El fin de DACA causa angustia, incertidumbre pero también nueva energía para dos jóvenes latinas

Cuando Jeannie Padilla, sicóloga y misionera de 23 años, escuchó que el presidente Donald Trump iba a eliminar el programa DACA, su primera reacción fue sufrir un choque emocional.

Luego, comenzaron los posibles planes de vida sin DACA. ¿Seguir en las sombras? ¿Irse del país?

“No lo podía ni quería creer”, dice Padilla, quien creció en Ventura, California, pero está actualmente trabajando en Wichita, Kansas en un refugio que atiende a jóvenes en zonas urbanas pobres. “El nos había dicho al ser electo que no tendríamos de qué preocuparnos, que nos trataría con corazón”.

Hasta entonces, la joven no era de las que hablaba públicamente de su estatus. Incluso cuando obtuvo DACA, un beneficio que “cambió todo” para ella, siguió estudiando y trabajando en silencio, sin llamar mucha atención a sí misma.

“Luego de DACA pude manejar, tener un trabajo, pagar por mis cosas, no ser una carga mayor para mis padres”, explica. “Comencé a vivir mi vida y me gradué el año pasado en Cal State Long Beach”.

Ahora la pregunta que Jennie se hace es: “¿Qué hará con mi futuro si no hay una solución para esto?”. La angustia que sentía antes de 2012 vuelve a asomarse.  Pero algo ha cambiado.

“He estado muy alterada y desde ese día comencé a revelar mi situación a la gente que me rodea. En cierta forma, esto me inspiró a usar mi voz y a contarle a la gente con la que trabajo y vivo el por qué esto me afecta”, cuenta.

La respuesta la ha sorprendido. La mayoría de la gente con la que habla han sido comprensivos y la apoyan. Pero su permiso de trabajo expira en agosto de 2018 y ya no alcanzó a renovar DACA una vez más, tal y como lo permitió la decisión de Trump.

En cierta forma, el anuncio le quitó el miedo de hablar.

“Ya no quiero vivir en el temor, estoy harta y también harta de mentirle a la gente”, apuntó la muchacha. “Ahora estoy buscando opciones de vida futura y apoyando a otros como yo que también tienen un futuro incierto”.

Jennie comenzó a participar en una organización local en Wichita.

“Creo que lo más importante es no sentirse solos. Hace poco fui a un mítin, después de la decisión de Trump, y escuchar las historias de otros hizo que no me sintiera tan sola”, agrega.

Por ahora, Jennie se pregunta si tendrá que irse del país. “Mi mamá tiene ciudadanía italiana, así que puedo obtener ese pasaporte y mi hermana vive en Panamá. Quizá la opción es comenzar mi vida en otra parte”.

El efecto del fin de DACA

De no haber una solución legislativa  para los Dreamers en los próximos meses, decenas de miles de beneficiarios de DACA habrán perdido sus permisos el próximo 5 de marzo de 2018.

Otros 207,000 lo perderán entre el 6 de marzo y finales de diciembre. A partir del 1 de enero de 2019, otros 321,000 beneficiarios quedarán desamparados. Las cifras son oficiales, entregadas por la portavoz Sharon Rummery, de USCIS (Agencia de Inmigración y Naturalización).

Si no logran otra forma de legalizar su estatus, estos jóvenes DACA volverán a ser indocumentados, podrían perder empleos, ver sus ingresos reducirse y tener dificultades para pagar vivienda, hipotecas, pagos de carro y otros compromisos adquiridos con la “legalidad” temporal que ofreció el permiso de trabajo.

Lo más grave, el gobierno tiene sus datos y de inmediato, pasarían a formar parte de los “vulnerables” a redadas, operativos migratorios y “reapertura” de casos de deportación que tenían pendientes cuando adquirieron DACA.

Eliana Fernández, ecuatoriana de 29 años residente en Nueva York, es otra joven que se ha involucrado en el activismo, al ver en ello la mejor opción para buscar soluciones.

Como muchos receptores de DACA, Fernández tiene hijos nacidos aquí. Se calcula que unos 200,000 mil niños ciudadanos tienen papás DACA.

Desde que tiene el programa, Fernández compró una casa para ella, sus hijos y sus padres. El fin inminente del programa “nos afecta económica y emocionalmente”, dice la joven, que vino con sus papás a los 14 años.   Su permiso caduca el próximo año y tampoco llegó a calificar para la última renovación.

“Lo primero es seguir trabajando, seguir llevando nuestras historias a las calles y a los tribunales”, dijo la joven, quien es parte de una demanda federal contra el gobierno federal que cuestiona la legalidad de terminar con el exitoso programa.

“Trato de no pensar mucho en ello ya que me afecta demasiado”, apunta. “Tengo proyectos para después, si pierdo mi estatus, pero por el momento me voy a concentrar en hacer lo posible para estar activa en las soluciones”.