EEUU elimina TPS para salvadoreños, con demora de 18 meses

WASHINGTON— En su primera gran decisión migratoria desde que asumió el cargo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, puso fin este lunes al programa de “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para cerca de 200,000 salvadoreños, aunque con una demora de 18 meses, hasta septiembre de 2019, argumentando que las condiciones sobre el terreno ya no justifican más extensiones.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que pidieron el anonimato, explicaron que Nielsen tomó esa decisión con base a numerosas consultas con otras agencias del gobierno, y tras evaluar la situación en El Salvador.

“ Sólo el Congreso puede ofrecer una solución legislativa permanente, y estamos dispuestos a trabajar” con los legisladores, dijeron los funcionarios.

La demora permitiría una “transición ordenada” para la salida de los salvadoreños una vez que venzan sus permisos, según los funcionarios, que no manejaron cifras exactas sobre la población afectada.

Se calcula que de los más de 262,000 salvadoreños que se acogieron al TPS desde el principio, unos 195,000 se han reinscrito en el programa. La cifra refleja a los que han ajustado su estatus, o no renovaron sus permisos, o les fue revocado.

El anuncio generó el rechazo general de la mayoría de líderes demócratas del Congreso, y algunos republicanos y conservadores, así como de una vasta coalición de grupos cívicos, empresariales, religiosos y sindicalistas.

Con esta decisión, Nielsen deja la pelota en el techo del Congreso para que encuentre una solución legislativa permanente, sólo que ninguna de las propuestas en el tapete ha tenido siquiera audiencias.

Los funcionarios dijeron que no tomaron en cuenta la situación de violencia en El Salvador ni el impacto económico en EEUU de la deportación, y que cada familia con hijos nacidos en EEUU tendrá que hacer sus propias decisiones.  Se calcula que los “tepesianos” salvadoreños tienen en su conjunto unos 192,000 hijos nacidos en EEUU.

Nielsen tenía ante sí varias opciones: podía postergar la decisión por otros seis meses para seguir evaluando las condiciones sobre el terreno, o extenderlo por 12 o 18 meses.

Su decisión significa que los salvadoreños tienen hasta el 9 de septiembre de 2019 para buscar opciones legales para quedarse en EEUU, o preparar su salida.

Nielsen afrontó presiones del gobierno salvadoreño y una vasta coalición de grupos pro-inmigrantes para que extendiera el TPS. Al final, aparentemente tuvieron mayor palanca los grupos anti-inmigrantes ultraconservadores, como NumbersUSA y “Federation for American Immigration Reform” (FAIR), que le exigieron ser consecuente con la política de “mano dura” que prometió el presidente Donald Trump contra los inmigrantes durante la contienda.

Ya había pistas de su esperada decisión, tomando en cuenta que en noviembre pasado el DHS canceló el TPS para unos 2,500 nicaragüenses y cerca de 60,000 haitianos, con una demora de 12 y 18 meses, respectivamente. El próximo julio emitirá una decisión final para unos 57,000 hondureños.

El “TPS” es un programa adoptado por el Congreso en 1990 para inmigrantes que no pueden regresar a sus países de origen por desastres naturales, conflictos civiles, y otras circunstancias extraordinarias temporales.

El Salvador fue incluido en la lista en marzo de 2001, a raíz de sendos terremotos ese año. Pero, según los funcionarios, el país recibió ayuda internacional multimillonaria tras los sendos terremotos en 2001 y ha logrado reconstruir buena parte de su infraestructura.

Durante meses diversos miembros de la Administración Trump, incluyendo la embajadora de EEUU en San Salvador, Jean Manes, insistieron en que el TPS tiene carácter “temporal” y no se puede extender de forma indefinida, además de que, a su juicio, los inmigrantes han abusado del programa.

A juzgar por las reacciones, los únicos que celebran la decisión son los grupos ultraconservadores que presionan por un mayor combate contra los inmigrantes indocumentados y restricciones para la inmigración legal.

“Trump nos quiere sacar”

Para la comunidad de “tepesianos”, la decisión garantiza un mayor riesgo de deportación si el Congreso no aprueba una solución permanente antes de que se venzan los permisos, que originalmente caducaban en marzo próximo.

“Trump es un racista y nos ha puesto fecha de vencimiento porque nos quiere sacar del país por nuestro color y porque somos inmigrantes, eso le prometió a sus votantes. La está agarrando contra los latinos, y no es justo porque no somos criminales, somos trabajadores”, dijo a este diario Juan Rodríguez, un “tepesiano” de San Miguel que emigró a EEUU en 1997.

