Jueces retirados califican de “afronta a la ley” la decisión de Sessions

Entre las muchas censuras recibidas por el procurador de la nación Jeff Sessions tras el anuncio sobre la restricción a casos de asilo, está una crítica significativa y poco usual: la de 15 jueces retirados de inmigración que calificaron su decisión de “afronta a la letra de la ley“.

A diferencia de los jueces activos, que no pueden dar su opinión pública sobre estos temas, los jueces retirados no tienen estas limitaciones. Son muchas las voces que hablan de una decisión “cruel” y del efecto que tendrá en víctimas de violencia doméstica, entre otros grupos.

El lunes, el procurador de la nación Jeff Sessions tomó en sus manos el caso de asilo de una mujer salvadoreña que sufrió 15 años de brutalidad por parte de su ex marido y a quien un grupo de jueces estadounidenses había otorgado asilo para no solo acusarla de mentir sino extender esa decisión a miles de otros extranjeros.

Estos los jueces y varios grupos legales han dicho que la decisión de Sessions no fue producto de un “análisis judicial imparcial”, sino que fue una resolución política, tomada en base a su prejuicio: Sessions siempre ha creído que la gran mayoría de los solicitantes de asilo no son legítimos y mienten.

Como prueba de ese fraude, Sessions se refirió ayer a que únicamente el 20% de los casos de asilo son aprobados lo que, según expertos, esencialmente refleja que el sistema ya es suficientemente estricto y excluye a la mayoría de los solicitantes.

El lunes, Sessions revirtió de un plumazo un precedente legal que existía desde 2014 y que benefició a mujeres abusadas que no podían dejar a sus parejas en el país de origen.  Según el análisis de numerosos expertos, estas no serán las únicas víctimas de este cambio.

En una carta pública de quince ex-jueces, con décadas de experiencia en juicios y nivel apelatorio de las cortes de inmigración, los juristas condenaron la “afrenta” de la decisión de Sessions en el caso de una mujer salvadoreña conocida únicamente por sus iniciales A-B.

“Como ex jueces sabemos bien que una decisión judicial, para ser justa, debe estar basada en un análisis imparcial, en los estatutos, reglamentos y jurisprudencia (o decisiones anteriores)”, dice la carta pública. “Las consecuencias de vida o muerte que enfrentan los solicitantes de asilo hace que la imparcialidad sea imprescindible y las consideraciones políticas no sean parte del análisis”.

El precedente legal que Sessions eliminó fue alcanzado, dijeron los juristas, tras “15 AÑOS de decisiones de cortes migratorias y la Junta de Apelaciones de Inmigración, certificados por tres procuradores de ambos partidos y en acuerdo con agencias del gobierno, las barras legales y los jueces federales”.

Esencialmente, los jueces dijeron que Sessions tiró por la ventana años de análisis por todo tipo de expertos judiciales para tomar una decisión que satisfacía su propio prejuicio.

Habla la mujer afectada

La primera afectada por la decisión de Sessions será “A-B” (sus iniciales), la mujer  salvadoreña que sufrió 15 años de la más extrema violencia en manos de su ex marido. Por medio de sus abogados, la mujer -cuya identidad no ha sido revelada- reaccionó al dictamen de Sessions, que en principio la deja sin protección de las leyes estadounidenses y con la amenaza de ser deportada al país del que huyó hace cuatro años.

A.B., dijo un portavoz legal, se siente herida y confundida por la negativa de Sessions a creerle.

“Creo que los jueces de inmigración tienen algo en contra de los inmigrantes, hacen generalizaciones sobre ellos y siempre piensan que vienen por razones económicas. No entienden que estamos huyendo por nuestras vidas “, apuntó la mujer.

A.B. huyó a Estados Unidos tras sufrir 15 años de violencia brutal a manos de su ex-marido, que le pegaba y la pateaba, incluso cuando ella estaba embarazada. También la amenazó de muerte con un cuchillo en su garganta y con una pistola, amenazando además con colgarla.

Abogados del Centro para Estudios de Género y de Refugiados dijeron este martes que, con esta decisión “El Salvador se rehusó a salvar la vida de A.B. y ahora nuestro país se ha negado a protegerla”, dijo la organización en un comunicado.

Agregaron que “no permitiremos que esto nos lleve de nuevo al oscurantismo, cuando los derechos femeninos no eran derechos humanos y usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para seguir protegiendo a A.B. y para desafiar el intento de eliminar la protección para mujeres refugiadas.

¿A quién protegen las leyes de asilo y cuál es el cambio?

Las leyes de asilo en Estados Unidos y en los acuerdos internacionales de los cuales el país es signatario, tienen como intención proteger a personas perseguidas y cuya vida o seguridad corre peligro en sus países de origen.

Esas personas tienen que demostrar que pertenecen a una categoría perseguida y no cualquier víctima de un delito califica para ello, sino que deben demostrar que pertenecen a un grupo específico contra el cual existe este patrón de violencia y de un gobierno que no hace nada para evitarlo.

La decisión de Sessions, que revierte un fallo anterior de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), elimina un precedente legal que, en 2004, halló que las mujeres víctimas de violencia doméstica que se ven imposibilitadas de dejar a sus parejas son una “grupo social” vulnerable.

Esa decisión, tomada en el caso de otra mujer, una guatemalteca, abrió la puerta para que  muchos más jueces dieran asilo a mujeres víctimas de violencia y a víctimas de violencia “privada”.

Pero Sessions ahora cambió las reglas del juego, diciendo que estos son delitos privados y no califican para asilo.

¿Quienes se verán más afectados?

Según múltiples expertos legales, muchas personas con solicitudes justas de asilo no podrán cumplir los  nuevos y severos estándares impuestos por Sessions, quien ahora requerirá que estos no solamente prueben que su vida corre peligro por ser perseguidos, sino en el caso de delitos “privados” como la violencia doméstica, deben mostrar que el gobierno es esencialmente “cómplice” del acto.

Las víctimas de violencia doméstica y de violencia pandilleril, los perseguidos por su religión y por cualquier ente privado -no gubernamental- tendrán mucho más difícil calificar al asilo en Estados Unidos, a menos que puedan probar que el gobierno de su país no sólo no los protegió sino que fue “patrocinador” de esos actos.