Editorial: Espionaje contra inmigrantes

Lo que un inmigrante o ciudadano naturalizado diga a través de sus medios sociales podrá estar en su archivo del Departamento de Seguridad Interna (DHS) a disposición de quien lo solicite en el gobierno federal.

DHS asegura que no es nada nuevo que el gobierno federal recogerá los nombres, identificaciones, alias, la información asociada identificable y los resultados de las búsquedas. Dice que no es más que una actualización tecnológica de lo que ya se puede hacer.

Sea lo que sea, esta es una intromisión en la privacidad del individuo. La recaudación y almacenamiento de esta información es un arma peligrosa  que puede ser mal utilizada por el gobierno.

Es inevitable recordar que la administración Trump solicitó a la justicia que Facebook entregara las cuentas de tres usuarios que son descritos por abogados del gobierno como “activistas en contra de la administración que han hablado en eventos organizados y que generalmente son muy críticos de las políticas de esta administración”.

Se estima que el acceso a estas cuentas revela las identidades e información personal de miles de personas que alguna vez tuvieron contacto con ellas o con sitios en línea de internet ligados a esas cuentas.

Si estas personas fueran inmigrantes o ciudadanos naturalizados no sería necesaria una orden de un juez. A partir del 18 de octubre, cuando entre la nueva norma, DHS tendrá acceso a esa información.

Esto debe ser motivo de preocupación para todos los estadounidenses. La privacidad del nativo no estará a salvo si tiene contacto con inmigrantes y ciudadanos naturalizados a través de un medio social.

Ya en 2010 DHS comenzó a vigilar los medios sociales con el fin de ayudar en casos de desastres naturales, conociendo lo que ocurre a través  de la información que pone en línea el público. Poco a poco la conversación fue más sobre seguridad y menos sobre naturaleza.

El ataque terrorista en San Bernardino en 2015 aceleró el proceso. Los comentarios de una de los atacantes, visibles solo para un reducido grupo de amigos, crearon la impresión de que pudo haberse evitado. Esta posibilidad  fue posteriormente rechazada. Hasta el momento no se identificó ningún caso de terrorismo que pudo haber sido prevenido a través de un medio social.

Es más, un reporte del Inspector General del DHS de febrero 2017, señaló que los programas en que está basado el nuevo sistema no ayudan a la agencia a “tomar decisiones informadas cuando están diseñados para los medio sociales.”

Esto es un espionaje legal en medios sociales que será utilizado por un gobierno con antecedentes de querer perseguir a opositores. Todo con la excusa de la seguridad nacional cuando se sabe que la tecnología no sirve para ese uso. Este es un peligroso abuso de poder.