Trump pide más fondos para el muro y persecución de inmigrantes indocumentados, y recortes a programas sociales

WASHINGTON? La Casa Blanca entregó este lunes al Congreso su propuesta presupuestaria de $4,4 billones para el año fiscal 2019, que incluye $1,600 millones para un nuevo muro fronterizo, recorta programas sociales y de ayuda internacional, y abulta el déficit.

Además de un aumento para el Pentágono,  la propuesta presupuestaria delinea reformas para reducir el déficit fiscal por más de tres billones de dólares en un plazo de una década, que necesariamente implican masivos recortes a programas sociales y de cobertura médica, entre éstos “Medicare”, “Medicaid”, y cupones de comida, que siempre han estado en la mira de los conservadores.

“El presupuesto toma decisiones difíciles: financiar donde debemos, recortar donde podamos, y reducir lo que tomemos en préstamo”, explicó el jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB), Mick Mulvaney, en una declaración que acompaña el documento.

El plan en realidad es una “hoja de ruta” con las prioridades del presidente Donald Trump y es poco probable que se apruebe en su versión actual, que aumentaría el déficit por poco más de siete billones de dólares en diez años, en unos momentos en que los conservadores en el Congreso presuntamente se oponen a medidas que agraven el déficit fiscal.

Entre otros elementos, el plan pide $716,000 millones para defensa, y los $200,000 millones que quiere Trump para su plan de infraestructura de $1,5 billones. También pide $85,500 millones para programas de salud para veteranos, y $17,000 millones para combatir la crisis de los opioides. Además, delinea planes para depurar y reducir la fuerza laboral del gobierno mediante el congelamiento de nuevas contrataciones.

Más muro y lubricante para los motores de ICE

El documento pide un total de $47,500 millones para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), o un incremento del 7,8% respecto al presupuesto solicitado para el año fiscal 2018, que concluirá el próximo 30 de septiembre. La mayor tajada se la llevan las autoridades de Inmigración, con un aumento del 22% sobre 2017.

De ese total, $23,100 millones son para el muro y la seguridad fronteriza,  repartidos entre la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP), con $14,200 millones;  la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), con $8,300 millones, y la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR), a cargo de los tribunales de inmigración, con $600 millones, explicaron en una conferencia telefónica funcionarios de alto rango del DHS.

Entre sus principales elementos para DHS, el presupuesto destinaría $1,600 para un nuevo en zonas identificadas por la CBP para “obtener control operacional de la frontera e impedir los cruces ilegales”, y $2,700 millones para 52,000 camas en centros de detención, o un incremento del 25% sobre el año fiscal 2017.

También pide $211 millones para contratar a 750 agentes de la Patrulla Fronteriza, y $571 millones para contratar a 2,000 agentes de ICE para la caza de inmigrantes indocumentados al interior del país.

Además pide $278 millones para la búsqueda y arresto de “extranjeros fugitivos indocumentados”, $686 millones para la deportación de “criminales extranjeros” alojados en cárceles, y $132 millones para el uso obligatorio del programa “E-Verify” para impedir la contratación de trabajadores indocumentados.

En declaraciones a este diario, Javier Gamboa, portavoz hispano del Comité de Campañas Demócratas del Congreso (DCCC), dijo que el plan “es un asalto a los programas críticos que tantas familias latinas trabajadoras usan a diario”, que los republicanos están pasando por la navaja.

“Para empeorar las cosas, este presupuesto profundiza los esfuerzos de deportación masiva del presidente Trump”, dijo Gamboa, al advertir de que los congresistas que apoyen este presupuesto tendrán que rendir cuentas sobre los recortes masivos a programas sociales.

Menos dinero para programas sociales y ayuda internacional

El documento estipula recortes por $1,3 billones al “Medicare”, el programa de cobertura médica para personas mayores y jubilados, recortes por $554,000 millones para “Medicaid”, que da cobertura de salud a gente pobre, y de $10,000 millones para un programa del Seguro Social para discapacitados.

“Este presupuesto es para la clase multimillonaria, para Wall Street, para los principales ejecutivos corporativos, para contratistas de defensa, y para la gente más rica en este país. Tiene que ser derrotado”, dijo el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders.

Dentro del desglosado para el Departamento de Estado, el plan incluye $3,800 millones para fortalecer los trámites consulares y de visas, y combatir el fraude.

También solicita $1,100 millones para ayudar a México, Centro y Sudamérica y el Caribe a combatir al crimen organizado, ayudar a frenar el contrabando de bienes y personas, y fomentar la seguridad y la prosperidad en la región.

Por otra parte, el plan elimina 22 agencias y programas de la burocracia federal,  incluyendo toda ayuda para la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) para sus programas de prevención y tratamiento del sida.

También la elimina para programas de mitigación del cambio climático en países pobres, para el programa de “Alimentos por la Paz”,  y la elimina para programas de asistencia a refugiados.

Jill Marie Gerschitz, analista de asuntos legislativos de “Catholic Relief Services, dijo a este diario que la ayuda internacional es apenas un 1% del presupuesto para países como El Salvador, Guatemala y Honduras, el llamado “Triángulo del Norte” de donde proviene la mayoría de la emigración ilegal a EEUU, “representa una gran pérdida y una amenaza”.

“Sin estos recursos no podrán continuar muchas iniciativas para fortalecer sus instituciones, mejorar su seguridad y crear oportunidades para sus ciudadanos, especialmente para los jóvenes en riesgo. Las inversiones hechas en jóvenes centroamericanos demuestran sus posibilidades”, explicó Gerschitz, cuyo grupo ha usado fondos del Departamento del Trabajo en oportunidades de educación y trabajo a 7,000 jóvenes en la región.

“De no ser por su vinculación al programa, se hubieran unido a las maras o migrado en busca de seguridad y oportunidades”, enfatizó.

Dudoso equilibrio presupuestario

Los demócratas y grupos afines instaron al Congreso a rechazar el plan por considerar que, aún con los recortes a programas sociales, el plan no logrará equilibrar el presupuesto. La reforma tributaria que aprobó el Congreso, con masivos recortes a los impuestos, aumentará el déficit por $1,5 billones en una década.

Además, el acuerdo bipartidista aprobado por el Congreso el viernes pasado incrementará el gasto fiscal por otros $300,000 millones este año y el próximo.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que, tras haber dado generosos recortes de impuestos a las corporaciones y los ricos, la Administración ahora quiere cobrárselo a quienes reciben “Medicare” y “Medicaid”.

Estos recortes no sólo afectarán a estadounidenses mayores que dependen de esas ayudas para su cobertura médica sino también a “niños y familias trabajadoras”, advirtió Schumer.

“Si los estadounidenses quieren una idea de para quién trabaja el presidente Trump, la combinación del proyecto tributario y este presupuesto lo deja clarísimo. El ayuda a los ricos y poderosos, a costa de la clase media”, puntualizó.

Mientras, los co-directores del grupo “Health Care for America Now”, Ethan Rome y Margarida Jorge, dijeron que el plan es más extremo que de 2018 porque hace profundos recortes para las familias trabajadoras y los de mayor edad, que apenas llegan a fin de mes.

“Esto también es una pesadilla para millones de inmigrantes que buscan una mejor vida en nuestro país. En vez de corregir el maltrecho sistema de inmigración…el presupuesto de Trump se empecina en la detención y deportación para dividir a las familias y encarcelar a inmigrantes”, indicaron.