Tras dictamen en caso de Kate Steinle, Casa Blanca pide más fondos para deportar a “inmigrantes criminales ilegales”
La portavoz de la Casa Blanca acusó a ciudades "santuario" de ser cómplices de asesinatos a manos de "inmigrantes criminales ilegales"
La muerte de Kate se ha transformado en un arma republicana contra ciudades santuario. Crédito: Captura | YouTube
WASHINGTON – La Casa Blanca condenó este viernes un dictamen judicial que absolvió a un mexicano indocumentado por el asesinato de Kate Steinle en San Francisco (California) en 2015, y pidió que el Congreso dé más fondos para deportar a “inmigrantes criminales ilegales”.
Un jurado de seis hombres y seis mujeres, tres de éstos inmigrantes, absolvió ayer a José Inés García Zarate de los cargos de asesinato y homicidio involuntario de Steinle en el muelle de San Francisco en julio de 2015, además del cargo de asalto con arma letal. Pero lo declaró culpable de ser un criminal en posesión de un arma de fuego.
Pocos días antes del crimen, García Zarate había salido en libertad de una cárcel local, pese a que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) había solicitado una orden de retenerlo para trasladarlo a su custodia.
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El presidente Donald Trump, que firmó una orden ejecutiva en enero pasado para negar fondos a “ciudades santuario”, dijo en una serie de mensajes en Twitter que el jurado no se enteró de que “el asesino de Kate fue un criminal siete veces”.
En una clara politización del veredicto, agregó que los líderes demócratas como el senador Charles Schumer y la congresista Nancy Pelosi son “débiles” con el crimen y lo pagarán caro en los comicios de 2018 y 2020. Sin embargo, ambos líderes jamás han hecho declaraciones a favor de criminales.
Trump reiteró su pedido de “CONSTRUIR EL MURO” fronterizo para corregir la porosidad de la frontera que presuntamente no resolvió la Administración Obama.
El mandatario calificó de “escandaloso” el veredicto y no sorprende que los estadounidenses están “tan enfadados con la inmigración ilegal”.
En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, afirmó hoy que “si San Francisco hubiese cumplido con las leyes de inmigración de nuestra nación, la familia de Steinle family estaría celebrando estos días festivos con todos sus seres queridos”.
El veredicto de ayer “subraya el peligro a la seguridad pública cuando nuestra nación no hace cumplir sus leyes”, y Steinle fue asesinada por un criminal convicto que ya había sido deportado cinco veces del país, señaló la portavoz.
Como tantos otros inmigrantes criminales, García Zarate no deberían poder ser una amenaza para la población, agregó.
Por ello, urgió al Congreso a que aporte más fondos para reforzar la seguridad fronteriza y para la contratación de más agentes de ICE, para facilitar la deportación de “extranjeros criminales ilegales y finalmente poner freno a políticas de ciudades santuario que causan una innecesaria pérdida de vidas inocentes”, enfatizó.
“Los políticos que no responden a estas necesidades compartan la responsabilidad de crímenes prevenibles cometidos contra inocentes”, añadió.
El Congreso aún no ha dado su aprobación definitiva para el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, para el año fiscal 2018, porque tiene que armonizar sendas versiones de una ley de gastos con fondos para la agencia.
También el fiscal general, Jeff Sessions, y el subdirector de ICE, Tom Homan, condenaron ayer enérgicamente el veredicto. Homan dijo que ICE deportará a García Zarate al solo concluir el proceso judicial.
“Es inadmisible que los políticos en todo el país continúan poniengo en peligro la vida de los estadounidenses con políticas santuario mientras ignoran el daño causado a sus votantes. Cuando concluya el caso, ICE tomará custodia del señor García Zarate y eventualmente lo sacará del país”, prometió Homan.
Por su parte, Sessions, quien libra una lucha campal contra las ciudades “santuario” y busca eliminarles fondos, dijo que su agencia “seguirá asegurando que todas las jurisdicciones pongan la seguridad de sus comunidades por encima de la conveniencia de extranjeros criminales”.
El caso contra García Zarate, alias Juan Francisco López Sánchez, desató desde sus inicios un álgido debate nacional sobre las ciudades “santuario”, porque el hombre ya había sido deportado de EEUU cinco veces, y era requerido por las autoridades federales para volver a expulsarlo del país. Pero el hombre, de 54 años, salió libre de una cárcel local antes de que las autoridades de Inmigración pudiesen tenerlo bajo su custodia.
En 1989, San Francisco adoptó su política de “ciudad santuario”, como muchas otras que restringen la cooperación de las autoridades locales con los agentes federales para el cumplimiento de las leyes de inmigración, que son una tarea del gobierno federal.
