Editorial: En defensa de los periodistas en México

Quizá en otro país la historia hubiera tenido el final feliz del corrupto preso. En Veracruz, México, Ríos fue asesinado a balazos

La intimidación de los periodistas suele conducir a la autocensura, a la falta de información de una comunidad. Cándido Ríos nunca creyó en eso.

Las amenazas de los políticos, la golpiza de los policías -esa que lo dejó cojeando- no lo asustaron. Por el contrario, el periodista de El Diario de Acayucan hizo un video con una denuncia clara e impactante de la corrupción local. Es también un relato revelador de la vocación de un informador.

Quizás en otro país la historia hubiera tenido el final feliz del corrupto preso. Siendo Veracruz, México, Ríos fue asesinado balazos.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación rápidamente dijo que la muerte de Ríos fue un accidente, porque el blanco de los asesinos era un exinspector de policía y su guardaespalda que estaban con el periodista. Que no estaba vinculado a su profesión.

La reacción oficial parece más interesada en proteger un programa federal que en resolver el crimen.

El periodista estaba bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Procuraduría General de la República. En marzo pasado el periodista Cecilio Pineda fue asesinado después de llevar meses de idas y vueltas por la protección inadecuada que se le ofreció.

Es obvio que, diga lo que se diga, con Ríos tampoco funcionó.

El país vecino sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo para los periodistas. Allí no es como en Somalia, Irak, Sudán del Sur y Afganistán que los informadores mueren en guerras.

En México caen con la complicidad del poder civil. Numerosos estudios reportan que las mismas autoridades son a veces hasta más peligrosas que los cárteles.

En 2017, asesinaron a nueve periodistas, uno está desaparecido y hubo 272 amenazas y agresiones, según la organización Artículo 19. En los últimos 17 años, por lo menos 126 informadores fueron muertos, y solo tres sentencias se emitieron en ese período, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La idea del mecanismo de protección a los periodistas es buena. El problema es que no está guiado por una política amplia de protección ni está integrado como para dar esa protección a lo largo de los gobiernos estatales y locales. Además, le falta transparencia, recursos operativos y capacidad técnica, entre otros.

Precisamente, el problema está en la conducta criminal e impune con que se manejan las autoridades estatales y locales. Este parece ser el caso de Ríos.
El homicidio de un periodista es un ataque la sociedad en su conjunto. El golpeado pueblo de Veracruz pierde un periodista más, ya van varios. Hasta cuando los mexicanos verán impotentes cómo se silencian sus voces por la falta de voluntad política.

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