Activistas piden que Congreso no alimente “máquina de deportación”

WASHINGTON—Líderes del movimiento de los “Dreamers” canalizaron desde este martes sus energías para que el Congreso, bajo control republicano, frene un aumento en los fondos para la “máquina de deportación” e impulse la aprobación de un “Dream Act” para la legalización de los jóvenes indocumentados.

Las negociaciones para una solución permanente a DACA se encuentran en un punto muerto, pero los activistas de grupos como “United We Dream” (UWD) afilan su estrategia para que, al discutir un megaproyecto de ley presupuestario para el resto del año, los legisladores no aumenten los fondos para las operaciones de deportación.

El Congreso afronta un plazo del próximo 24 de marzo para aprobar los fondos para las operaciones del gobierno federal, incluyendo del Departamento de Seguridad Nacional, del que depende la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE).

Varios senadores republicanos, entre ellos Jeff Flake, de Arizona, y Lindsey Graham, de Carolina del Sur, apoyan la idea de incluir en la medida presupuestaria una extensión temporal de DACA pero, ante la realidad política en el Congreso en medio de un año electoral,  no está claro que eso ocurra.

Durante un desayuno con periodistas, activistas de “UWD” dijeron que su máxima prioridad sigue siendo la aprobación de un “Dream Act limpio” que permita la legalización de los Dreamers sin ataduras.

Una estrategia en dos carriles

Greisa Martínez Rosas, directora de activismo político de “UWD”, dijo que la labor de grupos como el suyo se moverá simultáneamente sobre dos carriles: un incremento en las campañas locales para proteger a la comunidad inmigrante, y exigir a ambos partidos en el Congreso a que “no les den más dinero a ICE, a la Patrulla Fronteriza, o a los centros de detención”.

“Sabemos que ellos son los culpables de que haya tanta gente en detención en estos momentos… aquí estamos sin parar porque es asunto de nuestras vidas; aquí estamos y no nos vamos”, afirmamos.

El llamado de los activistas está dirigido en particular al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, a que permitan un voto en el pleno del “Dream Act”, o de lo contrario, cargarán con la culpa de las continuas deportaciones de jóvenes indocumentados, explicó.

Para Martínez Rosas, Ryan tiene dos opciones: “ser un aliado de Trump en la deportación de los indocumentados, o un campeón de las personas indocumentadas”.

Pero el Congreso no siente urgencia de actuar sobre inmigración tras sendos fallos judiciales, en enero y febrero pasados, que reactivaron la renovación de permisos de dos años bajo el programa de “acción diferida”  (DACA) de 2012.

Los fallos aplican solo para los ya inscritos en DACA, no para casos nuevos.  Así, centenares de miles de Dreamers quedaron fuera y expuestos a la deportación y separación de sus familias, al no reunir todos los requisitos del programa.

De los cerca de 680,000 jóvenes indocumentados cuyos permisos de DACA comenzaron a vencer a partir de esta semana, menos de 14,000 habían solicitado una renovación para el pasado 31 de enero, según datos de USCIS.

La única esperanza es que el Congreso apruebe una legislación que codifique DACA. Pero el senador demócrata por Illinois y co-autor del “Dream Act” junto a Graham, Dick Durbin, dejó entrever que, si no hay un acuerdo pronto, el asunto de DACA posiblemente quedará relegado para después de los comicios legislativos del próximo 6 de noviembre.

No es urgente para los legisladores, pero sí lo es para los “DACAmentados” y sus familias.

Durante un encuentro con periodistas, activistas de “UWD” dijeron que han documentado casos de cuatro beneficiarios de DACA en centros de detención, y reiteraron su queja de que, cada día de inacción del Congreso, se traduce a más jóvenes indocumentados en peligro de deportación.

¿Un sistema en caos?

Ciñéndose al fallo judicial del juez federal, William Alsup, del pasado 9 de enero, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ha estado procesando los trámites para la renovación de permisos de DACA.

Sobre el terreno, tanto los Dreamers como líderes demócratas, entre éstos el senador Bob Menéndez,  y activistas en todo el país se quejan de demoras en USCIS y advierten de que en realidad nada escuda a estos jóvenes de las acciones de ICE.

Se calcula que, en promedio, USCIS entre tres y cinco meses para procesar las solicitudes de renovación.  La USCIS aún no ha respondido a una pregunta de este diario sobre los pasos que ha tomado para evitar demoras.

Según un análisis del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, en inglés), menos del 10% de los “DACAmentados” que tenían permisos con fecha de vencimiento entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo pasados había solicitado una renovación.

Eso significa que la mayoría de los amparados bajo DACA con permisos ya vencidos afrontarán demoras para renovarlos, lo que traerá consecuencias nocivas para ellos y para quienes los emplean.

Por ello, los activistas instaron a USCIS a que actúe con transparencia sobre el manejo de las solicitudes, porque el tiempo apremia y están en juego la supervivencia y estancia legal de los Dreamers en este país.

“Como hemos oído hoy, DACA no protege, las deportaciones no paran, y por eso estamos pidiendo que haya una solución permanente, que no haya más dinero para ICE”,  puntualizó Martínez Rosas.