A un mes del terremoto en México crece el caos y la desconfiza de lo afectados en su gobierno
Se incrementan los casos de corrupción, la negligencia y los conflictos de interés
“Si no tuviéramos que hacerle tanto, ¿qué se le hace?”. Uno de los propietarios de un emblemático edificio de Ciudad de México dañado en el terremoto del 19 de septiembre le habla a un perito que lo revisa.
Un inquilino del Basurto, una construcción art decó de 1945 de la Condesa, una de las colonias más golpeadas por el sismo, escucha lo que no quiere escuchar.
Esta es una de tantas historias que evidencia la desconfianza hacia las dudosas y polémicas evaluaciones de daños tras el terremoto , y cómo un país que se creía preparado para los temblores no tiene un sistema aceitado para revisar daños y cómo esto se presta para el caos y las sospechas.
Pese a que en la capital mexicana tiene una estricta regulación en materia de construcción, no siempre se cumple y el auge inmobiliario ha generado una voracidad por construir que muchas veces viene de la mano de la corrupción, la negligencia y los conflictos de interés.
El temblor de magnitud 7,1 sacó a la superficie lo que algunos denunciaban desde hace años. Y destapó una serie de irregularidades en materia de construcción que ocasionaron la muerte de decenas de personas y pone en riesgo a muchas más ante una posible nueva sacudida.
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El terremoto dejó 369 muertos en todo el país, 228 de ellos en Ciudad de México. Al menos 89 fallecieron en 10 construcciones donde hubo corrupción, según un estudio presentado esta semana por la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa de la capital (ALDF). La fiscalía de la ciudad abrió 156 investigaciones ( nueve de ellas por homicidio culposo) vinculadas con 144 inmuebles afectados .
El miedo de que no se hagan las reparaciones necesarias está presente.
“No queremos que esto sea como lo del 85”
— No queremos que esto sea como lo del 85, con todo lo que se hizo en el 85, ¿qué opciones nos das?, le preguntó el señor a quien revisaba la estructura preocupado porque el terremoto de aquel año desencadenó meses de reparaciones.
— Si lo que yo te estoy diciendo no te gusta, dime qué quieres hacer, y conforme lo que tú quieras hacer entonces ya te digo si está bien o no está bien, le respondió el experto que a continuación explicaría que lo urgente era apuntalar la torre tres y poner muros de refuerzo.
Entonces el dueño de uno de los 42 apartamentos soltó la frase que dejó a este inquilino, que prefiere que su nombre no salga publicado, sorprendido y molesto: “Bueno, pero si no tuviéramos que hacerle tanto, ¿qué se le hace?”
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Los administradores al principio insistían en que no había sufrido “daño estructural”, pero a casi un mes del terremoto las 11 plantas permanecen deshabitadas, con excepción de un solitario vigilante que dice no tener miedo de un nuevo temblor.
Uno de los peritos que revisó el apartamento de este inquilino al ver una trabe (viga) afectada en el salón principal comentó: “‘Esta sí es peligrosa’. Si se vence, se vence todo. Esto sí es urgente de reparar porque si llega a haber otro movimiento, todo este pedazo se cae “.
A los arrendatarios les dijeron que debían abandonar el edificio porque las reparaciones iban a ser incómodas. “Pero no nos salimos por eso, nos salimos porque el edificio está muy lastimado”, comenta este hombre que lleva siete años en el Basurto. “Nos salimos porque es urgente que nos salgamos. Me parece disfrazar la situación “.
“No le dan la seriedad y a mí me genera una enorme desconfianza. P areciera que les preocupa más que el edificio no tenga esta fama de que se va a caer que ser claros, que ser honestos con los inquilinos y decir ya el edificio está bastante mal, es un tema de dinero, entrar en reparaciones y dejar de cobrar rentas muy altas, de US$3.000 o US$2.000″.
Al Basurto ahora no se puede ingresar ni a retirar efectos personales. Pero su guardia sigue vigilando un edificio sin inquilinos y con grietas.
