No era abogado de inmigración, pero muchos ecuatorianos le creyeron

Angel G. Buitron, de Buitron Offices, habló a su cliente de su cualificación y su capacidad para proveer servicios legales además de explicar que era un abogado especializado en inmigración. Pero aquel no era uno de los muchos ecuatorianos que se acercaban a su oficina en la ciudad sino un inspector encubierto del Departamento de Asuntos de Consumidores (DCA).

Esa acción permitió a ese departamento abrir una investigación que se cerró este viernes con un cuerdo, en el cual se obliga a Buitrón a pagar $150,000 en multas y devolver $34,050 a consumidores que han sido identificados en este caso. Adicionalmente tendrá que revelar que no tiene la cualificación para proveer servicio legal y eliminar la referencia al otro abogado en su material informativo.

La investigación del DCA determinó que Buitrón no estaba licenciado para practicar derecho en ninguna jurisdicción, hacía publicidad engañosa de su negocio incluyendo a “Jack Sachs –Abogado” en su página web, tarjetas de negocios y otros materiales impresos a pesar de no tener relación con Sachs. Eso, no le impidió cobrar a los consumidores miles de dólares por sus servicios y su asesoramiento legal.

Además, Buitrón también cobró a los consumidores sin proveer un contrato legal o recibo y amenazaba con reportar a las autoridades a esos inmigrantes si no le pagaban, según explicó este viernes el DCA a través de un comunicado. Uno de los problemas es que ofrecía en su web, sus avisos y sus tarjetas “el visado de 10 años” (10 years visa), una opción que hace tiempo se calificó como un fraude porque se aseguraba a indocumentados que podían obtener una visa o carta verde si habían vivido en el país durante 10 años. En ningún momento se informaba a los clientes que para entrar en ese proceso hay que iniciar un procedimiento de deportación y probar la situación de extrema e inusual dureza en la que quedan los miembros de la familia.

Este proceso conlleva un riesgo muy elevado que debe ser calculado por las familias con toda la información posible.

Muchos consumidores han caído en este timo en otros negocios de la ciudad y el DCA anima a que se hagan llegar las quejas llamando al 311 o directamente a este departamento de consumidores. Todos los inmigrantes, incluso los indocumentados, pueden acceder a los servicios de la Ciudad y nadie les va a preguntar su estatus. Quienes tienen preguntas sobre inmigración pueden hablar con un abogado cualificado sin costo alguno y en sus vecindarios llamando al 311 y pidiendo por “Action NYC”.

Para estar alerta

El DCA sugiere que preste atención a lo siguiente en cuestiones de inmigración:

1. No crea a ninguna persona que le va a ofrecer un servicio que tiene influencia entre las autoridades de inmigración.
2. En el estado de NY un notario público no es un abogado y por tanto no puede ofrecer asesoramiento legal, redactar documentos legales o revisar la legalidad de lo que se le presente.
3. Si contacta con una persona que no es un proveedor autorizado de servicios de inmigración no puede más que leerle formularios, traducirlos y transcribir información que el cliente provea.
4. Antes de iniciar un procedimiento de inmigración obtenga una segunda opinión.