Kavanaugh defenderá la ley y no una ideología

Con el nombramiento del juez Brett Kavanaugh del Tribunal de Circuito del Distrito de Columbia a la vacante que se creó en el Tribunal Supremo con la renuncia del juez asociado Anthony Kennedy, el presidente Trump busca continuar restableciendo la objetividad y el respeto al estado de Derecho en el foro jurídico de última instancia en el país.

La realidad es que durante las pasadas décadas con frecuencia el Tribunal Supremo ha emitido decisiones que no se apegan al texto de la Constitución o la ley y que reflejan la opinión particular, y a veces extremista, de un puñado de sus jueces. El Supremo ha fabricado derechos al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo basándose, entre otras cosas, en un supuesto derecho a la privacidad que no aparece en el texto de la Constitución, pero que según la mayoría del Tribunal surge de unas supuestas “penumbras” que emanan de la Carta de Derechos.

Este tipo de activismo judicial socava nuestro sistema constitucional, pues usurpa el poder de las ramas políticas del gobierno, particularmente de la legislatura, de definir la política pública del país. Estos asuntos, excepto para los cuales hay una expresa receta constitucional o cuando se trata de un derecho fundamental expresamente reconocido en la Constitución, deben ser resueltos por los representantes electos del pueblo, que es el soberano en nuestra democracia, y no por las cortes.

El juez Kavanaugh, un jurista de primera que como juez ha redactado alrededor de trescientas opiniones durante sus doce años en el estrado, es un comprometido textualista. Como dijo en un artículo en la revista jurídica de Harvard: “el texto de la ley es la ley”, mientras que en el caso de District of Columbia v. Department of Labor del 2016 escribió que “como jueces no estamos autorizados a reescribir el texto de un estatuto sencillamente porque podemos pensar que debe ser puesto al día”. Y en un discurso en 2017 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Notre Dame enfatizó que los jueces federales “no deben estar emitiendo juicios cargados de consideraciones de política pública” y más adelante declaró: “creo muy profundamente en las  visiones del estado de Derecho como un estado de reglas, y a los jueces como árbitros. Con esto, me refiero a una judicatura neutral, imparcial, que decide casos basándose en unos principios establecidos sin tomar en cuenta preferencias de política pública o lealtades políticas o qué partido está en qué lado de un caso particular”.

Para los latinos, cuya mayoría creemos en el derecho a la vida y en la libertad religiosa, las opiniones del juez Kavanaugh nos deben dar mucha esperanza. Durante una reciente audiencia en un caso en que se retaba la constitucionalidad de la decisión radical de una agencia pública de Washington, DC prohibiendo la ubicación en los trenes subterráneos de la ciudad de un anuncio sobre la Navidad argumentando que “promovía la religión”, Kavanaugh catalogó la prohibición como “pura discriminación” y “odiosa” a la Primera Enmienda. Y el año pasado en su opinión disidente en el caso de Garza v. Hargan, el juez criticó severamente la decisión de la mayoría ordenando al gobierno federal a que facilitara el aborto de una migrante menor de edad indocumentada bajo su custodia, censurándolos por inventar un derecho no recogido en la Constitución.

El Senado debiera confirmar rápidamente al juez Kavanaugh; desafortunadamente, los demócratas ya han dicho que se van a oponer pues evidentemente desean que el Tribunal Supremo siga abierto a imponer la agenda extremista liberal que apoyan. Esperemos que algunos de ellos se unan a la mayoría de los republicanos para avalar su nombramiento y de esa manera restablecer el imperio de la ley, y no de una ideología política particular, en el foro judicial de mayor importancia en la nación.

El autor es presidente del Latino Partnership for Conservative Principles y ex Jefe de Ciudadanía en la administración del presidente George W. Bush.