Empresarios latinos de Cypress Hills denuncian lluvia de multas por sus toldos
En los últimos dos años más de 80 negocios han sido penalizados con cantidades de $5,000 en adelante
Julio Tavares es dueño de Tavares Restaurant desde hace más de 11 años en el vecindario de Cypress Hill, en Brooklyn. El suyo es uno de los 80 negocios que desde 2015, pero con especial intensidad en los últimos ocho meses, han recibido multas del Departamento de Edificios de la Ciudad (DOB) por los toldos que usan. “Son $5,000 de multa y estamos preocupados porque no podemos pagarla”, explica.
Y con él más empresarios latinos se dieron cita este viernes junto con el concejal de la zona, Rafael Espinal, y el senador estatal Martin Dilan, para denunciar la lluvia de abultadas multas en un área dominado por pequeños negocios latinos “en los que cada dólar cuenta”, según dijo en varias ocasiones el concejal.
La instalación de los toldos, que son parte de la fachada, y tarjeta de presentación de muchos negocios, es controversial para muchos de los dueños afectados porque aducen que debido a una moratoria sobre la legislación que regulaba las multas, desconocen cuáles son las normas actualmente y no han sido informados de que las incumplen hasta que reciben la multa. Los documentos relativos a la moratoria reflejan que la ley estuvo en vigor desde 2003 hasta mayo de 2006.
Los negociantes explican que las empresas que colocan los toldos no les informan de la situación legal y la necesidad que tienen de permisos para instalar estas estructuras.
Willie Mejía, dueño de Auto Fresh (un negocio de vidrios de autos y accesorios) tiene una multa y cita con el juez el día 14 de noviembre, y enseña en su celular la factura de lo que le cuesta darle cumplimiento a la regulación que desconocía. “Tengo que pagar al arquitecto, al ingeniero, al expeditor para que lo dé trámite y a la compañía que haga el toldo, en total, más de $13,000 a los que hay que sumar los $4,000 que cuesta el toldo”.
Piden apoyo de la Ciudad
Espinal quiere aclarar la confusión actual y que la Ciudad apoye a los negocios lidiando con las multas y dando información apropiada. Los dueños de los negocios y los políticos que se dieron cita en el corredor de Fulton Avenue, donde junto con Liberty Avenue se ubican los más afectados, quieren que haya otra moratoria, se ofrezca un periodo para que se resuelvan los problemas que dan lugar a la penalidad y se exploren posibilidades de restitución para los afectados por el fin de la moratoria.
Desde el DOB se niega que haya una campaña en la ciudad o en este barrio para dar cumplimiento a la regulación sobre toldos y se explica que son miembros de la comunidad quienes hacen las denuncias a través del 311. Esto es algo que fuerza a este departamento a actuar e imponer una multa si ven una violación porque las autoridades no pueden incumplir la ley. Saber si en este vecindario hay una alza inusual de denuncias que no se registran en otras zonas de la ciudad es algo que el DOB necesita más tiempo para verificar.
Espinal se preguntaba este viernes en voz alta quién tiene tiempo para hacer estas llamadas. Para muchos de los empresarios que estaban allí son denuncias que tienen que ver con el proceso de gentrificación que avanza en esta zona de East New York cuya rezonificación está aprobada. Mejía lo tiene claro. Ahora mismo esta es una zona latina y con afroamericanos “pero están viniendo gente de otros estados que no comen lo que nosotros o no usan los mismos servicios que nosotros y ellos quieren los negocios que les dan servicios a ellos”.
Yohanny Díaz, que abrió un estudio de belleza en 2013, dice que está viendo a gente que no son del barrio que están comprando edificios en la zona cercana a donde ella tiene su negocio y sospecha que sean ellos quienes informan al 311. Muchos de los empresarios reunidos este viernes aducían que una multa de $5,000 o más, como las que están imponiéndose, les forzaría a cerrar sus locales. “Temo que alguien quiera que fracasemos”, decía Díaz.
Mejía lamenta que los toldos que están de acuerdo a la ley solo puedan poner el nombre de un negocio y el teléfono, lo cual perjudica a los locales en los que hay dos empresas para ayudar a pagar la renta.