Sessions anuncia medida de “cero tolerancia” fronteriza que resultará en más separaciones familiares

El procurador de los Estados Unidos Jeff Sessions anunció este lunes en San Diego, cerca de la frontera con México, que a partir de ahora todos los migrantes que crucen ilegalmente serán acusados de un delito penal, lo que seguramente resultará en la separación de adultos y los niños que vengan con ellos.

Refiriéndose a la caravana migrante de centroamericanos que pidió asilo en días pasados como una “caravana o estampida de fronteras”, anunció la medida y dijo que su intención era la de acabar de una vez por todas con la inmigración ilegal por la frontera.

El Departamento de Seguridad Nacional referirá cada caso de un inmigrante cruzando sin permiso  a la procuraduría y esta, anunció Sessions, “presentará cargos en cada uno de los casos”.

Los cargos podrían variar dependiendo del caso, desde cruce indebido hasta tráfico de menores si se determina que la persona que va con el menor no es su padre o madre. No quedó claro si se acusará de tráfico a los propios padres, tal y como lo habían contemplado el año pasado luego de emitir órdenes ejecutivas a principios de año.

“He implementado una política de cero tolerancia: si cruzas la frontera ilegalmente, te vamos a presentar cargos penales“, dijo Sessions. “Si traficas a inmigrantes ilegales, te vamos a perseguir. Si traficas a un niño, te vamos a perseguir, si mientras o presentas un caso de asilo falso, es un delito grave y vas a ir a la cárcel”.

Sessions quien estuvo acompañado del director interino de ICE James Homan durante una rueda de prensa frente a Imperial Beach, también indicó que destacó a 35 fiscales a la frontera suroeste (California y Texas) y a 18 jueces supervisores para procesar casos de asilo.

Dijo que las medidas son necesarias porque, después de ver un descenso en la inmigración indocumentada durante los primeros meses del gobierno de Trump, en los últimos meses se ha visto “un aumento masivo en cruces ilegales”.

Posteriormente, y ante las preguntas de la prensa Sessions diferenció entre las personas que cruzan ilegalmente y las que llegaron a la garita pidiendo asilo, lo cual es un proceso perfectamente legal.

La mayoría de las personas en la caravana hicieron esto último, pero el Departamento de Justicia anunció con bombos y platillos el arresto de un pequeño grupo de una docena de personas que intentó cruzar ilegalmente mientras que 228 se presentaron en la garita para solicitar protección.

Alex Mensing, representante de Pueblo sin Fronteras, un grupo que ayudó a organizarse a la caravana, dijo que de las 228 personas que pidieron asilo todos permanecen detenidos en varios centros de detención y que hasta ahora no ha habido separaciones familiares en este grupo.  La única persona liberada del grupo de la caravana fue una madre con una hija en silla de ruedas.

Persecución penal separará familias

La decisión de presentar cargos criminales por cruce indebido a todos los que sean atrapados entrando ilegalmente y lo que el gobierno llama “cero tolerancia” amplía un programa que existe desde 2005 y cuyos resultados han sido mixtos. Su nombre es “Operation Streamline”.

Estar indocumentado en Estados Unidos no es un delito, sino una infracción civil. Pero a raíz de reformas migratorias en los años noventa, el gobierno comenzó a aplicar cargos penales a personas que entran sin papeles o que regresan ilegalmente luego de ser deportados.  Ya en el año 2016, este tipo de casos constituían casi la mitad de todas las acusaciones en tribunales federales.

El gobierno de Trump ya aumentó este tipo de acusaciones. Durante los primeros meses del año fiscal 2018 que comenzó en octubre pasado, se iniciaron 35,787 acusaciones penales contra inmigrantes por entrada ilegal, lo que representa casi un 20% más que el año anterior.

Entretanto, Sessions y Homan dijeron que no están planeando una política general de separar a padres e hijos en la frontera, pero tampoco negaron que la nueva “cero tolerancia” tendrá exactamente ese mismo efecto.

“No tenemos ninguna política amplia de separar familias”, dijo Homan. “Solamente separamos familias en dos tipos de casos: cuando no podemos establecer que los adultos son los padres de los niños con los que vienen, en cuyo caso están siendo traficados, o cuando el adulto es acusado de un delito y pasado a la justicia. Cualquier adulto acusado de un delito en nuestro sistema de justicia es separados de sus hijos”.

La principal preocupación, sin embargo, es que aplicar este tipo de delitos a jóvenes o familias que no vienen por trabajos, sino huyendo de la violencia, puede resultar en violaciones a tratados internacionales. Además, una condena penal puede reducir notablemente o eliminar del todo la capacidad de esas personas de pedir asilo efectivamente.

Un reporte del propio gobierno en 2015 lo describió así:

“La Patrulla Fronteriza no tiene suficiente guía para usar Streamline en personas que expresan el miedo al regreso a su país y su uso sobre esta población puede violar tratados internacionales sobre refugiados”, reza un reporte del Inspector General de DHS que data del mencionado año.

Algo que sí logra este tipo de medida es engrosar las ganancias de cárceles privadas y gastar mucho dinero del erario público, sin que se haya comprobado la efectividad de la medida para detener futura inmigración, según señalan activistas. 

Según un estudio del grupo Grassroots Leadership,  Operation Streamline ha costado al menos 7,000 millones de dólares desde su origen.

Sin embargo, ni siquiera los que la aplicaron consideran que este tipo de táctica es efectiva.

“La acusación criminal de los migrantes no tiene ningún efecto en los cruces”, dijo el juez retirado de Brownsville Felix Recio en un reciente reporte.