¿Cómo se sigue el juicio contra el ex gobernador Eugenio Hernández?

MEXICO – A  decir por el momento en que fue detenido, el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández (Ciudad Victoria, 1960), estaba seguro de que su poder estaba intacto, el mismo  que le había permitido sortear varias carpetas de investigación, procesos judiciales y acusaciones mediáticas tanto en México como en Estados Unidos.

A pesar de que el  fiscal Anticorrupción del estado, Javier Castro, había anunciado que le pisaban los talones con una investigación en su contra, Hernández se paseaba  orondo en una motocicleta BMW con una bola de amigos el pasado 6 de octubre por una carretera cercana a su terruño natal cuando policías ministeriales encapuchados le cerraron el paso y en unas cuantas horas lo mandaron al Centro de Ejecución y Sanciones de Ciudad Victoria.

“Seguiremos llamando ante los tribunales a cualquier personaje realice actos de corrupción en nuestro estado“, sostiene Castro a la fecha y tras aclarar las causas por las cuales será procesado judicialmente el ex gobernador: peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Eugenio Hernández es el primer pez gordo que cae por la investigación de las autoridades locales tras la transición que dio el poder por primera vez en la historia de la entidad a una fuerza política alterna al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó localmente durante 86 años.

“Este tipo de juicios contra funcionarios públicos sólo pueden darse cuando hay alternancia, cambio de partido, porque México aún no tiene procuradurías de justicia independientes y dependen de que haya voluntad política de los gobiernos en turno“, advirtió Jorge Javier Romero analista político de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Actualmente el gobierno tamaulipeco está en manos del Partido Acción Nacional (PAN) a la cabeza de Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien declaró la guerra al crimen organizado tras un periodo oscuro en el que, según las autoridades estadounidenses, los gobernadores permitieron  operaciones y hechos sanguinarios de los carteles del Golfo y los Zetas.

El juicio que de manera local persigue a Hernández no está relacionado, por ahora, al narcotráfico sino a la compra tramposa de un terreno de 1,600 hectáreas que era propiedad del gobierno a un precio 100 veces menor al real a través de artimañas legales, abuso de la ley que protegía el secreto de los fideicomisos, creación de empresas fantasma y testaferros (prestanombres).

La fiscalía estatal  no revela si tiene una carpeta abierta en contra de Hernández que sea espejo y complemento del proceso abierto en una corte de Austin, Texas, por lavado de dinero de 30 millones de dólares presuntamente procedentes de actividades criminales de Zetas y Golfo a los que el ex gobernador dio protección. Por ahora.

“Estas practicas que permiten a políticos mexicanos enriquecerse ilícitamente prevalecen al amparo de la protección que se ofrecen unos con otros (yo robo, tú robas, él roba). Por eso los juicios que ahora vemos contra ex gobernadores corruptos están relacionados al cambio de partido en el poder hasta que haya un sistema que impida la impunidad por protección“, agregó Romero.