La administración no respondió llamadas telefónicas realizadas por BBC Mundo. El edificio cuenta con un comité técnico del que forman parte cuatro arquitectos. Una de ellas, Paloma Vera, ha asegurado que tras las visitas de distintos expertos y de Protección Civil “en ningún caso determinaron que existieran daños mayores o de riesgo”.
“Está más que claro que hay daños y, evidentemente, vamos a tener reparaciones en muy distintos rubros” pero “un edificio ‘dañado’ quiere decir que su estructura se dañó y que está en riesgo de colapsar. Definitivamente, ésa no es la categoría del Basurto”.
Vera, quien vive en el edificio, dice que no están alarmados y que aunque presenta algunos daños en elementos estructurales, es reparable. “No es que sea irrecuperable”, señala. El dictamen del Director Responsable de Obra (DRO), dice Vera, establece que el edificio “presenta un daño estructural, sin embargo es reparable y se está trabajando de manera inmediata en su proyecto de refuerzo”.
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“Quiero creer que no hay gente que pone en riesgo vidas humanas”
“Estas situaciones de emergencia”, dice Isaac Ades, “sacan lo peor de la gente y desafortunadamente lo mejor de la gente” .
“Me duele mucho que la gente lucre con la desgracia ajena. Quiero creer que no hay gente que pone en riesgo vidas humanas”, explica este arquitecto independiente que ha inspeccionado cientos de construcciones desde el temblor.
Hubo gente que, preocupada y desconcertada, le contaba que seis ingenieros que revisaron su vivienda les habían dicho todos cosas distintas: “¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser?”.
La respuesta es que hay demasiado dinero y demasiados intereses en juego. Dueños de edificios llegan con sus propios expertos a minimizar los daños, grupos inmobiliarios vienen con sus peritos a decirle a la gente que su vivienda era inhabitable y a hacerles una oferta de compra por sumas irrisorias, construcciones dañadas son verificadas por personas cuya licencia para hacerlo estaba suspendida desde hace más de una década.
Hay edificios con dictamen de inhabitable cuyos dueños los están reparando para intentar alquilarlos y escuelas afectadas habilitadas por quienes llevaban más de una década con su licencia vencida. El ingeniero que avaló al Colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños y ocho adultos, revisaba otras escuelas tras el sismo .
“No nos morimos más por fortuna “, afirma Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, una organización ciudadana e integrante de Verificado 19-S, la iniciativa digital que surgió horas después del terremoto y se convirtió en instrumento clave para confirmar información, recolectar donaciones y distribuir apoyos.
Para Tapia el temblor dejó en evidencia que la ciudad carece de “un sistema de información y atención rápida a las derrumbes y de revisiones y a la seguridad de los edificios. Eso no existe”.
“Hay mucha incertidumbre”, apunta, “y hay pocos incentivos para que estos dueños se comporten de manera responsable “.
Los únicos habilitados y avalados por el gobierno para realizar un estudio exhaustivo que determine cuánto sufrió una construcción y si presenta un daño estructural son los DRO (Director Responsable de Obra) y los CSE (Corresponsable de Seguridad Estructural). Ellos son contratados por las mismas empresas constructoras a las que deben vigilar lo que abre la puerta a flagrantes conflictos de interés.
La lista de estas personas se encuentra en una base de datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la capital, que una semana después del terremoto anunció que como consecuencia del temblor sus oficinas y sus sistemas de información se habían visto afectadas.
Es decir, luego del temblor no se pudo saber quiénes eran los DRO y CSE habilitados y cuáles habían sido los encargados de aprobar y evaluar construcciones que habían sufrido daños ni tampoco la información sobre el uso de suelos permitido en cada edificación. La suspicacia fue inevitable.
“Presumimos que la caída del sistema no es otra cosa que una forma de obtener tiempo para tapar todos los hoyos de la corrupción que existe donde se han privilegiado el compadrazgo y tal vez los negocios oscuros”, denunció el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles.
BBC Mundo solicitó una entrevista con Seduvi, pero no obtuvo una respuesta.
Las sospechas sobre cómo se dan tantas irregularidades en la construcción de edificios también recaen sobre las delegaciones, los órganos político-administrativos en los que está dividida Ciudad de México.
