Sector empresarial y económico de Texas suena la alarma ante demanda pendiente contra DACA

Miles de empresarios, siete cámaras de comercio y dos aerolíneas nacionales con sede en el estado alegaron contra la eliminación del programa liderada por el procurador texano
Sector empresarial y económico de Texas suena la alarma ante demanda pendiente contra DACA
Kenneth Paxton, fiscal de Texas, demandó al gobierno federal, que ha dicho que no defenderá el programa DACA (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Representantes de miles de empresas, entre ellas dos de las más grandes aerolíneas del país cuya sede principal está en Texas -Southwest y United- alegaron que los intentos de ese gobierno estatal por eliminar la protección de DACA a jóvenes inmigrantes perjudicará seriamente sus negocios.

Dichos comercios se unieron para presentar un documento legal oponiéndose a una demanda de una coalición de estados liderados por Texas, de suspender el programa de Acción Diferida para Jóvenes Inmigrantes que los protege hace seis años.

Aproximadamente el 15% de los jóvenes con DACA en todo el país viven en Texas, unos 126,000, y otros 145,000 que serían elegibles si el gobierno de Donald Trump no hubiera suspendido las solicitudes del programa.

En un documento legal de 24 páginas, preparado por abogados de interés público, los empresarios explican el efecto económico que tendría sobre la economía de Texas, que cientos de miles de jóvenes vuelvan o sigan viviendo en la precariedad de la falta de papeles.

Los abogados mencionan a jóvenes como Monica Rocha Alcaraz, de Corpus Christi, quien durante 16 años antes de tener el permiso de trabajo de DACA trabajó como mesera, pero después de obtener el estatus legal abrió un restaurante propio que ha sido exitoso ya por cuatro años. O Diego Corzo, quien fundó una empresa inmobiliaria en Austin que vende 80 propiedades al año y tiene un volumen de 50 millones de dólares al año.

Argumentan además que los dreamers, una mayoría de los cuales están activos en la fuerza laboral texana, tienen un efecto importante en sectores como la educación y salud.

Se estima además que cerca de 8000 “dacamentados” eran empresarios en Texas hace tres años, y la cifra “solo ha aumentado” desde entonces, alegan los abogados.

En el sector público, DACA también ha tenido su efecto, añaden.

Por ejemplo, en Texas hay unos 2000 maestros de escuela pública con DACA. El superintendente escolar del Distrito Escolar Independiente de Dallas, Michael Hinojosa, ha dicho que la pérdida de esos docentes sería “catastrófica” para la ciudad, particularmente por tratarse de maestros bilingües, el área con mayor escasez de empleados.  

En salud, otra área en crecimiento que tiene escasez de mano de obra, los “dreamers” también han venido llenando puestos. En el Hospital Houston Metodista, 57 “dacamentados” trabajan como técnicos de laboratorio, enfermeras y farmacéuticos.

En ese sentido, los abogados mencionaron ejemplos concretos.

En Brownsville, cerca de la frontera, el dreamer de 23 años Julio Ramos enseña biología de secundaria mientras estudia una maestría en informática biomédica y también mencionaron a Dreamers que planeaban comprar una casa o comprar un auto nuevo han puesto sus vidas y decisiones económicas “entre paréntesis” ante la incertidumbre sobre el futuro, señalan las empresas.

Los empresarios llamaron al tribunal federal que considera la demanda de Texas y varios otros estados de la nación a negar la solicitud que prohibiría la continuación del programa, alegando el daño multimillonario que sufrirían los negocios.

“La suspensión de DACA dañaría la economía, empujando a los jóvenes DACA hacia los márgenes y reduciendo los ingresos de las empresas de Texas. La inestabilidad de la vida como indocumentado desalienta el gasto económico y muchas familias ya se están centrando en el ahorro para proteger a sus familias”, alegaron.

En mayo, el procurador de Texas Ken Paxton, liderando una coalición de siete estados, presentó una demanda contra el gobierno federal para terminar con el programa de Acción Diferida para la Infancia (DACA) de la era Obama al que catalogaron de inconstitucional.

La demanda alegó que DACA otorgó permisos de estadía y de trabajo a casi un millón de extranjeros que estaban indocumentados, sin tener la aprobación del Congreso.

En el litigio, el Procurador General Paxton y la coalición multi-estatal instan al tribunal federal a declarar la ilegalidad de DACA y a prohibir que el gobierno federal emita o renueve cualquier permiso del programa en el futuro.