Activistas lanzan “tribunales populares” para “enjuiciar” a ICE

La Administración Trump ha solicitado más recursos al Congreso para contratar a más agentes de ICE

ICE busca a como de lugar cumplir la meta de contratación de Donald Trump

ICE busca a como de lugar cumplir la meta de contratación de Donald Trump  Crédito: ICE

WASHINGTON— Activistas defensores de los inmigrantes iniciaron este domingo “tribunales populares” que funcionarán hasta mayo próximo en California y otros cinco estados, para “enjuiciar” y condenar el acecho de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los “tribunales populares” forman parte de la campaña “#ICEontrial”, y por ahora estarán en marcha en California, Colorado, Illinois, Texas, Georgia y Alabama, según precisaron sus organizadores, que destacaron la urgencia de exigir una rendición de cuentas por parte de la agencia federal y el cierre de los centros de detención familiares.

La campaña “#ICEontrial” pretende llamar la atención sobre los “atroces abusos, la mala gestión sistémica, y la cultura de secretismo” de ICE y, como complemento a los “tribunales populares”, incluirá esfuerzos para documentar abusos, posibles demandas, y el exigir mayores mecanismos de supervisión en la agencia federal.

En declaraciones a este diario, Danny Cendejas, organizador de “Detention Watch Network” (DWN, en inglés), dijo que grupos como el suyo quieren delatar los excesos de ICE, exigirle transparencia, y “luchar para poner fin a su máquina de detención y deportaciones”.

“Nuestros funcionarios elegidos tienen que apoyar a nuestras comunidades inmigrantes. Es hora de dejar de derrochar el dinero de los contribuyentes en un sistema de reforzamiento migratorio abuso y mortal, porque están en juego la vida de nuestros seres queridos y nuestro futuro colectivo”, enfatizó Cendejas.

Estos “tribunales” se llevarán a cabo, en distintos formatos pero siempre cerca de los centros de detención u oficinas locales de ICE, con el mensaje de que “la verdadera justicia proviene del pueblo”, explicó el activista.

Cada tribunal incluirá jueces comunitarios que tomarán en cuenta las denuncias de abusos de ICE y colaboradores en los centros de detención, y los “dictámenes” populares se entregarán a las autoridades y legisladores para presionar por el cierre de los centros.

“ICE miente con regularidad, oculta información del público y toma represalias contra quienes hacen denuncias, como hemos visto con sus acciones contra líderes del movimiento pro-inmigrante”, aseguró Cendejas.

La campaña surge como respuesta al incremento en las represalias que, según los organizadores, ha tomado ICE contra activistas pro-inmigrantes, como la mexicana Maru Mora Villalpando, que llegó a EEUU hace más de 25 años, y lleva años organizando protestas contra la política de arrestos y deportaciones.

Los organizadores quieren llamar la atención sobre los excesos de ICE,  y en su campaña, también promovida en las redes sociales, han incluido la etiqueta “defender a los defensores” de los inmigrantes.

Acompañada de otros activistas y de personas afectadas por el incremento en los arrestos y detenciones, Villalpando, de 47 años, coordinó hoy mismo el primer “tribunal popular” afuera del Centro de Detenciones del Noroeste, en Tacoma (Washington), al noroeste del país.

El pasado 20 de diciembre, Villalpando recibió una carta de ICE en su hogar en Bellingham (Washington) dándole cita ante un tribunal de Inmigración para el inicio de un proceso de deportación en su contra, porque vive en EEUU con una visa vencida, considerado una infracción migratoria civil.

El caso ha supuesto una crisis para su familia, en particular para su hija Josefina Alanis Mora, una estudiante universitaria de 20 años y nacida en este país.

Villalpando ha asegurado que los agentes federales están usando “tácticas de intimidación” para silenciar su trabajo y el de otros activistas, como Ravi Ragbir y Jean Montrevil, que trabajan con el movimiento “santuario” en Nueva York.

Consultada por este diario, ICE mantiene que sólo está haciendo cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos, y que la prioridad de la agencia es resguardar la seguridad pública.

Reiteró la postura de la agencia de que los inmigrantes indocumentados tienen derecho al debido proceso, pero tienen que salir del país una vez que un juez de Inmigración les da la orden de deportación final.

Sin embargo, los organizadores consideran que los agentes de ICE actúan con “mayor impunidad” bajo la Administración Trump, y tienen que rendir cuentas sobre sus acciones.

La campaña está a cargo del grupo comunitario “NWDC Resistance” y la coalición nacional “Detention Watch Network” (DWN).

Mientras, la Administración Trump promueve un plan migratorio de $25,000 millones que, a cambio de proteger a 1,8 millones de “Dreamers”, pide más agentes de inmigración en la frontera y al interior del país, y una drástica reducción de la inmigración legal a través de la eliminación de la “lotería de visas” y las visas de reunificación familiar.

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