El arquitecto Ades, quien suele dedicarse a intervenir y recuperar inmuebles catalogados como patrimonio arquitectónico, trabaja desde 2004 en la colonia Roma, que concentra el 11% de estas edificaciones en la ciudad. Para poder intervenir en uno de ellos es necesario cumplir con varias normativas.
El hecho de que tanto Roma y Condesa sean desde hace años barrios de moda, con algunas de las rentas más altas de la ciudad y una rica oferta gastronómica y de bares ha llevado a una desesperación por construir donde sea y como sea .
Y Ades asegura que se presta para los sobornos: “Acabo de perder un trabajo porque yo no doy mordida. No pago corrupción y mi tiempo en sacar trámites es mucho más largo, entonces yo me vuelvo incompetente”.
“La última obra que ingresé en la Roma me pidieron por ingresar los documentos y luego a ver si sale la licencia o no, me pidieron 128.000 pesos (US$6.800) y 30.000 pesos (US$1.600) por cada departamento para darme la terminación de obra al final”.
“Para construir pagas todo, todo, todo tienes que pagar”, dice, ” acá con dinero levantas lo que quieras donde quieras , el caso del helipuerto es perfecto. Es una cosa ridícula, es indignante”.
El caso del helipuerto también es emblemático.
El helipuerto de la polémica
Ciudad de México se ubica por encima de dos placas tectónicas y está construida sobre un antiguo sedimento de un lago. No sólo está en una zona propensa a los sismos, sino que estos se sienten de manera especial por la blandura del suelo.
Las zonas de Roma y Condesa son particularmente vulnerables . El uso de suelo aquí debería regularse de forma más estricta que en otras partes. Pero no siempre ocurre.
En el 238 de la avenida Nuevo León, en Condesa, los vecinos empezaron a sentir ruidos casi un año atrás y notaron algo extraño. En lo alto del edificio construían lo que en un principio pensaron que se trataba de un roof garden y los tildaron de locos cuando denunciaron que se trataba de un helipuerto. Lo supieron porque alguien utilizó un dron para tomar imágenes aéreas.
Un helipuerto en la azotea de un edificio de ocho plantas en una zona residencial que, evidentemente, no había sido autorizado y, aunque tras las denuncias de los vecinos fue clausurado, nunca se ejecutó su demolición. Hoy, tras el sismo, los dos colindantes están deshabitados y con riesgo de derrumbe.
La empresa constructora del helipuerto se defendió y aseguró que la obra no fue responsable de las afectaciones a los edificios. El gobierno de la ciudad anunció dos semanas después del sismo que el helipuerto, que ya había ordenado demoler en febrero, sería desmantelado . Las familias de dos edificios todavía no pueden volver a sus casas.
“El riesgo en el 230 es por daños en muros, pero por la incertidumbre que presenta el helipuerto”, cuenta Mony de Swaan —propietario de un apartamento en uno de los edificios vecinos— “hay quienes dicen que se va a caer, otros que no tiene ningún problema”.
“La ausencia de autoridades ha sido tan preocupante como la presencia con criterios distintos, descoordinados y heterogéneos. Protección Civil dijo que era perfectamente habitable. U n especialista de la UNAM dijo que ni de broma viviría ahí “. Un estudio a fondo de la estructura costaría 250.000 pesos (US$13.400). No se sabe si se va a hacer, ni quién lo pagaría.
“Está documentada la corrupción rampante, no se puede limitar a una autoridad, hay claros actos de omisión, negligencia y corrupción por porta de la delegación, y del gobierno central”.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) divulgó una investigación hace un año en la que daba cuenta de 79 oficios girados a la delegación para supervisar y detener obras en 63 inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Las denuncias de inacción fueron rechazadas por la delegación.
El jefe de la delegación Cuauhtémoc, que abarca a las zonas de Condesa y Roma, Ricardo Monreal deslinda responsabilidades. En diálogo con BBC Mundo, asegura que su entidad no autoriza el uso de suelo, que la mayoría de las construcciones afectadas son previas a 1985, y que en el caso del helipuerto “la demolición no se ha llevado a cabo porque no depende de la delegación”.
