Activistas urgen al Senado que rechace la confirmación del juez Brett Kavanaugh en el Tribunal Supremo

En el próximo año, el Tribunal Supremo estudiará el futuro de los Dreamers y la política migratoria
Activistas urgen al Senado que rechace la confirmación del juez Brett Kavanaugh en el Tribunal Supremo
Kavanaugh es la segunda nominación de Trump al Tribunal Supremo.
Foto: Mark Wilson/Getty Images

WASHINGTON— Con rosas blancas y canciones de cuna, decenas de activistas de la comunidad inmigrante realizaron este viernes una protesta frente al Tribunal Supremo para urgir al Senado a que rechace la confirmación del juez conservador, Brett Kavanaugh, al advertir de que este no defenderá los derechos constitucionales de los niños y familias en centros de detención.

Kavanaugh fue nominado el mes pasado por el presidente Donald Trump a un puesto vitalicio en el Tribunal Supremo, en reemplazo del juez Anthony Kennedy, que anunció su jubilación.

El Senado ha programado audiencias de confirmación entre el 4 y 7 de septiembre próximos, y podría someter a voto su nombramiento dos semanas después.

La próxima sesión del Tribunal Supremo comenzará este año el próximo 1 de octubre, y grupos a favor y contra de Kavanaugh han venido realizando una campaña de presión para influir en el proceso de confirmación en el Senado.

Grupos conservadores defienden el historial judicial de Kavanaugh y aseguran que este trabajará de forma imparcial y con apego a las leyes del país.

Pero activistas de la comunidad inmigrantes, liderados por el grupo “Latinos for a Fair Judiciary”, realizaron hoy una protesta en las gradas del Tribunal Supremo, a unos pasos del Capitolio, para urgir al Senado a que no confirme a Kavanaugh en el puesto.

“Quiero urgir a nuestros senadores a que voten en contra de la confirmación del juez Kavanaugh para el Tribunal Supremo. A través de su carrera judicial, él ha silenciado las voces de gente trabajadora, mujeres y minorías… Kavanaugh podría ser pronto una voz mayoritaria en el Tribunal Supremo, si es confirmado”, dijo la Dreamer Alejandra Coreas, del grupo “United We Dream”, y beneficiaria de DACA.

“Si confirman a Kavanaugh, será otro que diga ´sí señor´ para deportar a jóvenes inmigrantes y perjudicar a futuras generaciones”, advirtió.

Según datos del gobierno, 559 niños permanecen bajo custodia federal y separados de sus padres, tres semanas después del último plazo que había dado el juez Dan Sabraw para que la Administración completara la reunificación de familias.

En su próxima sesión, el Tribunal Supremo estudiará casos relacionados con la política de “tolerancia cero” en la frontera sur, la separación de familias, y el futuro de los Dreamers, por lo que el proceso de confirmación de Kavanaugh es blanco de los activistas proinmigrantes.

En declaraciones a este diario, Kristian Ramos, del grupo “Define American”, dijo que la oposición a Kavanaugh tiene una “razón muy sencilla”: “el juez Kavanaugh no cree que los inmigrantes tienen derechos constitucionales cuando están bajo custodia del gobierno federal”.

“Eso significa que a todos los niños que están detenidos se les puede negar alimentos, agua, y no estarían protegidos de abuso sexual o de cualquier tipo de abuso. ¿Es ese el país en el que queremos vivir? ¿Es así como queremos definir lo que es ser estadounidense? No lo creo”, afirmó.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha rechazado siempre las críticas de grupos cívicos sobre las condiciones en los centros de detención del gobierno.

Mientras, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) también destaca los servicios de salud, educación, y recreo que los niños reciben bajo su custodia.  A principios de mes, Matthew Albence, a cargo de las operaciones de deportaciones de ICE

Ramos se hizo eco de la queja de otros activistas sobre las veces en que Kavanaugh ha escrito opiniones judiciales en contra de los derechos de los inmigrantes, como ocurrió con inmigrantes indocumentados que en 2014 aprobaron la creación de un sindicato en la empresa Agriprocessors en Brooklyn.

También destacan el sonado caso de una adolescente hondureña en un albergue del gobierno que, tras una prolongada batalla legal, finalmente logró acceso al aborto el año pasado.

En ese caso, conocido como “Garza v. Hargan”, Kavanaugh, designado a un tribunal federal durante la presidencia de George W. Bush, afirmó en un documento de disensión que el gobierno federal tenía un “interés permisible” en defender la vida de los no natos y evitar facilitar un aborto.

Coreas, al igual que otros detractores, señaló el caso de la joven como ejemplo de que Kavanaugh se inclina por restringir el acceso al aborto en EEUU.