Congreso tiene tarea pendiente para legalizar a los “tepesianos”, según activistas

WASHINGTON— El futuro de los “tepesianos” queda en manos del Congreso, paralizado en el campo migratorio y bajo fuertes presiones de la derecha por recrudecer el combate a la inmigración indocumentada y reducir la inmigración legal.

Tal como se esperaba, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció ayer la cancelación del “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para 57,000 hondureños, con una demora de 18 meses, hasta el 5 de enero de 2020, para que ajusten su estatus migratorio o preparen su salida ordenada del país.

La cancelación se sumó a otras hechas anteriormente por el DHS para inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Liberia y Nepal.

Buena parte de los inmigrantes indocumentados amparados al TPS tienen plazo hasta 2019, en forma escalonada, para salir de EEUU si no encuentran una alternativa para permanecer legalmente en el país.  Los 2,500 nicaragüenses tienen plazo hasta enero de 2019, mientras que los 45,000 haitianos y los poco más de 190,000 salvadoreños lo tienen hasta julio y septiembre de ese año, respectivamente.

El anuncio desató denuncias de líderes demócratas y algunos republicanos del Congreso, y de una vasta coalición de grupos cívicos, religiosos y de la comunidad inmigrante, que tacharon la decisión como “cruel” e “inhumana”.

En ese sentido, el “Lawyers´ Committe for Civil Rights and Economic Justice”, que en febrero pasado entabló una demanda contra la Administración en nombre de los “tepesianos” de Haití y El Salvador, prevé  enmendarla para también incluir a los de Honduras.

¿Qué sentido tiene la cancelación?

Varios expertos rechazaron el argumento del DHS de que no tenía más remedio que cancelar el TPS, al señalar que las condiciones en Honduras más bien han empeorado, aunque sean distintas a las que dejó el huracán “Mitch” en 1998.

La política migratoria del presidente Donald Trump, aseguraron, tampoco tiene sentido en unos momentos en que se disminuye la fuerza laboral, y diversos rubros de la economía dependen cada vez manos de la mano de obra inmigrante.

Las acciones policiales contra la inmigración “nunca se justifican, y a la gente se le tiene que tratar como seres humanos, con sus historias y circunstancias particulares. Las políticas de Trump tratan a los inmigrantes como si no fueran humanos, pero sus vidas, contribuciones y futuro cuentan”, dijo hoy a este diario Lynn Tramonte, coordinadora de la defensa contra las deportaciones de “America´s Voice”.

Trump “dice que aboga por los hombres y mujeres ´olvidados´, pero obviamente eso no es cierto en varias de sus políticas, incluyendo inmigración”, agregó.

Según el Foro Nacional de Inmigración, el 85% de los “tepesianos” hondureños participan en la fuerza laboral, y éstos contribuyen más de mil millones de dólares a la economía nacional. Además de causar pérdidas económicas, su deportación le costaría al gobierno más de $700 millones.

Varios legisladores y activistas de la comunidad inmigrante coincidieron en que la forma correcta de desmantelar el TPS hubiese sido mediante la aprobación de una ley que permitiera una transición del programa hacia la eventual legalización y ciudadanía de los “tepesianos”.

“Instamos urgentemente al Congreso a que apruebe una legislación que dé protecciones permanentes para los beneficiarios del TPS y sus familias. También instamos a toda persona de conciencia que muestre solidaridad con quienes han buscado refugio en nuestro país y luchen por que puedan permanecer en sus hogares”, dijo Greisa Martínez Rosas, una inmigrante “DACAmentada” y subdirectora ejecutiva de “United We Dream”.

Las críticas también vinieron de legisladores republicanos del sur de Florida, donde vive buena parte de la población “tepesiana”.  Los legisladores republicanos Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz- Balart y Carlos Curbelo emitieron sendos comunicados y mensajes en Twitter para condenar la anulación.

“Esta es otra decisión miope de la Administración y aunque me decepciona, siempre he dicho que el Congreso tiene la responsabilidad de actuar y poner fin a la ansiedad e incertidumbre” que afrontan los “tepesianos” y los “Dreamers”, dijo Curbelo, quien patrocina la iniciativa “ESPERER”.

¿Por qué no actúa el Congreso?

El hilo conductor de la mayoría de las quejas fue un llamado a una solución legislativa permanente para los “tepesianos”, pese a la paralización del Congreso en el campo migratorio.

La presidenta del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Michelle Luján Grisham, y la congresista Lucille Roybal-Allard, renovaron su llamado para la aprobación del “Acta de la Promesa Estadounidense” (“American Promise Act”), una medida patrocinada por la congresista Nydia Velázquez, que legalizaría a la población protegida por el TPS.

Por el bien del país y su economía, “deberíamos estar fortaleciendo a nuestras comunidades y negocios, no debilitándolos al deportar a beneficiarios del TPS que trabajan duro y aman este país”, dijo Roybal-Allard.

Ninguna de las medidas para legalizar a los “tepesianos”, incluyendo las de Velázquez y Curbelo, ha tenido siquiera debate.

Jill Marie Bussey, directora de abogacía de la Red Católica para la Inmigración Legal (“Catholic Legal Immigration Network”, CLINIC), se quejó de que, durante una reunión con Nielsen esta semana, el DHS reiteró que la agencia quiere trabajar con el Congreso en la búsqueda de una solución permanente.

Pero la Administración, por motivos políticos, ha rechazado toda propuesta para reformar el sistema de inmigración y, en cambio, ha tomado medidas para eliminar las protecciones a poblaciones vulnerables, aseguró Bussey, quien ha pedido que el Congreso investigue la cancelación de todos los TPS hasta la fecha.

El tema migratorio siempre ha sido polémico en EEUU y, en un año electoral en que los republicanos se juegan el control del Congreso, es poco probable que haya avances hacia una reforma.

La inacción refleja en parte que tanto la Administración Trump como la facción de ultraderecha del Partido Republicano hacen lo propio para presionar al Congreso a que, en sentido contrario, recrudezca el combate contra la población indocumentada y reduzca drásticamente la inmigración legal.

Mark Krikorian, director ejecutivo del conservador Centro para Estudios Migratorios, aplaudió la decisión del DHS porque “temporal tiene que ser temporal” para desalentar la inmigración ilegal. A su juicio, el plazo para los hondureños tenía que ser de solo seis meses.

Tom Steyer, presidente del grupo progresista “NextGen America”, consideró que el anuncio del TPS refleja que la Administración está dispuesta a hacer un “trueque de vidas humanas” a cambio del apoyo de votantes de la base conservadora, “distraídos del fracaso absoluto” de su partido por mejorar las condiciones de vida del ciudadano de a pie.

“Debemos apoyar a nuestras comunidades inmigrantes y sus familias cuando estén bajo ataque, y debemos acordarnos de cada injusticia y acto de crueldad que ha hecho el Partido Republicano cuando vayamos a las urnas en noviembre próximo”, subrayó Steyer, cuyo grupo lidera una campaña nacional para movilizar a los votantes en contra de los republicanos.