Red de “ciudades seguras” dará abogado a todo inmigrante sin recursos en proceso de deportación

A diferencia del "LA Justice Fund", este programa representaría a todos sin importar antecedentes penales, siempre y cuando no tengan los ingresos para pagarse un abogado privado.
Red de “ciudades seguras” dará abogado a todo inmigrante sin recursos en proceso de deportación
Siguen sumándo los fondos y ayuda legal para asistir a inmigrantes en procesos de deportación (Foto: archivo)

Una red de once ciudades a través del país lanzó un proyecto para ofrecer representación a todos los inmigrantes en proceso de deportación que no puedan, por sus bajos ingresos, obtener un abogado, con el objetivo de darles la oportunidad de defenderse efectivamente en el tribunal migratorio.

Pero a diferencia del programa que existe en Los Ángeles y en otras ciudades y condados del país, la nueva llamada “Red de Ciudades Seguras” tiene el objetivo de ofrecer un abogado a TODOS los inmigrantes en este proceso, sin importar sus antecedentes penales. La única condición es que sean de bajos ingresos.

El objetivo, según dijo Tania Vargas, coordinadora de programas del Vera Institute of Justice, es lograr la representación universal de los inmigrantes que están enfrentando los esfuerzos del gobierno federal para expulsarlos del país, “no importa el tipo de caso”.

“No importa para este efecto que la persona tenga un buen caso o no”, dijo Vargas. “Lo que queremos lograr es el acceso a justicia y la representación de todos los que vayan frente a un juez”.

Tres ciudades y Condados de California son parte de esta red: la ciudad de Santa Ana, el condado de Oakland-Alameda y Sacramento.  Aparte de California, también son parte de la red:  Atlanta, Georgia; Austin, Texas; Baltimore, Maryland; Chicago, Illinois; Columbus, Ohio; Dane County, Wisconsin; Prince George´s County en Maryland; y San Antonio, Texas.

Cada ciudad o condado administrará el programa y otorgará fondos a proveedores legales  y organizaciones comunitarias, pero Vera Institute, una organización nacional que se esfuerza en facilitar acceso legal a comunidades que lo necesitan, ayudará a entrenar y administrar el programa en general.

La diferencia principal entre esta red y programas como el de Los Ángeles (LA Justice Fund), es que en este último no se utilizarán fondos públicos para representar a personas convictas de ciertos delitos graves o violentos y solo se buscará dar prioridad a los casos que “tengan la posibilidad de ganar”.

Es muy difícil impedir la deportación de una persona convicta de determinados delitos graves, pero Vargas indicó que el objetivo de esta red es la de “reconocer que todos deben tener acceso al debido proceso legal”.

Un proceso de deportación es la única ocasión en el que una persona enfrenta a la autoridad federal en un tribunal y no tiene derecho a un abogado en caso de no poder pagarse uno. En los procesos penales o criminales, los acusados indigentes reciben un defensor público.

Este no es el caso en los procesos migratorios, que son civiles.

La efectividad de tener un abogado: el programa de Nueva York

Esta nueva red se coordina sobre la exitosa experiencia del programa de representación universal de Nueva York que se inició a finales de 2013 y que representó a más de 1700 personas entre julio de 2014 y junio de 2016.

Las personas que calificaron para obtener un abogado gratis fueron las que tenían ingresos menores al 200% anual del nivel de pobreza, es decir, menos de 23,340 dólares anuales.

Del programa se beneficiaron indocumentados, residentes legales y otras personas que entraron con visas temporales y que se vieron en proceso de deportación entre esas fechas, y el análisis demuestra que la ayuda que recibieron fue muy efectiva.

“Lo que se demostró después de 2 años de iniciado el proceso de Nueva York es que cuando una persona tiene un abogado, tiene muchas más posibilidades de ganar su caso y quedarse en el país”, dijo Vargas. “Por eso la expansión a 11 otros lugares es importante. El dinero viene de fondos públicos más una donación privada de Vera Institute”.

De acuerdo a un análisis del programa piloto en Nueva York, antes de establecido sólo 4% de los inmigrantes en proceso de deportación lograban triunfar en su caso y luego de dos años de funcionamiento, esta cifra subió al 48%, un progreso del 1100 por ciento.

“En otras palabras, de cada doce personas que ayudó el programa, once hubieran sido deportados por no tener abogado” , apuntó la coordinadora.

Las diversas ciudades y organizaciones locales se ocuparán de promover y ofrecer información en sus localidades cuando este programa esté activo, apuntó.