Nuevas leyes protegerán a inquilinos de acoso por estatus migratorio
El Concejo Municipal analiza añadir a la definición de acoso en la vivienda la solicitud de documentos que comprueben el estatus migratorio
El Comité de Inmigración del Concejo Municipal, presidido por el concejal Carlos Menchaca, discutió este jueves en una audiencia pública tres proyectos de ley que clasificarían como acoso cuando los caseros soliciten los documentos que comprueban el estatus migratorio de los inquilinos.
La aprobación de este paquete de leyes, presentado por los concejales Peter A. Koo y Jumaane D. Williams, ampliaría las protecciones para las familias inmigrantes como parte de la promesa de ‘ciudad santuario’ de la administración del alcalde Bill de Blasio, dijeron los concejales.
El proyecto de ley Int. 1678-2017, planteado por el concejal Koo, agregaría a la definición legal de hostigamiento cuando el casero se niegue a aceptar una identificación emitida por el gobierno de la ciudad, como el ID Municipal.
Koo explicó que esta legislación protegería a los inquilinos de caseros que les exigen documentos que comprueban su estatus legal migratorio en el país o cualquier otro documento federal, pese a que el residente haya presentado pruebas de identidad expedidas por las agencias de la Ciudad de Nueva York.
“Básicamente, este proyecto de ley enmendaría el actual Código Administrativo de la ciudad para proveer garantías adicionales a nuestras comunidades inmigrantes, además de las ya existentes como la discriminación por edad, etnicidad, color y origen racial, entre otros”, dijo Koo.
Además, la enmienda de esta definición permitirá a los inquilinos presentar demandas de acoso por prácticas discriminatorias en el Tribunal de Vivienda.
Koo dijo que, aunque las denuncias de acoso son atendidas actualmente por la Comisión de Derechos Humanos en virtud de la Ley de Derechos Humanos, “ampliar la definición de acoso facilitaría a los inquilinos presentar reclamaciones de hostigamiento contra los propietarios y caseros directamente en la Corte de Vivienda”.
Los propietarios condenados bajo esta legislación estarían sujetos a sanciones civiles de entre $1,000 y $10,000, explicó el concejal.
Discriminación no será tolerada
Además, el proyecto de ley Int. 1721-2017, del concejal Williams, también agregaría la discriminación por estatus migratorio a la actual definición de acoso en la vivienda.
Williams explicó que las amenazas de deportación, entra otras prácticas discriminatorias asociadas al estatus legal de un inquilino, quedarían incluidas formalmente en el lenguaje legal del Código Administrativo de la ciudad.
Esta modificación, en conjunto con el proyecto de ley del concejal Koo, agilizaría el acceso a la justicia de los inquilinos víctimas de estas prácticas discriminatorias.
Hearing @NYCHousing @NYCImmigrants @NYCCHR about @NYCCouncil38 @JumaaneWilliams @DRichards13 bills to fight tenant harassment @Met_Council pic.twitter.com/Bel29FwAFq
— Helen Rosenthal (@HelenRosenthal) October 19, 2017
“Estamos viendo cada vez más casos de neoyorquinos que enfrentan situaciones que no serán toleradas en nuestra ciudad. El estatus migratorio no debe ser un factor decisivo para que un neoyorquino obtenga acceso a la vivienda”, dijo Williams.
En los últimos dos años, la Comisión de Derechos Humanos ha duplicado el número total de investigaciones sobre discriminación basada en el estatus migratorio y/o el origen nacional. Los funcionarios de la agencia dijeron que se presentaron 376 reclamos en 2016/2015 en comparación con los 155 en 2014/2013.
Solo en 2016, la Comisión duplicó el número de nuevas investigaciones sobre la discriminación basada en el estatus migratorio y/o el origen nacional en la vivienda, atendiendo 60 reclamaciones en 2016 en comparación con 22 en 2015.
La mexicana Jacinta Noriega, una trabajadora doméstica de Staten Island, dijo que las legislaciones deben ser aprobadas lo antes posible, especialmente en un momento en el que la ciudad experimenta un alza en casos de discriminación por estatus legal.
“En Staten Island hay muchas familias que están con un pie en la calle por la falta de corazón y humanidad de los caseros. No tener una tarjeta verde no debería ser un impedimento para rentar un lugar digno para nuestros hijos”, comentó Noriega.
La mexicana es una de cientos de inmigrantes que han enfrentado dificultades para alquilar apartamentos en la ciudad.
Entre tanto, el tercer proyecto de ley, el Int. 1269-2016 del concejal Donovan J. Richards, también se discutió en la audiencia pública. Esta legislación permitiría a los fideicomisos comunitarios entablar acuerdos regulatorios con el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) para el desarrollo de apartamentos asequibles.
Más casos de discriminación:
- Actualmente, bajo la Ley de Derechos de Humanos de la ciudad, los caseros que acosan y discriminan a sus inquilinos por estatus legal enfrentan una multa civil de hasta $250,000
- Actualmente hay 291 investigaciones abiertas sobre la discriminación basada en el estatus migratorio, según Hollis Pfitsch, comisionado adjunto de la Oficina de Cumplimiento de la Ley en la Comisión de Derechos Humanos.
- Del total de casos abiertos este año, 89 reclamaciones son específicamente de vivienda.
- El número de investigaciones se ha duplicado en los últimos tres años, según dijo el comisionado.
- Ante el creciente reporte de prácticas discriminatorias, la Ciudad aumentó los fondos de ayuda legal a inquilinos. Actualmente más de 1 de cada 4 residentes tiene representación legal en el Tribunal de Vivienda.
Denuncia el acoso y la discriminación:
Si crees que eres víctimas de discriminación por estatus migratorio o acoso por parte de tu casero o dueño del edificio, puedes reportar el caso al 311 o directamente a la Comisión de Derechos Humanos al (718) 722-3131. Todas las llamadas son confidenciales.