Quieren llevar a juicio a hombre acusado de violar a sus hijos y empujar suicidio de exmujer

MÉXICO.- Mireya Agraz se suicidó y envenenó a sus tres hijos junto con el padre de ella, abuelo de los niños de siete y cuatro años, después de una batalla de siete años en los que peleó sin éxito ante la justicia de la Ciudad de México para que su ex esposo, Leopoldo Olvera, no conviviera con los niños por antecedentes de abuso sexual.

La Procuraduría de Justicia de la CDMX concluyó en días recientes que la mujer y sus padres planearon con anticipación el envenenamiento de la familia (sólo sobrevivió la abuela, pero no recuerda nada) y dio “carpetazo” al caso, lo cual significa que está cerrado, que es mejor no moverle.

Pero a casi un mes de los hechos ocurridos el 4 de junio, activistas por los derechos de la infancia y la mujer opinan lo contrario, que el caso debe ser emblemático y no debe archivarse.

“No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir”, advirtió Karla Michel Salas, abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos en conferencia de prensa. “Hay muchas otras mujeres que hoy están peleando para que sus hijos no vuelvan a convivir con sus padres que son agresores sexuales”.

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La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), la institución civil que atendió a las dos hijas de Mireya  y al su niño de siete desde los primeros ataques sexuales, afirma que sólo en esta organización tienen 20 casos  “que son una copia del proceso lega del de Mireya”, según dijo la directora Laura Martínez.

“Tenemos conocimiento de otros 200 en otras organizaciones civiles. No existe un recuento oficial”.

A las activistas que defienden la reapertura de la carpeta de investigación del caso Mireya les preocupa particularmente una figura jurídica que en estos días se debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se denomina “Alineación Parental” y que no es otra cosa que la manipulación que pueda tener un padre sobre un menor de edad para que declare ante la justicia.

Leopoldo Herrera recurrió a este recurso en octubre de 2012, dos años después de que su ex mujer –en aquel entonces embarazada de dos niñas gemelas- emprendió una demanda penal en su contra cuando el niño mostró síntomas de molestia en el recto. “Lo llevó con un proctólogo para ver que tenía su hijo, ella no sospechaba nada”, afirma Martínez, de Adivac.

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Tenía, además, otros comportamientos atípicos: tuvo un retroceso para usar pañal, perdió el control de las esfínteres, se volvió agresivo, se tocaba los genitales y no quería ir al baño ni separarse de la mamá. El Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro confirmó el diagnóstico de agresión sexual en junio de 2011 y así quedó integrado en la averiguación previa del Ministerio Público.

Aún con estos precedentes las autoridades permitieron que Herrera viera a las niñas desde 2012 (el mismo año que solicitó la alineación parental para también ver al niño). Para el 2014 las menores narraron en la escuela “que su papá les picaba la cola y se tocaba por delante y por detrás”, según documentó Adivac.

El Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, también documentó abusos sexuales en contra del niño menor por lo que aún no está claro por qué el juez finalmente le dio la custodia de los niños en junio pasado y detonó el suicidio y envenenamiento de la familia, apenas fue notificada.

“Queremos que haya una investigación profunda y una revisión jurídica administrativa y penal  para evidenciar que hay negligencia y corrupción en el caso”, dijo la abogada Salas.