“Operación Matador” sería una excusa para detener a jóvenes migrantes
El gobierno de Trump está atacando a la pandilla MS-13 en Estados Unidos, pero un caso legal alega que se trata de jóvenes que escaparon a la violencia y los acusan injustamente de pandillerismo
La Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU) presentó una demanda colectiva contra el gobierno de Estados Unidos y varios de sus departamentos, alegando que usan ” vagas evidencias de presunto pandillerismo” para arrancar de sus familias a jóvenes migrantes centroamericanos, deteniéndolos para ser deportados.
La demanda pide a los tribunales el regreso de los jóvenes a la custodia de sus padres y una orden que impida que el gobierno de Donald Trump siga arrestando adolescentes que supuestamente están protegidos por la ley de Estados Unidos, sin tener verdadera causa para ello.
ACLU alega que el llamado “Operativo Matador” anunciado por Trump y el DHS hace algunas semanas para perseguir a supuestos pandilleros MS-13, “es parte de la estrategia de este gobierno para detener y deportar a menores que en teoría están protegidos por nuestras leyes, alegando que son pandilleros, cuando no es así”.
“El gobierno había reunido a estos jóvenes con sus familias hace años”, dijo William S. Freeman, abogado de la ACLU del norte de California, donde se presentó la demanda. “Todos ellos tienen procesos legales pendientes y sueños de vivir en Estados Unidos, pero han caído en las redes de un gobierno para el que es más importante deportar gente, que la justicia y la verdad”.
Los tres jóvenes mencionados en la demanda tienen diecisiete años, una edad en la cual se supone están protegidos por las leyes y acuerdos judiciales en torno al trato de menores migrantes, bajo el acuerdo Flores, que obliga a entregar a los menores lo antes posible a familiares o detenerlos en refugios y no cárceles.
El Departamento de Policía del condado de Suffolk, en Nueva York (SCPD) está involucrado en el operativo, así como la Oficina de Reasentamiento de Refugiados que debe ocuparse de asistir a los menores, pero que “está entregándoselos a ICE en base a alegaciones de pandillerismo que no son verificadas”.
J.G. es un joven salvadoreño que vivió en Long Island con su mamá Lorenza Gómez hasta el 19 de abril pasado, cuando fue arrestado por SCPD y encarcelado por caso dos meses, para luego ser trasladado a ORR y luego a un centro de detención para migrantes.
A.H. es un muchacho hondureño de 17 años que fue arrestado y trasladado a California primero y luego a otro centro en Nueva York. Antes de ser arrestado vivía con su mamá Ilsa Saravia en Amityville, Suffolk County.
F.E. es un joven de 17 años oriundo de El Salvador arrestado el 9 de junio en la casa de su madre y padrastro en Long Island.
“Estamos hablando de jóvenes que fueron arrestados por pelear con un amigo, o por mostrar orgullo por su país El Salvador”, dijo Steven Kang, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “La ORR está aceptando sin cuestionar que estos jóvenes deben estar tras las rejas por su origen o cómo lucen”.
F.E., por ejemplo, había sido detenido por la calle en varias ocasiones por la policía de Suffolk County, pero cuando pidió una reunión con ellos para pedir que dejaran de hostgarlo no se la concedieron, dice la demanda. El 9 de junio, cuando caminaba a casa de una práctica de soccer y peleaba “de mentiras” con un amigo, fue arrestado por “desorden público”.
Lo dejaron libre cinco días después, pero fue arrestado de nuevo por las autoridades para ponerlo en deportación.
El SCPD ha estado bajo un “acuerdo extrajudicial” con el Departamento de Justicia desde el año 2009 por discriminación policial contra la comunidad latina, por hacer exactamente lo mismo que se le hizo a estos tres jóvenes.
