La fiscalía de NY recupera $2.7 millones en salarios debidos a trabajadores

Asegurar que se cumple la normativa laboral y se protegen los derechos de los trabajadores es una de las labores en la que está poniendo énfasis el fiscal general del estado, Eric Schneiderman. De hecho, en lo que va de año su oficina se ha encargado de casos que han supuesto la devolución de un total de $2.7 millones en salarios robados a unos 1,500 trabajadores de la industria de la comida rápida, el lavado de carros, la construcción, el cuidado de los ancianos e incluso la producción de películas.

Son cifras que se reflejan en el Informe Laboral de 2017 de una fiscalía cuyo titular ha sido uno de los defensores de la subida del salario mínimo a $15 y crítico de muchas medidas tomadas por la Administración Federal con la actual presidencia. Desde 2011, la fiscalía ha recuperado casi $30 millones en salarios robados a más de 21,000 trabajadores.

“Estoy comprometido a luchar en nombre de los trabajadores de Nueva York para asegurar que obtienen un pago justo por cada jornada de trabajo”, explicaba Schneiderman en un comunicado.

Entre la empresas que más ha tenido que responder a la fiscalía están algunas de las franquicias de la pizzería Domino. Tres de ellas fueron acusadas de pagar menos a los trabajadores en varios condados y tuvieron que restituir unos $480,000. En total, el fiscal ha asegurado acuerdos con 71 franquicias de Domino en el estado que están en manos de 15 empresas y suponen más de la mitad de las franquicias de esta cadena y un tercio de todas las tiendas en el estado.

Pero los problemas no se han encontrado solo en estos restaurantes. El fiscal pidió el arresto del dueño de K.M.S. Restaurant Group por no pagar cientos de miles de dólares a 34 trabajadores entre otras violaciones de obligaciones laborales. Este empresario fue condenado a 60 días de cárcel y cinco años de libertad condicional. La cárcel también pende para otro empresario, Vickram Mangru, que no pagó salarios prevalecientes (establecidos para proyectos de contrucción financiados con fondos públicos) a 10 trabajadores.

En un momento en el que la retórica antiinmigrante no hace más que elevarse y la política a nivel federal ha asentado esta hostilidad, el informe del fiscal reitera la dedicación de su oficina por proteger a los trabajadores inmigrante en el estado. Muchos de los casos que conciernen a asuntos salariales han resultado en restituciones a trabajadores inmigrantes. “Como consecuencia de un aumento de las discriminaciones tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, mi oficina ha organizado eventos comunitarios con grupos pro inmigrantes para mandar el mensaje de que en el estado de Nueva York todos los trabajadores están protegidos independientemente del estatus migratorio”.