Pero admite que el sismo debe ser una oportunidad: “La lección es que tenemos que ser más estrictos en el desarrollo inmobiliario, he planteado que se modifiquen las leyes de construcción”.
“Las responsabilidades están indefinidas y eso es camino fértil para la corrupción”, se lamenta Josefina MacGregor, de la organización Suma Urbana, que durante años ha advertido sobre las irregularidades inmobiliarias en la ciudad.
“Hay desconcierto, pánico y enojo en la ciudadanía”, afirma, “es una agresión brutal a la sociedad “.
MacGregor ha denunciado que en los últimos años se realizaron controversiales cambios al Reglamento de Construcciones de la ciudad. Entre ellos, la derogación de normativas que habilitaban la clausura de una construcción cuando “se use una construcción o parte de ella para un uso diferente del autorizado” y cuando “las condiciones originales en las que se otorgó el Visto Bueno de Seguridad y Operación hubieren variado”. Cualquier persona, asegura, “puede hacer cambios de uso en sus inmuebles sin mayor restricción, ya que no es punible”.
Otros de los polémicos cambios fue eliminar la necesidad de que una constructora y el DRO y el CSE celebren un contrato de servicios, y exime al DRO de su obligación de verificar las firmas de los proyectistas de planes y de los expertos en el estudio de mecánica de suelos.
“Tras el sismo del 85 se hablaba de la desgracia. Ahora se habla de la corrupción” , dice MacGregor.
Esta activista cuestiona que desde 2009 ha pedido, sin éxito, que se haga público el Atlas de Riesgo de la ciudad elaborado por especialistas y que detalla la vulnerabilidad de las distintas zonas. Más de 100 ciudadanos pidieron a través de las leyes de acceso a la información que se divulgue y la solicitud fue denegada. Creen que el motivo es que de conocerse tendría un alto impacto en el mercado inmobiliario.
En los últimos días, ante la creciente presión, el gobierno de la ciudad divulgó un Atlas de Riesgo, que MacGregor asegura no es el Atlas de Riesgo original. “Este mapa por sí solo no nos dice mucho porque no estamos asociando la condición del subsuelo con lo que se encuentra en la superficie”, cuestiona.
“Si existiera además un mapa con la información de catastro indicando los usos de suelo y las construcciones que se pudiera superponer”, agrega, “podríamos cruzar la información y ver dónde están en una zona de alta ‘sismicidad’ los edificios (su antigüedad), casas, escuelas, gasolineras y hospitales”.
“Me da miedo de que lo vayan a rehacer bien”
En Ciudad de México colapsaron 51 edificios y miles registraron daños, 79 inmuebles fueron catalogados de alto riesgo tras el sismo y 40 son “susceptibles de demolición “. Esta semana comenzaron los trabajos de derribo en algunas zonas de la ciudad.
Una persona que lleva pocos meses en un edificio de reciente construcción que resultó afectado —apenas en mayo de este año empezó a ser habitado— se queja de que los inversionistas en el proyecto, a través de la vendedora, les enviaron un dictamen en el que se asegura que no hay daño estructural y que ya cuentan con un permiso de la delegación para hacer las reparaciones correspondientes.
Esta persona prefiere no ser identificada. El edificio se encuentra en Eje Central 418, en la colonia Portales, donde otra construcción nueva sufrió daños.
“Están diciendo que van a hacer lo que les obligue la ley, pero nos están dando un dictamen que no tiene sentido”, se lamenta, “ellos no se pueden evaluar a sí mismos, es un chiste, cómo el mismo se va a evaluar”.
Esta persona asegura que el edificio está inhabitable y que Protección Civil determinó que había un “riesgo alto” en muros, escaleras y balcones y que la Procuraduría (fiscalía) General de Justicia de la ciudad colocó sellos en los que dice que el DRO, quien ya dio autorización para la demolición de muros dañados, está siendo investigado por fraude.
“Mi preocupación es que el edificio no está bien construido y no tendría que haber pasado esto, a mí me da mucho temor el edificio, y me da miedo de que lo vayan a rehacer bien. ¿De qué forma lo van a arreglar?”.
