Gobierno español quiere exhumar “cuanto antes” al legendario dictador Francisco Franco
La iglesia ya anunció que no se opondrá al traslado del cadáver
Francisco Franco y Benito Mussolini en Bordighera, Italia, 1941 Crédito: www.fnff.es
El ministro español de Cultura y Deporte, José Guirao, confirmó ayer que su gobierno activará este viernes el proceso para exhumar al general Francisco Franco, quien gobernó el país desde 1939 y hasta su muerte en 1975.
Por tratarse de un decreto ley, tendrá que ser validado por el Parlamento, lo que probablemente no ocurrirá hasta septiembre. En mayo de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó una propuesta para proceder a la exhumación de los restos del dictador de su tumba.
El ministro dijo ayer que un decreto ley es la fórmula más adecuada para reformar la Ley de Memoria Histórica, ya que así se evitaría que cuestiones judiciales impidan acometer “cuanto antes” la exhumación de los restos de Franco.
A principios de agosto, el nuevo presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, calificó de “política” la decisión de exhumar los restos del dictador, una medida reclamada desde partidos y organizaciones de izquierda, inconformes con la presencia de la tumba de Franco en El Valle de los Caídos, un lugar turístico y en cuya construcción participaron presos republicanos que fueron sus víctimas, destacó Deutsche Welle.
Mientras que la Iglesia ya anunció que no se opondrá al traslado, los descendientes del difunto insisten en que siga en la tumba actual.
El presidente ejecutivo de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, advirtió que “un cadáver pertenece a su familia, y una exhumación sin el permiso de la familia es una profanación, que es un delito, y habría una querella”.
El general Franco gobernó España desde el final de la Guerra Civil (1936-39), durante los siguientes 36 años. Tras su muerte fue enterrado en el monumento que mandó construir a 50 kilómetros al norte de Madrid, y donde hay enterrados miles de combatientes de los dos bandos de la Guerra Civil.
En la actualidad, la Justicia española tramita algunas peticiones de familiares de republicanos enterrados a la fuerza en ese lugar, para recuperar sus restos.