“Yo no me voy a ir, tendrán que venir a buscarme. Si el país (El Salvador) estuviera en mejores condiciones, no importaría, pero ahora mismo uno no puede arriesgarse allá… allá a uno lo están esperando las pandillas, saben quiénes llegan de EEUU”, señaló.

Rodríguez, de 49 años, cifra sus esperanzas en que el Congreso apruebe una ley que lo legalice porque “sin TPS, no tendremos trabajo ni seguro, ni todo lo demás”.

Rodríguez trabaja en tareas de mantenimiento para “Community Support Services”, una organización caritativa en Maryland que ayuda a personas con discapacidades, pero tiene suerte porque sus jefes le pidieron que buscara un abogado para iniciar sus trámites de residencia legal.

Decenas de miles más de “tepesianos” salvadoreños no tienen ninguna opción legal, pero también han dejado en claro que no se irán.

“No pienso irme, ya veré cómo me gano la vida, pero esto que ha hecho Trump es despiadado”,  dijo una salvadoreña que trabaja limpiando oficinas en el centro de Washington pero pidió el anonimato por temor a represalia.

¿Y el clima de inseguridad?

La decisión de Nielsen contradice su reconocimiento del clima de inseguridad en El Salvador, donde la pandilla “MS-13”, y grupos del crimen organizado, han creado un ambiente invivible en sectores del país.

El pasado 12 de diciembre, Nielsen había dicho que la “MS-13” es una amenaza para la seguridad nacional” y el DHS no tolerará su violencia en este país. El DHS dijo hoy que la agencia se ciñó a evaluar las condiciones por las que El Salvador recibió la designación en 2001, no la violencia actual.

En 2016, la tasa de homicidios en El Salvador registró una baja del 20% respecto al año anterior, pero fue de 81,2 homicidios por cada 100,000 habitantes, en parte por las pandillas que controlan varias zonas urbanas.  En 2017, septiembre fue el más mortífero, con 435 homicidios, o casi 15 por día.

No es un clima que invite a la calma o incentive las inversiones, en un país donde una quinta parte de las familias recibe remesas de EEUU, que conforman el 17% de su Producto Interno Bruto (PIB).

En 2016, las remesas de la diáspora aumentaron un 7,2% respecto al año anterior y superaron los $4,580 millones, una cifra sin precedente en la historia de ese país.

 Reacciones de rechazo

El anuncio del DHS desató el rechazo generalizado de líderes del Congreso, incluyendo unos cuantos republicanos, y de grupos pro-inmigrantes, que desde el año pasado han presentado argumentos morales, sociales y económicos a favor del TPS.

“El Salvador es la capital de los homicidios en el mundo, y no podría manejar el retorno de unos 200,000 trabajadores. Que ahora el gobierno despache a estos inmigrantes a un destino de inseguridad donde sus vidas corren peligro es inadmisible“, dijo a este diario Royce Murray, directora de política del “American Immigration Council”.

“Estos inmigrantes han hecho su vida en EEUU, tienen su familia acá, y el gobierno no puede simplemente acabar con el TPS y dejarlos colgados”, agregó Murray, cuyo grupo patrocinó un anuncio pagado en el diario conservador “The Washington Times”.

La salvadoreña Ana Sol Gutiérrez, delegada estatal demócrata en Maryland, calificó al gobierno de Trump como “fallido”,  y expresó confianza en que “prevalecerá la justicia, quizá no hoy, sino algún día pronto”.

“No podemos darnos por vencido ni lo haremos”, afirmó.

El congresista republicano por Florida, Mario Díaz Balart, cuyo distrito incluye miles de “tepesianos” de Haití, El Salvador, Nicaragua y Honduras,  condenó la decisión porque se trata de “gente inocente que huyo de su país tras un desastroso terremoto, y aunque las condiciones de vida posiblemente mejoraron un poco, El Salvador ahora afronta un problema significativo con narcotráfico, pandillas y crimen”.

Otros grupos también rechazaron la decisión de Nielsen, incluyendo “United We Dream”, “America´s Voice”, el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), “FIRM”,  “Dream Action Coalition”, y “CASA de Maryland”.

Más de 300 activistas y beneficiarios del TPS realizaron una protesta frente a la Casa Blanca, en el marco de una lucha que desde ahora se traslada a los pasillos del Congreso.