NYC pide transparencia en las fianzas comerciales, sus críticos quieren su fin

Abogados, afectados por la labor de estas empresas y activistas creen que es un paso positivo pero abogaron por cambios de más calado e incluso el fin de esta industria con ánimo de lucro cuyos principales clientes son familias hispanas y afroamericanas vulnerables económicamente.

Las propuestas del concejal Rory Lancman y el presidente del concejo, Corey Johnson, obligarían a estas compañías (20 registradas en la ciudad con 29 oficinas) a que hagan públicos los costos máximos que pueden cobrar según la ley del Estado además de crear un mecanismo para canalizar quejas ante el Departamento de Asuntos de Consumidores (DCA) en caso de que se cobre más de lo legalmente permitido. Además se requerirá a estos negocios a proporcionar una “guía de derechos” con información sobre cómo interponer una queja y aclarar términos usados en el sector.

La propuesta incluye que el DCA informe a la policía para investigaciones.

Quienes  testificaron este miércoles y compartieron su opinión sobre estas dos leyes agradecieron el paso adelante que se da con estas propuestas pero abogados, afectados y activistas explicaron que se necesita profundizar más o eliminar este servicio que en todo el mundo solo es legal en varios estados del país –entre ellos Nueva York– y Filipinas.

Para empezar, los representantes del DCA explicaron que necesitarían tener una mayor jurisdicción sobre los casos que se puedan abrir porque actualmente solo pueden operar en un margen muy restringido. Actualmente DCA acusó al agente Marvin Morgan y algunas empresas de gestión de seguros por prácticas engañosas e ilegales. “Solo investigamos si hay prácticas engañosas”, explicaron desde este departamento al tiempo que se pedían más herramientas para hacer efectivo su trabajo y más flexibilidad para actualizar lo que se consideran prácticas engañosas con la idea de responder antes a los posibles abusos como ocurre en sectores como la venta de carros de segunda mano, por ejemplo.

Una de las abogadas de Legal Aid Society criticó que solo se dé cuenta a la policía para investigar problemas con estas empresas porque esta labor ya existe y otras instancias como la fiscalía general deberían tener conocimiento de los problemas que plantea esta industria a la que se acusa de prácticas abusivas con personas desesperadas.

Un representante de Decarceration Project explicaba que aunque estaba a favor de la transparencia, el problema que plantea esta forma de fianza –que se lucra de la libertad que no se puede pagar– no se resuelve. Desde la Legal Aid Society su representante explicaba que hay nueve formas de fianza que se pueden usar pero los jueces están optando por ofrecer el pago íntegro en cash o la fianza comercial, cerrando la puerta a otras alternativas que ofrecen condiciones mucho mejores a las familias de los acusados como la fianza parcialmente asegurada.

En caso de que los jueces abran la puerta a optar por otras formas de fianza, que se tramitan en los juzgados, esta industria con ánimo de lucro podría caer en la irrelevancia.

Quienes testificaron frente a los jueces se inclinaban por una acción más decisiva del Estado para eliminar esta forma de fianza igual que lo ha hecho recientemente el contralor Scott Stringer, quien en un reciente reporte apuntó los abusos de este sector que consiguen entre $16 y $27 millones de comisiones que no se devuelven al año. “Hemos pedido que este negocio de la fianza comercial se prohíba y hemos trabajado con nuestros colegas en el gobierno para proponer una legislación a nivel estatal con este fin”.

No obstante, mientras se trabaja para eliminarla “se necesitan dar pasos para aliviar a quienes lo necesitan”, se explicaba desde la oficina de Stringer, estas propuestas son un paso importante “que espero que sean aprobadas rápidamente por el Concejo y firmadas por el Alcalde”.