EEUU emite alerta de viajes a Nicaragua por disturbios contra reforma de seguridad social
El aumento de impuestos para la seguridad social para empleados y jubilados ha desatado una ola de protestas
WASHINGTON— El Departamento de Estado emitió este lunes una alerta de viajes a Nicaragua ante la continuación de disturbios y protestas contra las reformas a la seguridad social en ese país y que han dejado decenas de muertos y saqueos, pese a que el gobierno sandinista abrió una ventana al diálogo.
En un comunicado, el Departamento de Estado ordenó la salida de personal estadounidense y sus familiares de Nicaragua, donde las protestas –las más fuertes en los últimos 11 años- entraron ayer en su quinto día consecutivo sin visos de solución.
La alerta de viaje reemplazó la emitida el sábado pasado y aconseja a los estadounidenses a evitar viajes a Nicaragua debido “al crimen y disturbios civiles” tras las manifestaciones que ocurren a diario con poco o ningún aviso previo.
Se calcula que las protestas, en las que la policía anti-motines ha recurrido al uso de bombas lacrimógenas, gas pimienta y balas de goma, han dejado al menos 25 muertos entre ellos un policía y un periodista, y 67 heridos, según datos del Centro Nicaragüense de Defensores de Derechos Humanos (CENIDH).
Las autoridades han registrado numerosos actos de vandalismo, saqueo en tiendas y supermercados, e incendios premeditados, según el medio estatal “19 digital”.
#NICARAGUAQUIEREPAZ
— El 19 Digital (@el19digital) April 23, 2018
Comerciantes y pobladores resguardan Mercado Oriental https://t.co/vD15ofWHSh
La nota del Departamento de Estado advirtió de que posibles restricciones en el acceso a la compra de comida y combustible, y posible bloqueo en el camino que conduce al aeropuerto internacional en Managua. Además, tanto el gobierno de Nicaragua como la embajada de EEUU tienen limitaciones en la ayuda que puede proveer, indicó.
Según la agencia federal, la presencia de policías y personal de emergencia es “extremadamente limitada” fuera de las áreas urbanas y, como medida de precaución ante el aumento de crímenes, el personal estadounidense tiene prohibido usar transporte público o frecuentar el Mercado Oriental y clubes nocturnos en cualquier parte del país.
Salvo que obtengan permiso previo, el personal estadounidense tampoco puede desplazarse a las regiones autónomas del norte y sur del Caribe nicaragüense, indicó el Departamento de Estado, que durante el fin de semana condenó la violencia y el “uso excesivo de la fuerza” de la policía contra los manifestantes.
Acompañado de miembros de la policía y el Ejército, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunció el sábado pasado en un discurso televisivo su disposición al diálogo con el empresariado para buscar alternativas a la reforma del Seguro Social, que desencadenó protestas en Managua y otras de las principales ciudades del país centroamericano. Al día siguiente, revocó las reformas.
Pero su discurso, en el que llamó a los manifestantes “pandilleros manipulados”, no calmó los ánimos, y soldados del Ejército se mantuvieron en alerta en varias ciudades debido a los actos de vandalismo y enfrentamientos con los manifestantes. Organismos de la empresa privada habían condicionado el diálogo a que el gobierno de Managua cesara la represión contra los manifestantes.
Las protestas se produjeron después de que el gobierno de Ortega anunciara nuevas tasas de aportes al Seguro Social, efectivamente autorizando un aumento del 6.25% al 7% en los impuestos salariales de los empleados, y un aumento del 19% al 22.5% para las empresas, mientras que para los jubilados tendrán que aportar el 5% de sus pensiones.
Grupos opuestos al paquete de reformas de la seguridad social aseguraron que grupos afines al gobierno estaban detrás de los disturbios con el fin de deslegitimar las protestas.
El Papa Francisco, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y diversos grupos cívicos han condenado la violencia y se han sumado a un llamado a la calma en el país centroamericano.
El legislador Eliot L. Engel, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, condenó hoy la violencia y el uso excesivo de la fuerza como algo “completamente inaceptable”, exigió un cese “inmediato” de la violencia, el respeto a la libertad de prensa y una investigación independiente plena por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).