer ilícitos graves“, apuntó la periodista Carmen Aristegui.

Aristegui, quien denunció el denominado caso de la Casa Blanca, comprada por la esposa del presidente mexicano, Angélica Rivera, consideró que “Enrique Peña Nieto tiene que dar explicaciones” sobre este presunto espionaje.

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Un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times señaló que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas fueron espiados a través de sus teléfonos móviles con un programa informático denominado Pegaso y vendido exclusivamente a gobiernos.

Periodistas y activistas fueron espiados en México, denuncia NYT

Entre las víctimas de espionaje están el personal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el equipo de Aristegui Noticias y activistas que promovieron la ley anticorrupción “3 de 3” que reclama que funcionarios y candidatos en elecciones hagan su declaración patrimonial y de intereses.

Un estudio, presentado hoy en México y publicado por Citizen Lab, Article19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC, demuestra que cada licencia de infección costaría unos $77,000.00 dólares, precisó Ana Cristina Ruelas de Article19 en una rueda de prensa.

Según la investigación, la mayoría de los nombres de dominio de la infraestructura NSO están vinculados a México, lo cual reafirma que autoridades mexicanas, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, son sus clientes y que personas en México han sido objetivos de esa forma de vigilancia.

En total se enviaron mensajes a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, entre ellos el director del Centro Prodh, Mario Patrón, al subdirector Santiago Aguirre, y la coordinadora del área Internacional, Stephanie Brewer.

Por otro lado, personas relacionadas con Aristegui Noticias, entre ellos la periodista Carmen Aristegui y su hijo de entonces 16 años Emilio Aristegui, así como los reporteros Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, recibieron un total de 56 mensajes.

El periodista Carlos Loret de Mola recibió ocho mensajes mientras investigaba las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán, por parte de la Policía Federal; los periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, recibieron al menos tres mensajes.

 

 

“No sabemos si los periodistas asesinados antes de ello fueron espiados. No sabemos si algo así ocurrió, pero a la luz de lo que vemos, tenemos derecho a pensarlo”, ahondó Aristegui, quien añadió que “hay que decir no al miedo, a la censura, a los ataques de esta naturaleza y a la impunidad”.

En respuesta al artículo, el director para Medios Internacionales de la Presidencia de México, Daniel Millán, envió una carta a la dirección del rotativo estadounidense la cual destaca que, como el propio texto periodístico señala, “no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”.

“Para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho. Por tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”, indicó Millán en la misiva, difundida por redes sociales.

La carta hace un llamado “a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo a que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República (fiscalía), a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes”.